Tras el anuncio del directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), en el que informó la decisión de suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas de la empresa, argumentando que la aplicación de sobretasas al acero chino no será suficiente para asegurar la viabilidad de la producción de acero, las reacciones continúan en la Región del Biobío.

Y es que una vez que se conoció la noticia, surgieron y se volvieron a presentar distintas propuestas para evitar el cierre de la siderúrgica. Una de las ideas era que el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), comprara acciones de la compañía acerera y así conseguir una participación mayoritaria.

Una de las congresistas que impulsó la propuesta de la compra de la mayoría de las acciones de Huachipato por parte del aparato estatal fue la diputada local del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC).

No obstante, de la misma Corfo se refirieron, a través de un oficio, a la solicitud de la parlamentaria y sostuvieron que dicha alternativa es inconstitucional, además de no contar con un instrumento específico con esos fines, por lo cual, para concretar la propuesta, se necesitaría una reforma a la actual Constitución Política de nuestro país. “Entre dichos instrumentos, no existe uno que tenga por finalidad la compra de acciones, por parte de Corfo”, sostuvieron desde la corporación.

Cabe destacar que la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. es una empresa del Grupo CAP y la principal industria productora de acero en Chile. Como antecedente histórico, señalar que en 1946 se creó la Compañía de Aceros del Pacífico (actual CAP S.A.), de la que Corfo adquirió el 33% del capital, de la que, en el año 1987, enajenó toda su participación.

Desde Corfo también agregaron que, en la actualidad, la Constitución Política de República establece que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza”, autorización que no existe en este caso.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), respecto de la posibilidad de readquirir la participación en sociedades de acciones ya enajenadas, en el dictamen N° 71.600, de 2009, señaló: “(…) si con posterioridad a dicha venta se pretende nuevamente asumir una participación en la misma, se configura una situación nueva que no fue considerada en la aludida regla especial contenida en el citado inciso final del artículo 25 de la ley N° 6.640, y por ende no se encuentra amparada por ésta, por lo cual, de conformidad a las disposiciones generales citadas y en concordancia con el principio constitucional indicado, se requiere de una autorización específica otorgada con arreglo al inciso segundo del número 21 del artículo 19 de la Constitución Política”.

La otra razón por la cual Corfo no podría adquirir acciones de Huachipato es que la Corporación sólo se encuentra autorizada por el Ministerio de Hacienda para adquirir instrumentos en el Mercado de Capitales de renta fija, y no de renta variable, que es la clasificación que reciben las acciones CAP S.A.

Acevedo, tras la respuesta de Corfo, manifestó que “lo que hoy necesitamos es una reforma constitucional, para lo cual se está trabajando, se está evaluando para que Corfo tome control total o parcial de la siderúrgica Huachipato y que, con sus capacidades técnicas y humanas, abra espacios para que la compra y venta de los productos generados por la empresa se transformen en un activo mucho más relevante tanto en el mercado local, como nacional, permitiendo con esto no sólo resguardar la industria del acero, sino que también resguardar los miles de empleos que hoy genera Huachipato”.

Otras propuestas

En tanto, el senador del Biobío, Gastón Saavedra (PS), busca presentar la idea al Presidente de la República, Gabriel Boric, de que el Estado cree una empresa siderúrgica que tenga participación estatal y privada, conservando la mayor participación en tema de acciones.

En mayores detalles, el senador busca que el Estado logre “crear una empresa del acero de carácter mixto, en donde hubieran capitales del Estado del 50,1% y el otro 49,9% de privados, incluso el mismo Huachipato. Esto se trata de que el país crezca y que haya, por lo tanto, desarrollo productivo y con ello también las personas vivan de su trabajo más que eventuales planes de salida de otros trabajos que están destinados generalmente a fracasar”.

Asimismo, sobre la envergadura del proyecto, Saavedra puntualizó que “hay que conversar directamente con el Presidente de la República, porque esto tiene que ser un consenso de carácter nacional, que nos vamos a jugar por este camino entre todos y, por lo tanto, ha apuesta que además el Congreso la tendrá que ratificar”.

Por su parte, el congresista por el Distrito 20 y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), anunció que presentará un proyecto de ley especial que tiene un objetivo la reactivación económica de la Región del Biobío.

El diputado Aedo manifestó que se requiere no sólo un plan de salida para los trabajadores, sino que un plan económico que implique inversión y nuevos proyectos. Para eso puntualizó que se requieren medidas especiales del Estado como simplificar ciertas regulaciones y agilizar los plazos para que ciertos proyectos se puedan realizar.

Sobre los contenidos de la iniciativa de norma a presentar, el congresista aseveró que “hay proyectos de infraestructura vial que se pueden adelantar lo que provocaría la inyección de varios millones de dólares a la región. También se puede dinamizar la construcción de vivienda agilizando los procesos burocráticos y apalancando inversiones privadas a través de Corfo”.

De la misma forma, Aedo complementó que “todo lo anterior va a requerir que ante la emergencia se flexibilicen ciertas normas legales, para lo cual vamos a plantear este proyecto de ley especial, tema que voy a abordar con el ministro de Economía, Nicolás Grau, la próxima semana”.