De acuerdo a proyecto de ley, los resultados de dichas pruebas serán de carácter público y que en caso de ser positivo dará lugar a la remoción del puesto.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa de norma que establece la realización de un test de drogas obligatorio para autoridades y candidatos a cargos de elección popular. Los resultados de dichas pruebas, consigna el proyecto, serán de carácter público y que en caso de ser positivo dará lugar a la remoción del cargo o la deposición de su candidatura.
De acuerdo a lo que han señalado distintos parlamentarios el proyecto es un gran paso en la lucha contra el narcotráfico y la narcopolítica.
“Valoramos que la comisión de Gobierno Interior haya aprobado nuestro proyecto, que venimos impulsando hace tiempo. Es necesario dar señales contundentes de probidad y contra el narcotráfico, de parte de las autoridades”, afirmó la diputada Paula Labra. Ahora, el proyecto debe pasar por la Sala de la Cámara.
A pesar de que el proyecto de ley, de aprobarse, no se implementaría para las próximas elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, las y los candidatos al Gobierno Regional del Biobío apoyan la iniciativa y algunos proponen que sea parte dentro de su eventual administración.
“Estoy totalmente a favor. Esta medida debe ser el estándar mínimo para quienes aspiran a ejercer un rol en el servicio público. La probidad y la transparencia no pueden ser negociables, y para recuperar la confianza ciudadana, es imprescindible que los líderes públicos demuestren un compromiso real con estos principios”, afirmó el candidato de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Sergio Giacaman.
En base a sus propuestas, Giacaman agregó que “precisamente, uno de los puntos que aborda este documento -decálogo propio- es la aplicación de un test de drogas semestral (tanto yo como mi equipo de confianza), cuyos resultados serán públicos. Esta medida busca restablecer y reforzar la confianza pública y garantizar que quienes nos gobiernan lo hagan con los más altos estándares éticos”.
Por su parte, Mirtha Encina, carta a gobernadora del Partido de la Gente, también apoya la iniciativa y dijo que considero que es una medida necesaria y positiva. Por lo que debería ser un mínimo legal y para ser más clara, dentro del Partido de la Gente es requisito realizarse un test de drogas para ser considerado como candidato y también en su momento lo propusimos como propuesta país”.
Para Encina, la ciudadanía necesita señales claras y no solo en el aspecto del consumo de drogas, “sino que en otros aspectos como la declaración de patrimonio, los contactos laborales en primer grado de consanguinidad y rebajar la dieta de altos cargos públicos”.
Fernando Peña, postulante del Partido Republicano a Gore, junto con mostrar su apoyo al proyecto, entregó su razones para impulsar la iniciativa y afirmó que “el consumo de drogas puede alterar las facultades mentales de una persona y, por lo tanto, alterar la capacidad para tomar decisiones, lo que es particularmente delicado en el caso de autoridades. Y, en segundo lugar, porque es peligroso que el narcotráfico colonice el mundo político y que extienda sus redes hacia autoridades o personas con alto poder en el proceso de toma de decisión”.
En tanto, Luciano Silva, nombre del Partido Social Republicano, enfatizó que es muy relevante que cualquier persona que ostente un cargo público se haga un test de drogas e indicó que “no podemos tener personas vinculadas en ningún sentido a las drogas y que ocupe cargo de representación pública, que maneje fondos públicos, que hable en nombre de los ciudadanos o que se dedique a legislar leyes. Desde mi punto de vista creo que es un avance que se apruebe una ley como esa y yo estaré siempre dispuesto a respaldarla”.
Asimismo, Silva agregó que “creo que haciendo eso -implementando la iniciativa- podemos comenzar a limpiar y a depurar el sistema político que se nos ha corrompido de un tiempo a esta parte. No hay que tapar el sol con un dedo”.
Paralelamente, Ana Araneda, carta de Demócratas en la elección de Gore en Biobío, expresó que ha sido pionera en impulsar que dentro de las autoridades del Gobierno Regional exista un protocolo que obligue a realizar exámenes de drogas.
“Desde el consejo regional, impulsé la incitativa de que los consejeros regionales se realizarán el test de drogas y entregaran sus papeles de antecedentes. Esto fue en la comisión de Gobierno, donde se llevó a votación y como sorpresa algunos consejeros regionales rechazaron esta iniciativa”, contó la candidata de Demócratas.
Igualmente, respecto de la propuesta que ahora se está tramitando en el Congreso, Araneda indicó que “es absolutamente necesario contar con un protocolo de acción de probidad y realización de test constantemente estandarizado desde un laboratorio único y certificado, como también, al asumir como consejeros, presentar los antecedentes personales”, agregando que “así como se luchó para obtener nuestro anhelado protocolo de género en el consejo regional que nos permita poder tener herramientas de defensa y sanción por la violencia interna, contar con un protocolo de acción que someta a test de drogas es muy necesario”.
Finalmente, el candidato del Partido Igualdad a gobernador regional del Biobío, Javier Sandoval, también se refirió a la idea de norma que se discute en el Parlamento y manifestó que debe ser “acompañada de una discusión seria que aborde los factores de salud pública implicados. Estamos en un momento político donde necesitan otros estándares o exigencias en los diferentes poderes del Estado que permitan enfrentar la corrupción narcopolítica”.
Al mismo tiempo, Sandoval estimó que una candidatura “debe responder a las exigencias de la ciudadanía, sea un test de drogas , el secreto bancario o haber sido sancionado por hechos de corrupción”.