![](/templates/desktop/includes/img/DIARIO-CONCEPCION-LOGO.png)
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el proyecto de ley que aumenta las sanciones por el ingreso de objetos prohibidos en cárceles.
Por Christian Kairies Gatica
Congresistas del Biobío aseguraron que es primordial aplicar medidas integrales e implementar tecnologías nuevas para dar seguridad en las cárceles del país. Esto, en el margen del proyecto de ley que busca reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios.
En contexto, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó por unanimidad la propuesta que incluye dos boletines refundidos, el 16.984 y el 16.569, que buscan modificar el Código Penal para mejorar la seguridad en las cárceles.
“Es muy importante acelerar la discusión para restringir, limitar y prohibir el ingreso de objetos que representen un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de recintos penitenciarios”, dijo la diputada Flor Weisse (UDI).
El boletín 16.984, impulsado por el Ejecutivo, propone ampliar la penalización del artículo 304 bis del Código Penal para incluir todos los casos de ingreso o intento de ingreso de objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad en los recintos penitenciarios. También se considerará de riesgo si la acción se realiza mediante lanzamientos desde el exterior (conocidos como “pelotazos”).
De la misma forma, el boletín 16.569 busca endurecer las sanciones para quienes ingresen o intenten ingresar elementos prohibidos en las cárceles. Propone imponer presidio menor en su grado mínimo a medio, independientemente del método utilizado para lograr el ingreso del objeto prohibido.
“Considero que es fundamental aumentar las sanciones por el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios, ya que esto representa una de las grandes falencias que impiden ir cortando los circuitos de las bandas organizadas, pero además son riesgo significativo para la seguridad de las personas y el orden dentro de los centros penitenciarios”, dijo la diputada Karen Medina (IND).
Así también, “estas modificaciones son absolutamente necesarias (…) El ingreso de objetos prohibidos en los recintos penitenciarios es una amenaza directa a la seguridad de los internos y del personal penitenciario. Ampliar las sanciones es un paso en la dirección correcta para disuadir y castigar con mayor severidad a quienes intenten vulnerar la seguridad en estos recintos”, agregó Marlene Pérez (IND).
Aunque los parlamentarios consultados destacaron que la iniciativa es positiva y que forma parte de los avances que se deben realizar en esta materia, también destacaron otros aspectos que tienen que ser considerados para solucionar de manera definitiva este problema.
“Creo firmemente que estas medidas, aunque necesarias, son insuficientes por sí solas (…) Es esencial abordar el problema de manera integral, entendiendo que el ingreso de elementos prohibidos puede provenir no solo de los familiares de los internos, sino también de abogados e incluso de los mismos funcionarios penitenciarios. Por lo tanto, cualquier solución debe incluir un enfoque más amplio que considere todos estos posibles puntos de vulnerabilidad”, recalcó Medina.
“En este punto ya lo han dicho varios expertos y ex directores de gendarmería, que en primer lugar están gendarmes que se corrompen, abogados y en tercer lugar las personas que se dedican a entrar cosas con drones o pelotazos”, aseguró Roberto Arroyo (PSC).
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo que “a priori, me parece que más allá de la discusión sobre las sanciones, lo que se debe fortalecer es la implementación de tecnología que efectivamente evite el ingreso de elementos no permitidos (…) Sabemos que el aumento de penas no es sinónimo de solución. Hemos visto cómo se han aumentado las sanciones en distintos ámbitos, y la comisión de delitos sigue ocurriendo”.
En esta línea, Arroyo destacó que para evitar todo esto se hace necesario no solo mayor castigo, situación que debe ser agravante cuando esté un gendarme involucrado, sino también la incorporación de tecnologías como escáneres y cámaras de seguridad a cargo de una unidad especializada con centro de monitoreo.
Marlene Pérez agregó que “si bien este proyecto es un avance significativo, no podemos verlo como una solución definitiva. El problema es complejo y requiere un enfoque integral que incluya, además de las sanciones, mejoras en los controles de acceso, la tecnología utilizada y la formación del personal. Solo con una estrategia multifacética podremos erradicar de forma efectiva el ingreso de artefactos peligrosos”.
“Estoy convencida de que será necesario asignar recursos adicionales y realizar cambios significativos en las prácticas operativas para asegurar la efectividad de las nuevas sanciones propuestas, por ejemplo, la implementación de tecnologías como los Body Scan o la ampliación de cárceles, que requieren una inversión significativa”, dijo Karen Medina.
Por último, la diputada Weisse aseguró que es importante incorporar tecnología y fortalecer la fiscalización en el ingreso. La idea de la diputada es colocar el énfasis en esta etapa, en la fiscalización de circulación de los objetos no permitidos.