Advierten presión política y mediática: congresistas locales son revisores de AC contra ministros de la Corte Suprema

Tres diputados del Biobío son parte de las comisiones que revisan los libelos acusatorios constitucionales. Los parlamentarios detallaron el trabajo de las instancias y entregaron sus proyecciones.

Durante esta semana, se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de la presentación de tres acusaciones constitucionales dirigidas en contra de tres ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, invocando la causal de “notable abandono de deberes”.

En específico se trata del oficialismo y la oposición, quienes, representados a través de sus bancadas en la Cámara Baja, presentaron los libelos acusatorios.

En el caso de Vivanco y Matus, la acusación impulsada por el oficialismo y la Democracia Cristiana, se ampara en una de las tantas aristas que el denominado caso Audios dejó al descubierto y que los vincula directamente con el protagonista del caso, Luis Hermosilla.

De la misma forma, la oposición también apuntó hacia Vivanco, pero incluyendo en su documento al ex presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para beneficiar su patrimonio en inversiones inmobiliarias.

En detalle, la primera fue presentada en contra de la ministra Ángela Vivanco Martínez y el ministro Sergio Muñoz Gajardo, por parte de diputadas y diputados de las bancadas de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli.

La segunda acusación fue firmada transversalmente por congresistas de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal, está dirigida en contra del ministro Jean Pierre Matus Acuña, por notable abandono de deberes. Y el tercer libelo acusatorio, que fue firmado por representantes de las mismas bancadas anteriormente señaladas, es también en contra de la magistrada Ángela Vivanco.

Comisiones

Es así como, a través del sistema de tómbola, se nombraron a los cinco miembros que compondrán cada una de las comisiones encargadas de revisar la admisibilidad de las acusaciones, donde estarán presentes tres congresistas de la Región del Biobío.

De esta manera, resultaron sorteados para la primera instancia la diputada Yovana Ahumada (Ind), Chiara Barchiesi (Prep), Sofía Cid (Ind), Eduardo Durán (RN) y Jaime Sáez (FA).

Para la segunda, quedó designado el diputado local del Distrito 20, Roberto Arroyo (PSC), Félix Bugueño (FA), Miguel Ángel Calisto (IND), Cristhian Moreira (UDI) y Leonidas Romero (Ind-RN), diputado de la Región del Biobío por el Distrito 20.

Y, por último, la tercera comisión está integrada también por el diputado Arroyo, junto con la también diputada local del Distrito 20, Marlene Pérez (Ind-UDI), María Luisa Cordero (IND), Vlado Mirosevic (PL), y Stephan Schubert (Ind).

Congresistas locales

La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), quien además es presidenta de la comisión revisora de la AC contra la ministra Vivanco, tras ser consultada por Diario Concepción sobre el trabajo de la instancia, señaló que “por supuesto que existe una presión y una carga mediática sobre esta comisión, porque los ojos de la ciudadanía están puestos en cómo logramos encauzar la grave crisis institucional y de credibilidad que hoy afecta al Poder Judicial”.

Asimismo, la congresista proyecta “conducir de la mejor manera, no sólo dando las garantías a las dos partes involucradas, sino que principalmente, estableciendo todas las responsabilidades que eventualmente existan”.

Respecto de los plazos con los que trabaja la comisión tras la presentación de la acusación constitucional, Perez explicó que “la parte acusada, en este caso la ministra Vivanco, tiene hasta el sábado 5 de octubre para contestar la acusación. Desde que lo haga, nosotros tendremos un máximo de seis días para evacuar un informe y que esta acción se vote en la Sala”.

“A la luz de los hechos, vamos a actuar con la mayor responsabilidad que requiere este asunto, porque lo que está en juego es la estabilidad de un Poder absolutamente esencial para nuestra democracia, como es el sistema judicial. Y si aquí se comprueban los hechos que hemos conocido de manera pública, no vamos a dudar en sancionar a quienes corresponda”, agregó Perez.

Por su parte, el parlamentario Roberto Arroyo (PSC), también se refirió a la labor de las comisiones y criticó un posible sentido político que pueden adquirir el proceso acusatorio y dijo que “no me gusta el sentido político que se le está dando a un problema de un Poder que está en tela de juicio por su credibilidad como un pilar de nuestra institucionalidad, debería manejarse más en los méritos de los hechos y hacer un énfasis en la búsqueda de la verdad y de la transparencia, de cara a un país decepcionado de sus instituciones”.

Igualmente, Arroyo entregó detalles y proyecciones que tienen en la instancia para revisar las acusaciones y comentó que “tendremos invitados expertos constitucionalistas para que nos entreguen la visión general respecto de las acusaciones, sesionaremos dos o tres veces en la semana con sesiones de dos horas simultáneamente con la Sala”.

Pese a los intentos de Diario Concepción, el diputado Leonidas Romero no respondió a los contactos de este medio.

Cabe precisar que cada acusación presentada es independiente de las demás y no pueden ser agrupadas. Por tanto, a cada una de ellas se aplica el respectivo procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Acusaciones

Desde 1990 a la actualidad, incluyendo los tres libelos acusatorios mencionados, se han presentado 44 acusaciones constitucionales en el Congreso. En ellas, son 23 los ministros de la Corte Suprema que han sido acusados, además de una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva.

A su vez, han sido acusados 23 ministros de Estado, en las que tres acusaciones fueron aprobadas (Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick) y que resultaron con destituciones, y tres exministros.

A ellas se suman dos acusaciones contra el ex Presidente Sebastián Piñera; cuatro contra intendentes y una en contra de Augusto Pinochet, en su cargo de aquel entonces como comandante en jefe del Ejército en 1998.