Se rechaza reforma sobre acusación constitucional a gobernadores

Tras no reunir el quórum necesario, la Sala rechazó el proyecto de reforma constitucional para incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional.

La norma requería, para ser aprobada, el voto favorable de los 4/7 de los legisladores en ejercicios, es decir, 89 votos. Sin embargo, solo se obtuvo 83 votos a favor, 35 en contra y 22 abstenciones. Con este rechazo, esta materia no podrá ser discutida hasta dentro de un año.

La reforma, originada en cinco mociones parlamentarias, “incorporaba en el artículo 52, numeral 2, de la Constitución Política (…) como sujeto pasivo y las causales de acusación constitucional a los gobernadores regionales“, indicaron desde la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto significa que proponía como causales la infracción de la Constitución o las leyes, delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

Amenaza democrática

El proyecto se discutió en tres sesiones de Sala. El pasado 27 de agosto, la diputada Camila Flores, rindió el informe de la Comisión de Constitución.

Desde el lado de las posturas contrarias, estaba el que la reforma “proponía causales muy amplias y ponía en riesgo el uso de este control democrático por la alta polarización política”, según lo establecido en la web de la Cámara Baja.

A lo anterior se suma que se sostuvo como un error que, autoridades elegidas por elección popular, puedan acusar y remover a otros cargos también escogidos por la ciudadanía.

Cambio formal y control

Por otro lado, en los argumentos a favor, destacó que esta modificación solo precisa las causales de acción, ya que los gobernadores están considerados en la Constitución, en los artículos 52, número 2, inciso cuarto y 53, número 1, inciso tercero de la Carta Fundamental, así como en el artículo 23 sexies, letra f, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Además, se indicó que esta medida fortalece la democracia para combatir la corrupción y el abuso de la autonomía de las autoridades regionales, por ejemplo, en el mal uso de recursos públicos, instancia donde se citaron los casos convenios o fundaciones, donde diversos gobiernos regionales se ven involucrados.