Por cerca de una hora y media se extendió el alegato del abogado del jefe comunal. La audiencia continuará este próximo lunes, donde se conocerán las cautelares que se definan en el Juzgado de Garantía de Coronel.
Por cerca de una hora y media se extendió el alegato de la defensa del alcalde Boris Chamorro, encabezada por el abogado Waldo Ortega, en medio de la audiencia de formalización por el delito de cohecho, que enfrenta el jefe comunal en el marco del Caso Puerto Coronel.
En su alocución, el jurista presentó sus argumentos para demostrar la inocencia del alcalde, sus cuestionamientos a la investigación que ha realizado la Fiscalía y, también, su descontento por la prolongación por más de 5 días de la formalización.
“Boris Chamorro ha negado de una manera total, completa y absoluta la existencia de este delito o haber recibido cualquier tipo de dinero”, aseguró el abogado defensor al momento iniciar su alegato.
Asimismo, en base a las acusaciones que ha recibido el alcalde comunal y la investigación de la Fiscalía, Ortega manifestó que “lo que se afirma sin pruebas, puede también desestimarse sin pruebas”.
Uno de los principales argumentos que entregó el defensor es respecto a la cantidad de dinero que habría recibido Chamorro como sobornos provenientes de Puerto Coronel. En base a aquello, el jurista aseguró que existe una disparidad en los cálculos del dinero con el que se le ha acusado al alcalde por parte de la Fiscalía y los querellantes.
Cabe destacar que el Ministerio Público sostiene que el jefe comunal habría recibido $82 millones a través de un total de 21 pagos por parte de la empresa portuaria.
“Los dineros entregados a don Boris, según el detalle de facturas realizadas para tales efectos según el señor Olivares, son $78 millones. Los dineros entregados según la Fiscalía para citar a audiencia de formalización, no dice absolutamente nada, pero a esa fecha nosotros la cuenta aproximadamente, desde junio de 2022 a noviembre de 2023, es por $59 millones”, explicó.
“Dentro del plazo que la querella indica que nosotros habríamos recibido estos dineros, nos da la suma de $55 millones. Los giros de emergencia del Banco de Chile, dentro del plazo de la querella, nos alcanza a $52 millones. Los giros de emergencia del Banco de Chile, fuera del plazo de la querella, nos da $19 millones. Los giros por caja del Banco Santander, dentro del plazo ya indicado, son $15 millones”, detalló Ortega.
A renglón seguido, el abogado complementó que “el total de giros de emergencia más giros por caja, dentro del plazo ya indicado, nos da $70 millones de pesos. El total de giros de emergencia, dentro de este plazo, nos da $67 millones. Me pueden corregir, pero finalmente don Boris es acusado – por la Fiscalía – de haber recibido algo más de $80 millones”.
Si bien Ortega sostuvo que habían existido comunicaciones previas, las que se intensificaron durante la pandemia, entre Puerto Coronel y el alcalde, el abogado precisó que aquello sólo ha ocurrido con los fines de proporcionar beneficios para la comunidad como, por ejemplo, la entrega de mil test rápidos de antígenos.
A lo largo su alegato, el defensor enfatizó en la cooperación del alcalde Chamorro con la investigación y señaló que “Boris Chamorro declara ante el Ministerio Público el 29 de agosto del 2024 de manera voluntaria, porque no nos citaron, porque nosotros empezamos a preguntarnos por qué no éramos citados, porque si efectivamente había algún tipo de imputación ya todo esto había trascendido por la prensa”.
Igualmente, Ortega hizo notar su molestia respecto de la larga exposición que habría realizado la Fiscalía durante la formalización en los días previos y expresó que “estamos casi en un juicio oral y tendré que declarar por mi representado. Menos mal que no me van a contra examinar, ni me van hacer exámenes directos”.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, Víctor Olivares, quien es imputado por los presuntos sobornos a Chamorro, disponía de las sumas de dinero necesarias para entregar los eventuales pagos al jefe comunal con la supuesta emisión de facturas ideológicamente falsas, los que, aseguran, habrían sido en efectivo y entregados presencial y personalmente por el propio Olivares al alcalde de Coronel.
Frente a aquella tesis presentada por la Fiscalía, Ortega en su alegato respondió que “habían hartas razones para que el señor Olivares fuera a la municipalidad”.
Captura de Pantalla | Poder Judicial
Continuando con su exposición, el abogado entregó detalles del allanamiento realizado en la casa del alcalde Boris Chamorro, que fue una diligencia de la investigación en curso, y acusó que “le rompieron una pared para buscarle dinero, pero tampoco le encontraron ninguna cosa, ni le encontraron hasta hoy ninguna cuestión de carácter criminalística que pudiera involucrarlo en algún delito”.
Igualmente, Ortega precisó que “no hay nada encontrado que pudiera tener importancia desde la perspectiva criminológica”. Claramente don Boris no guardaba dinero en las paredes, no guardaba dinero en su casa, no guardaba dinero en ninguna parte”.
El mismo jurista apuntó sus dardos a la Fiscalía y aseguró que hay una investigación que no está completa para una formalización. “¿Ve como parece que hay cuestiones que en realidad no calzan del todo?, ¿ve cómo hay algunos vacíos, hay algunos blancos que necesariamente se han de rellenar?, ¿no hubiera sido mejor esperar un poco antes de llegar a esta formalización y no convertir a don Boris Chamorro en el niño símbolo de toda la corrupción que había teóricamente al interior del Puerto de Coronel?”, dijo el jurista.
Otra de las aristas que abordó el abogado defensor en su alegato es que, de acuerdo a su información, no existiría conexión directa entre el jefe comunal y la compañía portuaria, asegurando que “el alcalde de Coronel no es mucho lo que tiene que ver con Puerto Coronel, excepto de los pedidos que tenía que hacer para la comunidad”.
Bajo el mismo contexto, Ortega agregó que “por una cuestión de afiliación política, por una cuestión social, por una cuestión de conciencia, la verdad es que don Boris Chamorro efectivamente en algún minuto se convertía en un problema para el puerto, a propósito de las demandas que hacían los trabajadores al Puerto Coronel”.
De acuerdo con la defensa del alcalde, no hay ejemplos o antecedentes que puedan invocarse de proyectos que se hayan realizado en beneficio de la empresa portuaria gracias a presuntos sobornos.
Ortega, hacia el final de su alegato, volvió a poner énfasis en la cooperación del jefe comunal con la investigación, detallando que “¿sabía que cuando hicieron el allanamiento a don Boris Chamorro él entregó voluntariamente su teléfono?, ¿sabía usted que entregó también voluntariamente, sin que fuera necesaria una orden judicial, su computador?, lo hizo porque no tenía nada que temer, ¿sabía usted que nosotros le entregamos todas las cartolas de las cuentas corrientes al Ministerio Público con un informe que dice que no hay absolutamente nada irregular?”.
Vale recordar que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva contra el jefe comunal.
El principal argumento de la fiscal Glenda Lagos fue que otra medida cautelar no garantiza los fines del procedimiento y la eventual ejecución de una sentencia condenatoria.
Sumado a lo último, la fiscal agregó que se debe considerar “la gravedad de los delitos, a que se trata de delitos de corrupción, de delitos que afectan el desarrollo de las instituciones del Estado de manera regular y de manera proba con lo nocivo que es para la sociedad la comisión de este tipo de ilícitos, que ha sido una constante, y que solamente cesó cuando se develaron estos hechos y se inicia la investigación”.
Sobre la solicitud del Ministerio Público, Waldo Ortega, junto con pedir que se desestime, indicó que “el alcalde no es peligroso para la seguridad de la sociedad por administrar un tremendo presupuesto (…) Él fue elegido con el 53% de los votos válidamente emitidos y tenía encima esta investigación. Si fuera el sinvergüenza que dicen que es, el pueblo no habría votado por él”.
