En la actualidad, son 3 mil 732 las personas que se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios de la Región del Biobío, llegando a un 107,4% de uso de la capacidad que tienen los recintos, según información oficial de Gendarmería de Chile. Asimismo, del total de la población penal, 3.518 son hombres y 275 son mujeres.

Un dato no menor, en base a la misma estadística es que 4 de cada 10 reclusos en Biobío está sólo en calidad de imputado (1.445 internos), cumpliendo prisión preventiva, mientras que 2.338 personas están en calidad de condenado.

Respecto de la edad de los privados de libertad, el tramo de edad que registra más personas es de 30 a los 34 años, con 827 internos. En segundo lugar está el tramo de los 25 a los 29 años, con la presencia de 738 reclusos. De la misma forma, en los recintos penitenciarios del Biobío hay tres personas sobre los 80 años, el tramo de edad con menos cantidad de internos.

Otro de los datos que proporciona Gendarmería es que en las cárceles de la Región hay 86 reos con etnia declarada mapuche, 14 quechua y 3 aimara. Además, la estadística detalla que 195 reos son de procedencia extranjera declarada (5,1%), mientras que 3 mil 598 internos son de procedencia nacional. En específico, de quienes tienen procedencia extranjera, 76 son de nacionalidad venezolana, 58 colombiana, 29 boliviana, 11 peruana, 9 dominicana, 6 ecuatoriana, 4 argentina, 1 cubana y 1 haitiana.

En relación con el estado civil de cada persona privada de libertad en la Región, 8 de cada 10 internos es soltero, en específico son 3 mil 38. Asimismo, 464 están casados, 157 están separados o divorciados, 62 son convivientes civiles y 26 son viudos.

Del total de la población penal de la zona, de acuerdo a la religión que profesa declarada por cada reo, hay 1.953 privados de libertad que señalan ser evangélicos (52%), 1.066 son católicos y 603 no profesan ninguna religión, 27 declaran ser agnósticos, 17 son mormones, 7 manifestan ser testigos de jehová, entre otras religiones.

Además, la mayoría de los privados de libertad, es decir, un 99% (3 mil 695 internos), se identifica como heterosexual. Igualmente, 60 personas se declaran homosexuales, 20 bisexuales, y 18 no lo indican.

CP Biobío

Estas estadísticas se conocen en medio de los sumarios administrativos internos que se están realizando en el Centro Penitenciario Biobío de Concepción por 3 hechos de las últimas semana, que son el asesinato de un reo que tras ser apuñalado, el interno decapitado y el imputado que fue herido en medio de su juicio telemático.

“El Estado administra los establecimientos penitenciarios en Chile. Aquí no ocurre lo que vemos en otros países de la región, donde las cárceles son controladas por los internos y el Estado debe intervenir para retomar el poder”, manifestó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para explicar la realidad penitenciaria del país tras los hechos mencionados.

“Hoy tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que nos va a permitir incorporar más de 12.600 plazas en los próximos años y además, también recuperar 1.600 plazas en total de 15.000 plazas”, agregó el secretario de Estado.

A su vez, tras los hechos en el CP Biobío, los congresistas de la Región han mostrado su preocupación por la situación carcelaria a nivel local y nacional. De la misma forma, tanto en la oposición como en el oficialismo, buscan impulsar medidas para establecer un mayor control en los centros penitenciarios.

El diputado del Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC) propone “fortalecer Gendarmería, modernizar los sistemas de vigilancia y duplicar la capacidad de las cárceles adaptando y ampliando los recintos existentes. Estas propuestas buscan soluciones inmediatas y prácticas para mejorar la seguridad dentro de las cárceles sin incurrir en los altos costos y plazos que implican nuevas construcciones”.

En base a los tres casos mencionados que ocurrieron en el panal Biobío, Arroyo indicó que aquello “deja en evidencia la grave crisis de seguridad en nuestras cárceles, marcada por la sobrepoblación, la falta de personal y el limitado control interno”.

Por su parte la diputada Karen Medina (Ind), del Distrito 21 sostuvo es clave que el debate sea más técnico que política en esta temática y que se debe abordar prontamente “decisiones urgentes de cómo generar las nuevas cárceles que faltan y cómo también separar los reos por su peligrosidad para poder apuntar a programas de reinserción social que tengan efectividad”.

“Se torna más que necesario fiscalizar y dar cuenta de las condiciones en las que se desenvuelven quienes trabajan en estas dependencias, así como también los internos”, complementó la parlamentaria.

Marlene Pérez (Ind-UDI), diputada del Distrito 20, también envió un oficio al Ministerio de Justicia y Gendarmería para conocer los protocolos actuales en esta materia y las acciones que se tomarán para reforzarlos.

“Lo más importante es saber cuáles son las medidas que se implementarán para garantizar el aislamiento de los reclusos de alta peligrosidad, asegurando que estén debidamente segregados del resto de la población penal y minimizando los riesgos de hechos violentos como este”, detalló la parlamentaria.