Municipios del Biobío solicitan acelerar tramitación de Ley de Incendios Forestales

De la misma forma, los gobiernos comunales destacaron la importancia de contar con la norma ya en vigencia para la temporada de siniestros 2024-2025. La propuesta está cerca de cumplir un año de tramitación en el Congreso.

Casi un año lleva en el Congreso la Ley de Incendios Forestales y Rurales. Específicamente, tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa aún se encuentra en un segundo trámite constitucional en el Senado. Esto, en medio de las primeras diligencias que han comenzado las autoridades regionales para la próxima temporada de siniestros que se acerca.

Bajo ese contexto, los alcaldes de la Región del Biobío hicieron énfasis en la necesidad de que se pueda concretar prontamente, para contar con la normativa de cara a la temporada de incendios 2024-2025, para así evitar lo ocurrido en el 2023 en la zona.

“Valoramos este proyecto de ley que de ser aprobado entregará herramientas concretas para proteger a las comunidades y prevenir tragedias como las que enfrentamos en la temporada 2022-2023, las cuales se podría repetir o ser aún más catastróficas más adelante”, sostuvo el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.

Sumado a aquello Ortiz se refirió a los detalles de la propuesta que lleva casi un año en el Parlamento y dijo que “hemos visto que se contemplan planes preventivos, creación de cortafuegos de forma obligatoria y multas considerables para quienes no realicen trabajos preventivos, lo que incluye a los municipios, por cierto, ya que se fortalece la obligatoriedad de mejorar la planificación territorial y desde el punto de vista privado una regulación más específica a la actividad forestal, algo que no es menor”.

El presidente de la asociación de municipios también puntualizó en los requerimientos que se fijan para los gobiernos comunales, donde se establece la obligatoriedad de hacer cortafuegos, “algo que a iniciativa propia hemos hechos desde el minuto uno para evitar desastres mayores, estableciendo zonas de interfaz y normas de acción para evitar- en lo posible- el avance del fuego hacia las comunidades”.

“Otra cosa y que no podemos pasar por alto, es la limitación al uso de suelo, lo que favorecerá la plantación de árboles nativos que ayuden a recuperar los territorios, medidas que valoramos como alcaldes y alcaldesas”, cerró Ortiz.

En ese sentido, la ley contempla la implementación de planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas. Y es que el objetivo principal de la propuesta es fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales a través de una mejor planificación territorial y un fortalecimiento de la regulación a la actividad forestal en materia de incendios.

Asimismo, se propone un enfoque preventivo y coordinado, basado en criterios técnicos y adaptado a las condiciones locales, poniendo énfasis en aquellas áreas del país con un nivel de amenaza alto o crítico.

Dentro de las herramientas que traerá la normativa está la obligatoriedad de hacer cortafuegos y establecer zonas de interfaz urbano rural y da facultades a los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales para establecer normas en dicho sentido. Además, no estará solo enfocada en urbes grandes, sino también en ciudades intermedias a nivel más local y teniendo en consideración a los sectores rurales del país.

Además, se crea una limitación al cambio de uso de suelos afectados por incendios, en miras de la recuperación y restauración de la cobertura vegetal y de los bosques, considerando excepciones como la construcción de viviendas sociales.

Parlamentarios

Congresistas de la Región se refirieron a la tramitación de la normativa, junto con la importancia que esta tiene para el territorio en el combate y prevención de siniestros, de cara al periodo donde se concentra la mayor cantidad de siniestros.

“En este momento el proyecto se encuentra en el Senado para su revisión, antes de su aprobación final, lo cual esperamos, y dado que ya queda muy poco para que comience la época donde se generan mayor cantidad de incendios, que se le dé la urgencia necesaria para poder hacer frente a los incendios con esta ley en plena vigencia”, indicó Karen Medina (PDG), diputada por Distrito 20 e integrante de la Comisión de Bomberos de la Cámara Baja.

En tanto, María Candelaria Acevedo (PC), Diputada del Distrito 20, también insistió en que se debe acelerar la tramitación de la iniciativa, ya que “necesitamos una nueva ley de incendios, especialmente si tomamos en cuenta que nuestra región es en esencia forestal y ya hemos sido tristes testigos del gran daño que han sufrido nuestros y nuestras vecinas cuando se producen y se descontrolan estos incendios”.

Acevedo, de la misma forma, agregó que “la nueva normativa tiene que fortalecer los instrumentos de gestión forestal, y por cierto, los instrumentos de planificación territorial, ya que no podemos olvidar que la falta de planificación, o una planificación displicente ha sido uno de los grandes culpables de los mega incendios que hemos sufrido (…) es necesario actualizar, sobre la base de evidencia científica, los criterios que determinan las zonas donde existen riesgos de ocurrencia de los incendios, para así adoptar las medidas pertinentes en ellas”.

Respecto del avance de la iniciativa legal y el proceso que resta para que se pueda transformar definitivamente en ley, el senador de la Región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe (UDI), explicó que la normativa “se encuentra en la Comisión de Agricultura del Senado en su segundo trámite constitucional, en donde está en proceso de estudio y votación en general, para luego pasar a la Sala del Senado. De ser aprobado en esa instancia, debe volver a la comisión para su estudio en particular, es decir, presentar modificaciones en su redacción las cuales deben ser votadas, luego de lo cual vuelve al senado para aprobar la redacción final”.