La relevancia del cargo de gobernador regional: ¿Debe recibir más atribuciones?

Desde que en 2021 comenzó a ser electo mediante voto popular, muchas veces ha estado en tela de juicio la verdadera efectividad del puesto en comparación con el del delegado presidencial, el cual por lo demás sigue siendo cargo de confianza del Presidente de turno.

Por Leonardo Carrera Zambrano

Este domingo 24 de noviembre se dará el balotaje entre los dos candidatos al Gobierno Regional del Biobío: Alejandro Navarro y Sergio Giacaman, luego que estos resultaron con las dos primeras mayorías tras las elecciones de primera vuelta (26 y 27 de octubre).

El cargo de gobernador regional es relativamente nuevo. De hecho, este año es la segunda vez que se vota desde 2021.

Ahí se modificó la institucionalidad local, cuando se eliminó la figura del intendente, el cual fue sustituido por el delegado presidencial y que sigue siendo designado por el Presidente de la República. Mientras que el puesto de gobernador regional, ahora, se alcanza mediante sufragio popular, con miras en la descentralización del país.

Atribuciones

A modo panorámico, la jefatura regional tiene como función principal ser el administrador superior de la región en materia de desarrollo social, cultura y economía, además de presidir el Consejo Regional, el cual también fue elegido por voto popular en las pasadas elecciones.

La ley chilena define al cargo de gobernador como el que preside el consejo regional. “Debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos. Le corresponde también la coordinación, supervisión o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional”, explica el propio portal del Gobierno Regional del Biobío.

Las atribuciones específicas del cargo recaen en “formular políticas de desarrollo de la región, someter al consejo regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones; someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del respectivo gobierno regional”, entre otras.

Sin embargo, al contrario del delegado presidencial, el gobernador regional no cuenta con atribuciones en materia de seguridad y orden público, las que son exclusivas del gobierno central mediante su representante en la zona.

Un cargo en construcción

Pese a las atribuciones que se le asigna, se ha mantenido el debate con respecto a si se debieran otorgar mayores capacidades con el objetivo de hacer de este puesto algo más atractivo para el elector, y con mayor capacidad de gestión en la región que administra.

Un indicio se da en que, en las elecciones de octubre pasado, las papeletas para los candidatos del Gore Biobío tuvieron una participación efectiva del 80,09%, siendo el resto perteneciente a votos sin preferencia o invalidadas. En el caso de los consejeros regionales, sólo obtuvieron un 73,75% de votos válidos, la de peor desempeño de las cuatro papeletas.

Lucas Serrano, Máster en Ciencias Políticas y fundador del observatorio de políticas regionales “Observa Biobío”, aclara que el cargo de gobernador regional es uno que está “en construcción”, en gran medida por lo novedoso del mismo en materia política y por estar siempre en materia de contingencia el traspaso de atribuciones.

Sin embargo, la transferencia de competencias se ha visto truncada por hechos que han involucrado a distintos Gores a lo largo del país, como el Caso Convenios, y apunta a que antes de entregar más atribuciones, hay que mejorar la capacidad de fiscalización.

“Uno entiende que el gobierno regional no es una institucionalidad tan grande como para poder gestionar todos los recursos y muchos de los proyectos que le competen, pero sí uno esperaría que al menos tenga la capacidad de fiscalización, que también claramente le pasó la cuenta”, afirma Serrano.

Otra arista pasa por la eliminación del cargo de delegado presidencial para así entregar sus atribuciones al gobernador regional, una de las promesas de campaña del Presidente, Gabriel Boric. Esto determinaría que es el gobernador el que pasaría a tener atribuciones en materia de seguridad y control de orden público.

Sin embargo, Serrano señaló que dicha iniciativa implica sus contramedidas, puesto que “uno de los grandes problemas que se vislumbra frente a eso es: uno, la irresponsabilidad con la que puedan usar el uso de la fuerza pública; y dos, las discrepancias que pueden tener si es una fuerza opositora al gobierno central en el uso de las fuerzas públicas”.

La discusión legislativa

Desde el punto de vista parlamentario con respecto a la relevancia del cargo, y si es necesario seguir traspasando atribuciones del delegado presidencial al gobernador, es que el senador por la zona, Sebastián Keitel (ex Evópoli), comentó que las funciones del jefe regional son vitales al ser de voto popular, pero si bien cubren las carteras culturales, económicas y de desarrollo social local, está a favor de transferir competencias en temas de seguridad.

“Existe una falencia en la legislación, al no contemplar mayores prerrogativas en esta materia que permitan tener una mirada local de los fenómenos criminológicos y su posterior abordaje a través de políticas públicas”, declaró Keitel.

Por su parte, el senador, Enrique Van Rysselberghe (UDI), afirmó que “existe un cierto consenso en que los gobernadores deben tener más atribuciones que las actuales, como por ejemplo en tema de coordinación de la seguridad regional, regulación territorial, tanto urbano como industrial, o en el transporte urbano y rural”.

“Sin embargo, una reforma de este tipo necesita el patrocinio del gobierno, por lo que esperamos que el Presidente Boric, antes de terminar su mandato, pueda ingresar al congreso un proyecto de ley que permita aumentar las actuales atribuciones de los gobernadores regionales”, sumó el parlamentario.