“La confianza pública es difícil de recuperar”

26 de Agosto 2024 | Publicado por: Anibal Torres Durán
Fotografía: Isidoro Valenzuela M.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió a la coyuntura del acceso a la información y el escenario de las entidades estatales.

Conocer la implementación del Portal de Transparencia de la Universidad de Concepción fue parte central de la visita al Biobío del presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete.

“Conocer qué hace la Universidad, quiénes son qué efectos tiene aquello, qué hacen, me complace poder haber sido recibido por el rector, Carlos Saavedra; tener en la reunión con alumnos de Administración Pública, porque son los llamados a que en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información en su pleno ejercicio como derecho, sea respaldado por funcionarios que entienden la importancia de ello”, dijo Navarrete quien además se refirió a temas de contingencia, coyuntura cívica, etc.

“Hoy estamos esperando la salida desde el Congreso, después de 6 años, de la Ley de Transparencia que nos va a permitir hacer fiscalizaciones sobre universidades que reciben financiamiento del Estado. En ese sentido la UdeC es pionera”, afirmó.


-¿Qué expectativas tienen como Consejo sobre esta normativa, donde se pueden entregar mayores facultades?

-A todo chileno le hace sentido común que donde hubiera un peso público tengo legítimo derecho a saber en qué se gasta, es el punto principal. En una democracia consolidada estable y de calidad agencias como la que yo presido no deberían existir porque esa información ya debería estar en poder de los ciudadanos a través de un portal o a través de otro sistema electrónico. En la medida en que se van abriendo van a un tema que Chile va a tener que llegar esperamos en el corto plazo que es lo que llamamos gobierno.


-¿Cuáles son los desafíos que se plantean y cómo se combaten fenómenos como la desinformación?

-Para acceder a la información es preciso que se entregue el lenguaje fácil. Una recomendación es de Naciones Unidas, de la OCDE y todo el organismos garantes de Derecho, es que cuando se dispone de esa información se den un lenguaje entendible en el sentido hacerlo sin caricaturas, sino que básicamente que sea entendible por cualquier ciudadano, porque la complejidad no es amiga del conocimiento en consecuencia, la universidad tiene además todas las capacidades para aquella información.


El ejercicio de acceder a la información también pone a los ciudadanos con una virtud cívica. Tener información antes de emitir un juicio. Lo que nos está ocurriendo hoy día es que estamos emitiendo juicios a partir de las emociones de las sensaciones que nos dan las situaciones que nos parecen aberrante o al menos impropia, pero a veces la evidencia pone muy en cuestión aquello que estamos entendiendo.

-Hace más de un año que se conoce el llamado Caso Convenios relacionado a transferencias de dineros públicos, ¿ de qué ha tratado el trabajo del Consejo?


-Hace pocos días publicamos una fiscalización que hicimos a los 16 gobiernos regionales respecto a la transparencia de los datos que deben disponibilizar a los ciudadanos y hemos encontrado de todo: de regiones que lo hacen muy bien, regiones que lo hacen regular. Si la Ley de Transparencia 2.0 hubiese estado en vigor y lo lógico es así lo que queremos saber en qué se gasta los pesos en cualquiera de las instituciones, probablemente, podríamos haber prevenido algunos de los casos.

Dado el contexto, que en algunos están en una situación de investigación por el Poder Judicial y el persecutor penal no me voy a pronunciar sobre lo que pasa en las 16 regiones.


-¿Esto genera la crisis de confianza de la ciudadanía?

-Yo creo que es el tema principal hoy día. Las instituciones en general, el Gobierno central, regional y local están en una crisis de confianza. El problema es que cuando yo no confío en las instituciones las instituciones tienen por objetivo definir reglas del juego, por lo cual los ciudadanos tenemos que guiarnos, pero si yo no confío en una institución no le voy a dar legitimidad y cuando no le doy legitimidad a una institución a título, de qué le voy a hacer caso esa institución.


Es muy grave porque la confianza pública es difícil de recuperar, es una ingenuidad creer que por una ley y por un acto administrativo, yo voy a recuperar la confianza en los tres poderes del Estado.