El subsecretario Víctor Orellana explicó los detalles de la iniciativa que busca crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. La autoridad respondió cada una de las dudas y críticas en torno a la propuesta del Ejecutivo.
Tras su anuncio por cadena nacional, el Presidente de la República Gabriel Boric hizo ingreso oficial al Congreso del proyecto de Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior, el cual busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
A una semana del anuncio presidencial y para poder entender mejor los aspectos claves de esta iniciativa, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, conversó con Diario Concepción para poder explicar los alcances de la propuesta.
Uno de los primeros puntos que explicó Orellana es que el proyecto tiene dos componentes, “uno crea un nuevo sistema de financiamiento que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y, por lo tanto, termina con la participación de la banca, junto con la idea que a través de créditos individuales bancarios podíamos financiar un sistema de educación superior”.
El otro, agregó el subsecretario, es que la propuesta también involucra a quienes tienen una deuda con el crédito Corfo o con el Fondo Solidario. Orellana puntualizó que la ley “establece un plan de reorganización y condonación de la deuda educativa que involucra además los créditos CORFO y el Fondo Solidario, que permite aliviar la carga de las familias que han soportado con una gran mochila de deudas estos años y, en algunos casos, eliminar la totalidad de la deuda.
Consultado sobre el nivel de condonación de la deuda con la propuesta de norma que ahora debe ser discutida en el Congreso, la autoridad señaló que “es una condonación total en algunos casos, ya sea producto de la condonación inicial que se aplicará a todos y todas en distinta magnitud dependiendo de algunas variables, como, por ejemplo, cuántas cuotas va a pagar la persona, es decir, cuánto tiempo ha estado en el sistema. Además de si está al día o si es una persona que tiene una deuda por una carrera que por distintas razones no obtuvo el título”.
Bajo el mismo contexto, Orellana puntualizó que “luego hay un momento progresivo también de condonación, que tiene que ver con la relación entre la cuota original de la deuda de la persona y el tramo de retribución contingente al ingreso que establece nuestro nuevo sistema. En caso de, cómo va a ocurrir en buena parte de los casos, ser menor la tasa de contribución del nuevo sistema a la cuota original, la diferencia entre ambas se condona. Por lo tanto, puede haber condonación total en muchos casos”.
Sobre la definición de lo que terminará pagando cada persona que es deudora del CAE, considerando los distintos factores que determinarán lo que debe pagar en el nuevo sistema, el subsecretario indicó que “eso todavía tiene que proyectarse una vez se ponga en régimen la política. Yo diría que las claves son un sistema de financiamiento que es complementario a la gratuidad y que avanza en la idea de acceso gratuito a la educación superior, toda vez que el 90% de las personas no va a desembolsar en pagos mientras está cursando sus estudios, con la excepción del 10% de mayores ingresos de la institución de educación superior que están habilitadas para para cobrar en cualquier caso un pago menor al que se tiene actualmente y luego un año después, finaliza su ingreso”.
Bajo este nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, Orellana ratificó que los estudiantes que cuentan con gratuidad continuarán con el beneficio, asimismo, y indicó que “la personas que tengan FES van a retribuir a un fondo revolvente en término técnico del Fisco un porcentaje de sus ingresos de manera progresiva, que va del cero al 7% para la mayoría de los casos y en algunos casos hasta el 8%, específicamente de las rentas más altas sobre $3 millones durante una cantidad de tiempo proporcional al tiempo que estudian”.
“Esta retribución se adapta a la trayectoria vital de las personas. ¿Qué significa?, significa que si en algún momento tú no estás produciendo ingresos, no retribuyes. Si en algún momento tienes ingresos por debajo de $500 mil, que es hoy día el salario mínimo, no retribuyes. Y si tienes ingresos, ligeramente por encima de esta cifra, por ejemplo, tienen un ingreso de $600 mil retribuyes menos. Supongamos que hoy el equivalente a la retribución por un ingreso $600 mil sería $13 mil aproximadamente. Se trata de un instrumento que se va adaptando a las personas y que no constituye ningún impuesto ni un crédito, sino que es un nuevo instrumento”, puntualizó el subsecretario.
Otro de los puntos en los que enfatizó Orellana es que el sistema propuesto por el Gobierno no es crédito con otra denominación, porque “un crédito consta de un monto en capital que uno pide y luego de intereses que se le añaden a ese monto en capital. En este caso no hay ni monto capital, ni hay intereses. Se trata de una obligación de retribución que es proporcional al tiempo que tú estudiaste con un máximo de 20 años, que como se va adaptando a las trayectorias vitales de las personas, es imposible advertir a priori cuánto se va a retribuir”.
Y que es que, de acuerdo a lo que dijo la autoridad, la posterior retribución que realizará el estudiante dependerá “de los salarios futuros, depende de la situación laboral de las personas y la vemos más como una obligación de retribución proporcional al tiempo de estudio que como una deuda o un crédito. En ningún caso esto va a ser un pasivo comercial que tu banco, por ejemplo, considere para calcular tu tasa de endeudamiento. Si quieres pedir un crédito hipotecario no existirá esa restricción, como existiría con una deuda de naturaleza comercial con un banco”.
El subsecretario, de la misma forma, hizo énfasis en el trabajo que están realizando como cartera de Educación en torno a la desinformación o noticias falsas que han surgido desde la presentación de la propuesta e informó que “acabamos de lanzar la página fes.mineduc.cl, que es un sitio de información oficial que le da a las personas los datos correctos respecto de esta iniciativa”.
Igualmente, Orellana adelantó el trabajo legislativo de la propuesta, junto con su debate y afirmó que “estamos disponibles a escuchar los argumentos críticos de las instituciones de educación superior, también de las familias, de los partidos de oposición y de otros actores como, por ejemplo, de los estudiantes”.
Bajo ese contexto, el subsecretario comentó que “sólo pedimos que sea un debate que se centre en hechos y que despierte un intercambio racional de argumentos. Las noticias falsas lo que hacen es que enturbian el debate público, hacen que las personas se atrincheren en posiciones irreductibles que convocan más la emocionalidad que el debate racional y nos parece que resultan, a la larga inconducentes para que un país resuelva sus desafíos y sus problemas”.
La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, también se sumó al debate público sobre el proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), y planteó que el componente del arancel regulado supone un “riesgo a mediano y largo plazo” para las instituciones de educación superior.
“Hay más bien interrogantes que una gran pérdida en este momento. Tiene cabos sueltos el proyecto, tanto en la recaudación como en cómo se van a definir estos aranceles, y qué es lo que va a estar regulado”, dijo la autoridad universitaria.
Consultado por los dichos de la rectora, Orellana respondió que “hay que reforzar un principio que la regulación arancelaria tiene que recoger los costos y la complejidad de las instituciones. Nuestro modelo de regulación arancelaria, al cual le falta todavía regular el 60 % y algo más de las carreras, es un modelo que intenta hacer eso. Por lo tanto, forzosamente cualquier regulación económica en un sector va a producir cierta redistribución de los recursos, pero debe hacerlo en el principio de valorar la calidad y la complejidad de las instituciones.
El subsecretario enfatizó que el diálogo con las instituciones de educación superior es clave. “La propia Universidad de Concepción, es una demostración de que, cobrando y teniendo aranceles relativamente bajos, en el contexto donde el país tiene una producción académica importantísima y lidera la investigación, no sólo a nivel nacional, lidera en algunas áreas a nivel latinoamericano y a nivel internacional, es capaz de hacerlo sin forzar el pago de las familias de clase media”.
“Hay que reconocer la complejidad de las instituciones, hay que reconocer sus costos y caminar en esa dirección va en todo lo contrario de lo que ha sido y, esta idea de que los aranceles puedan ser fijados de manera unilateral por las instituciones, al mismo tiempo que se reclamen recursos públicos para ellos, sin demostrar que aquellos aranceles tienen que ver con costos y con complejidad, que es lo que intentamos asegurar nosotros y que lo que nos parece estamos de acuerdo con las instituciones de educación superior que han intervenido en este sentido”, dijo la autoridad del Ministerio de Educación.
De acuerdo al subsecretario de Educación Superior, el real incentivo para que las personas deudoras del CAE, de aprobarse el proyecto, se adscriban a este nuevo sistema es que “a Todo evento su cuota baja, al punto de que puede desaparecer totalmente dependiendo de distintos indicadores, a todo evento su deuda deja de ser considerada un pasivo comercial, es decir, deja de tener estricto rigor una deuda”.
A su vez, Orellana agregó que, con esto, “su deuda se reemplaza por una obligación de retribución que se va adaptando a su situación laboral. Este es el beneficio, es decir, te incorpora un plan que se va adaptando a tu trayectoria. En caso de que las personas tengan ingresos bajos, van a retribuir menos, y en el caso que tengan ingresos más altos, van a retribuir más cercano a la cuota original que tenían. De todas maneras van a retribuir menos que la cuota original que tenían. Ya no se trata solo de faltar una deuda individual, sino de retribuir a un fondo revolvente que va a permitir el desarrollo del sistema”.
En el marco de lo que se ha conocido sobre el caso de Marcela Cubillos y las remuneraciones que recibió en la Universidad San Sebastián, considerando que la casa de estudios recepciona recursos del CAE, el subsecretario fue consultado si el caso recién mencionado ayudaría a encontrar consensos o acelerar la tramitación del proyecto que plantea un nuevo tipo de financiamiento en la educación superior.
“Independientemente del caso señalado, la opinión pública hoy tiene un estándar más alto en el uso de los recursos públicos. Por eso este proyecto incorpora el efecto de que quienes se adscriban a este financiamiento, las instituciones deberán tener transparencia activa y rendir los recursos a la Superintendencia de Educación Superior. Esto es que las personas tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos y tienen derecho a saber también cuánto ganan los académicos de las instituciones que reciben fondos públicos”, respondió Orellana.