Cárcel de Concepción sobrepasó el 100% de su capacidad: preocupa a congresistas

La sobrepoblación también se registra en otros recintos penales de la Región del Biobío, como en Yumbel y Arauco.

De acuerdo a datos oficiales proporcionados por Gendarmería de Chile, el Centro Penitenciario Biobío en Concepción sobrepasó el máximo de capacidad de población carcelaria.

Según el informe de “uso de capacidad según diseño” de la prisión, actualmente el establecimiento penitenciario registra 3.043 reclusos en población penal de 24 horas, siendo que su capacidad es de 3.034, lo que representa un 100,5% de uso.

Este tipo de población corresponde a hombres y mujeres que se encuentran en calidad de condenados o imputados, de acuerdo a datos entregados por Gendarmería al 30 de noviembre del año en curso.

El dato se conoce en medio de la contingencia por la noticia de un reo decapitado que fue asesinado dentro del penal, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este lunes en el módulo 42 del recinto penitenciario penquista.

Biobío

La situación a nivel regional no difiere mucho en relación al escenario del CP Biobío. En detalle, en base a información de Gendarmería, la población penitenciaria alcanza los 3.732 privados libertada, mientras que la capacidad de los 5 recintos penitenciarios para reos de 24 horas es de 3.474, entre los cuales está el CDP Yumbel (217% de uso); el CDP Mulchén (164,6% de uso); el CDP Arauco (132,4% de uso); el CDP Lebu (122,5% de uso) y el CP Biobío (100,5% de uso).

Situación en cárceles

Tras lo ocurrido en el CP Biobío, los congresistas de la Región han mostrado su preocupación por la situación carcelaria a nivel local y nacional. De la misma forma, tanto en la oposición como en el oficialismo, buscan impulsar medidas para establecer un mayor control en los centros penitenciarios.

El diputado del Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), se refirió al reciente asesinato registrado en el CP Biobío y sostuvo que aquello “deja en evidencia la grave crisis de seguridad en nuestras cárceles, marcada por la sobrepoblación, la falta de personal y el limitado control interno”.

En relación a la capacidad de los recintos penitenciarios, Arroyo propone “fortalecer Gendarmería, modernizar los sistemas de vigilancia y duplicar la capacidad de las cárceles adaptando y ampliando los recintos existentes. Estas propuestas buscan soluciones inmediatas y prácticas para mejorar la seguridad dentro de las cárceles sin incurrir en los altos costos y plazos que implican nuevas construcciones”.

Por su parte la diputada Karen Medina (Ind), del Distrito 21 sostuvo que los problemas carcelarios que han podido constatar contienen diversas aristas, “afectando la salud mental de los reos, afectando la capacidad que tienen de cuidado los gendarmes al tener hoy una sobrepoblación carcelaria, afectando la reinserción social que prácticamente no existe y de lo contrario lo poco que puede existir hoy no está dando el resultado que esperaría una sociedad”.

Para Medina es clave que el debate sea más técnico que política en esta temática y que se debe abordar prontamente “decisiones urgentes de cómo generar las nuevas cárceles que faltan y cómo también separar los reos por su peligrosidad para poder apuntar a programas de reinserción social que tengan efectividad”.

Paralelamente, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), del Distrito 20, envió un oficio para solicitar información respecto a la dotación de Gendarmería, los implementos con los que cuentan los funcionarios y las medidas que el Ministerio de Justicia está tomando para mejorar las condiciones carcelarias.

“Se torna más que necesario fiscalizar y dar cuenta de las condiciones en las que se desenvuelven quienes trabajan en estas dependencias, así como también los internos, ya que no podemos perder de vista que independiente de la condena que tengan, esta debe ser cumplida bajo las mejores condiciones, resguardándose en todo momento sus derechos humanos”, aseveró la parlamentaria.

En la misma línea, la diputada agregó que “no existen las condiciones para realizar un trabajo efectivo de reintegración social para los y las personas condenadas que habitan en nuestras cárceles, ni tampoco están las condiciones de infraestructura para resguardar la salud mental de los internos, tal como ha quedado reflejado en el horrible crimen que se cometió en el penal Biobío”.

Marlene Pérez (Ind-UDI), diputada del Distrito 20, también envió un oficio al Ministerio de Justicia y Gendarmería para conocer los protocolos actuales en esta materia y las acciones que se tomarán para reforzarlos.

“Lo más importante es saber cuáles son las medidas que se implementarán para garantizar el aislamiento de los reclusos de alta peligrosidad, asegurando que estén debidamente segregados del resto de la población penal y minimizando los riesgos de hechos violentos como este”, detalló la parlamentaria.

Asimismo, Pérez complementó que “es fundamental recibir a la brevedad los resultados de esta fiscalización, junto con las medidas correctivas necesarias para enfrentar la crisis que vive nuestro sistema penitenciario, marcada por la sobrepoblación y la falta de recursos”.