A mediados de mayo se comenzó a instalar la idea de construir una cárcel de alta seguridad en el Biobío. Puntualmente, el debate comenzó cuando la diputada local Karen Medina (ind) había propuesto elaborar un recinto penitenciario de alta seguridad en Isla Mocha, territorio actualmente administrado por la Municipalidad de Lebu.

Cabe señalar que la iniciativa, tal como informó Diario Concepción, fue descartada inmediatamente por el Gobierno que, a través de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío aseguraron que no era una alternativa viable.

No obstante, la intención de construir una recinto de estas características se mantiene y es que algunos postulantes al Gobierno Regional del Biobío tienen la propuesta de construir un penal de este tipo.

Aunque no en la Isla Mocha, sectores cordilleranos y la Macrozona Sur surgen como territorios escogidos para una eventual edificación. Esto dentro del actual escenario en que el país ha registrado un alza en la población penitenciaria.

En esa línea, el candidato a Gore Biobío del Partido Republicano, Fernando Peña, tiene dentro de sus iniciativas la construcción de una cárcel de alta seguridad en la Región, apuntando a la población penal que actualmente hay en el Biobío.

“Proponemos la creación de una cárcel de alta seguridad, orientada a reos de alta peligrosidad, principalmente vinculados al crimen organizado. Esto en atención a la crisis penitenciaria que hay en el recinto El Manzano, donde por cada gendarme hay 10 reclusos. La sobrepoblación lleva a que dichos reos de menor peligrosidad no puedan tener posibilidades de reinserción social”, dijo la carta republicana.

Y que para Peña “las bandas más peligrosas llegan a reclutar soldados para sus organizaciones, lo que de alguna manera aumenta la crisis de seguridad en la Región y además limita las posibilidades de reinserción real”.

Asimismo, respecto del lugar en donde buscaría construir este recinto, en una eventual administración del Gore, el candidato republicano sostuvo que “la creación de una cárcel de alta seguridad en la Macrozona Sur lo que busca es segregar la población penal. Por un lado, reos de menor peligrosidad y, por otro lado, reos de alta peligrosidad, altamente resguardados y con altas medidas de restricción, con un régimen de visitas distintos”.

Por su parte, Mirtha Encina, candidata del Partido de la Gente (PDG), señaló que para abordar la idea de crear una cárcel de alta seguridad en la Región del Biobío, “es fundamental analizar desde una perspectiva integral. Antes de plantear la construcción de un nuevo recinto, debemos priorizar la mejora y modernización de las instalaciones penitenciarias ya existentes, optimizando su capacidad y condiciones hacia los trabajadores de los centros penitenciarios”.

De acuerdo con la carta a Gore del PDG, la creación de nuevos espacios penitenciarios es un proceso altamente complejo, que requiere un análisis profundo y la participación de las 33 comunas de la región “dado que es probable que ninguna comuna desee albergar una cárcel en su territorio sin un diálogo previo y consensuado”, dijo.

Junto con manifestar que la construcción de un recinto con las características mencionada es una decisión que requiere de un enfoque integral y sostenible, Encina aseveró que “la verdadera solución no reside únicamente en la construcción de más cárceles, sino en fortalecer las estrategias de prevención del crimen, mejorar los programas de rehabilitación y ofrecer oportunidades reales para que los reclusos puedan reintegrarse de manera efectiva a la sociedad, reduciendo así la reincidencia”.

La carta de Chile Vamos para gobernador regional, Sergio Giacaman, consultado por Diario Concepción sobre la idea de la construcción del recinto, indicó que “no hemos visto el tema de la cárcel de alta seguridad, pero sí creo que todo lo que ayude a fortalecer las capacidades de las policías y también de gendarmería van a ser un aporte”, especificando que es una “medida a largo plazo”.

De la misma forma, Giacaman aseguró que “uno tiene que tomar medidas de corto plazo (…) hay que reforzar la infraestructura policial de acuerdo al plan policial. Priorizar aquellos proyectos que las policías saben que tienen que ejecutar y que por un tema de recursos no han podido realizar. Segundo, fortalecer la capacidad en las distintas comunas a través de financiamiento de equipos, de un sistema de seguridad que tiene equipos, dotación de personas, equipamiento motorizado, cámaras, y que eso se integre en un sistema”.

Ana Araneda, nombre de Demócratas a gobernadora de Biobío, indicó que la idea de instalar una cárcel de alta seguridad en la región del Biobío “debe ser evaluada con responsabilidad”.

A la par, la candidata de Demócratas hizo énfasis en que “si bien es crucial fortalecer el sistema penitenciario, cualquier decisión de este tipo debe considerar el impacto en las comunidades locales, tanto en términos de seguridad como de calidad de vida. Además, no debe ser una medida aislada, sino parte de una estrategia integral que incluya prevención del delito, rehabilitación y reinserción social”.

Sin embargo, Araneda recalcó que no es opositora a la idea de construir una cárcel de alta seguridad en la Región del Biobío y afirmó que “no estoy en contra de la idea, pero creo que debe enmarcarse dentro de un diálogo amplio con la comunidad y expertos para asegurar que la seguridad y el bienestar de la región se aborden de manera equilibrada”.

Paralelamente, Javier Sandoval, aspirante al Gore Biobío por el Partido Igualdad, en base al tema, comentó que hay materias de seguridad nacional, como la construcción de cárceles, en la que los gobiernos regionales no tienen competencia alguna más allá de aportar con recursos.

“La seguridad es una política pública de carácter nacional, dependiente del Ministerio del Interior, por tanto parte de un debate de tipo presidencial. Lo que sí podemos hacer es colaborar con recursos y orientarlos a integrar mejor el trabajo entre las policías y con las comunidades, dirigirlos a mejorar la investigación de la ruta del dinero y de las armas, además de invertir en factores de protección como las escuelas, espacios públicos y mejor planificación urbana de manera de disputarle a la delincuencia la movilidad social en los territorios”, respondió el candidato.