Congresistas locales destacan la relevancia de esta iniciativa, la cual corresponde a un compromiso de campaña. Algunos han anunciado desde ya su voto a favor, mientras que otros son críticos con el momento en que se presenta.
El esperado proyecto que pone Fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), fue presentado e ingresado por el Gobierno al Congreso para su discusión. La iniciativa responde a una de las principales promesas de campaña del Presidente de la República, Gabriel Boric.
Uno de los puntos centrales es que no contempla una condonación universal de la deuda del crédito, pero busca regularizar los pagos de los estudiantes que accedieron a este tipo de financiamiento.
El Mandatario explicó que los tres objetivos principales de este proyecto son condonar parte de las deudas educativas en base a criterios de justicia y mérito; reorganizar la deuda en términos razonables para quienes aún deban; y terminar con el CAE, reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento para la Educación Superior.
De acuerdo a la propuesta, quienes se adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día, y de acuerdo al número de cuotas que haya pagado a la fecha. “Apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas, e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos”, afirmó el Jefe de Estado.
Para quienes ya pagaron su deuda del CAE, se definirán beneficios tributarios una vez implementado este proyecto de ley.
El Presidente también detalló el nuevo instrumento que reemplazará al CAE e indicó que la gran mayoría de los beneficiarios del FES no deberán desembolsar recursos ni endeudarse. En específico, los estudiantes que se adscriban al sistema, un año después de incorporados al mundo laboral, comenzarán a realizar una retribución que no podrá ser en ningún caso superior a un 8% de sus ingresos y por un período proporcional al tiempo de su estudio.
Asimismo, la propuesta descarta la participación de los bancos en este nuevo sistema de financiamiento.
“Con el FES, no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida. Al mismo tiempo, aumentaremos los estándares de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía sepa cómo se gastan los recursos de todos los chilenos y chilenas”, sentenció el Jefe de Estado.
Tras la presentación del Jefe de Estado de la iniciativa, y el correspondiente ingreso de la iniciativa de ley en el Parlamento para su discusión, los congresistas de la Región del Biobío se refirieron al proyecto. Si bien algunos reconocieron que con la propuesta el Mandatario cumple con uno de los compromisos que tenía el Gobierno, enfatizaron que se debe revisar a detalle la iniciativa, con el debate correspondiente, para así también conocer el origen de los recursos a utilizar.
Para el senador local, Gastón Saavedra (PS), la iniciativa “va a permitir resolver un problema de fondo, que va a permitir además que saquemos a los bancos privados y pongamos al Estado como el principal contraparte en estas deudas que tenemos millones de chilenos”.
De la misma forma, el representante del Biobío en la Cámara Alta adelantó la discusión que se va a desarrollar en el Congreso en torno a la propuesta que pone fin al CAE y dijo que “se trata entonces de legislar para producir un alivio en la familia chilena, resolver este problema de fondo y retomar la gratuidad en la educación superior para el bienestar de toda la familia chilena”.
La integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y diputada por el Distrito 21, Karen Medina (Ind), junto con destacar que el proyecto contempla beneficios para quienes hayan cancelado el total de su deuda, manifestó que “podemos ver que apuntan en distintas líneas porque hay distintos tipos de deudores, por ende va a ver que analizar muy bien el escrito que van a presentar”.
Igualmente, Medina abordó el uso de recursos para cumplir con los objetivos de la iniciativa y puntualizó que “esto necesita un análisis que vamos a dar en la comisión con toda la disposición a que este proyecto avance porque sabemos que es hoy día también una necesidad para los que están endeudados, por ende vamos a esperar a discutir esta idea y hacerla factible, a mejorarla, se hay que hacerlo pero con toda la disposición”.
En tanto, la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), indicó que es un avance significativo para las miles de familias que han debido cargar con el CAE, “el que a todas luces ha resultado en un abuso para los estudiantes que han optado por esta vía para poder acceder a la educación superior”.
Una de las aristas en las que hizo énfasis la parlamentaria fue la exclusión de los bancos dentro de la nueva propuesta de financiamiento.
“Resulta fundamental que salga la banca de este proceso, ya que son ellos quienes a través de cobros excesivos, han agobiado a varias generaciones de profesionales de nuestro país (…) sabemos que este proyecto no es tal como se planteó en su idea original, en donde se hablaba de una condonación del 100%, pero entendemos que esta iniciativa busca ser responsable con las finanzas de la nación”, aseveró la diputada.
La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), también del Distrito 2o, aseguró que el fin al CAE y el nuevo sistema de financiamiento apunta hacia una gratuidad universal, eliminando el copago.
No obstante, Pérez señaló que “la pregunta es, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo lo van a pagar? Y lo otro, que si esto afectará la calidad, porque lo que no puede ocurrir, lo que ocurrió con las reformas anteriores, que finalmente sigan perjudicando a los que menos tienen por gustitos ideológicos”.
“Se acabaría el copago, por lo tanto quieren avanzar hacia la gratuidad universal, que sería maravilloso, siempre y cuando se mantenga la calidad de la educación y también siempre y cuando tenga el financiamiento”, complementó la diputada.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) se mostró crítico de la propuesta respecto del uso de recursos fiscales que implicaría el poder implementarla. Para Arroyo esto último debe ser claro y transparente, ya que “el dinero no crece en los árboles y hoy no tenemos ninguna claridad sobre el financiamiento. Alguien debe asumir esta deuda, porque es una deuda con el banco sujeta a intereses bancarios y todos sabemos que el banco no perdona”.
A su vez, Arroyo mantuvo sus dudas sobre el proyecto en base a su fecha de presentación, acusando que también tiene fines electorales de cara a las próximas elecciones municipales y regionales del próximo 26 y 27 de octubre, sosteniendo que “esto es pan hoy y hambre mañana”.
Uno de los datos que entregó el Presidente durante el anuncio del ingreso de la iniciativa al Congreso fue que el Estado de Chile ha debido desembolsar hasta la fecha más de US$ 9 mil millones para poder financiar el CAE. Es por esto que afirmó que poner fin a este crédito y ofrecer una alternativa de financiamiento para la educación superior “es una tarea urgente y necesaria”.
En línea con aquello, la diputada Flor Weisse (UDI), del Distrito 21, especificó que “es importante considerar que llevamos más de 14 años discutiendo sobre educación superior y haciendo cambios, a pesar de eso no hemos logrado mejorar su calidad. Lo que necesitamos es poder realizar cambios modernos, estructurales para fortalecer la educación pública y ocuparnos de sala cuna, jardín infantil”.
Al igual que Arroyo, Weisse también indicó que el proyecto tiene fines electorales y dijo que la educación requiere una política pública que permita abordar de buena forma el sistema de financiamiento.
Quien también se refirió a la iniciativa de Gobierno de poner final al CAE fue el diputado Félix González (PEV), igual del Distrito 2o, que dijo que la propuesta “tiene responsabilidad fiscal por una parte y que le va a permitir a las familias tener seguridad a la hora de plantearse que un hijo o una hija estudie en la universidad. Va a terminar también con esta trampa financiera que dejó el gobierno de Ricardo Lagos, que es el CAE, en donde los bancos han generado un tremendo negocio y el Fisco ha pagado mucho también”.
Al mismo tiempo, el parlamentario entregó su proyección sobre la discusión y posterior votación de la iniciativa de ley en el Congreso, recalcando que “lo voy a votar a favor, espero que los demás parlamentarios lo voten a favor y que no lo voten en contra, porque votar en contra significa respaldar a los bancos”, enfatizando la exclusión de la banca dentro del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que se ha presentado.
El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), reconoció que la propuesta cumple con las expectativas proyectadas y señaló que el Presidente Gabriel Boric “ha cumplido un compromiso que hizo con la ciudadanía y con muchos jóvenes que pasaron por la universidad que hoy están endeudados”.
Bajo ese contexto, Aedo catalogó el proyecto como necesario, ya que “es un acto de justicia para aquellos que han hecho el esfuerzo de pagar sus deudas, que puedan repactar”.
“Son demasiados los jóvenes que no pueden adquirir su vivienda porque están endeudados con el CAE, acá hay una buena señal del Gobierno y obviamente que vamos a apoyar esta iniciativa cuando se discuta acá en el Parlamento”, añadió el congresista del Distrito 20.
Como publicó Diario Concepción hace pocos días, en base a los datos que entrega la Comisión Ingresa, entidad administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, en su más reciente cuenta pública, se detalla que a nivel nacional 1.219.000 personas han solicitado el CAE desde su debut en 2006 y hasta 2023, cuyo total adeudado al 31 de diciembre pasado, incluidas las cuotas de quienes están al día y de los morosos, es de UF 283 millones, es decir, cerca de US$ 11.900 millones.
En específico, en la Región del Biobío, sólo en 2023 se otorgaron aproximadamente 7 mil 600 nuevos créditos, lo que implica un 25% más que en 2022, registros que se acercan a niveles prepandemia. Traducido en montos, sólo durante todo el año pasado, se financiaron aranceles por $16 mil 998 millones.
Otro dato relevante es que, a nivel país, más de 540 mil deudores dejaron de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2023, según la Comisión Ingresa, entidad pública autónoma que administra los créditos para la educación superior. Debido a esta morosidad, el Estado ha debido pagar US$300 millones para responder como aval.
De acuerdo con la información solicitada y entregada por la Subsecretaría de Educación, el monto total de las recaudaciones de deuda correspondientes al Crédito con Garantía Estatal (CAE) en la Región del Biobío descendió de 1.054.221 Unidades de Fomento (UF) a 916.626 UF, entre 2022 y 2023. Esto se traduce en 137 mil 595 UF, vale decir un 13% menos.