Desde el Gabinete Pro-Seguridad anuncian cuatro nuevas medidas para enfrentar situación a nivel nacional.
Por Hugo Ramos Lagos
Con los recientes episodios fatales —con armas de fuego involucradas en diferentes partes del territorio—, tales como la masacre en la comuna de Lampa o la balacera en Quilicura, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar, para indicar al Gobierno su responsabilidad en materia de seguridad.
Como medidas lanzadas para frenar la violencia delictiva, el Gabinete Pro-Seguridad encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, evaluó, entre otras cosas, la creación de una Unidad de Acción y Seguridad para la Región Metropolitana, integrada por el Ministerio del Interior, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y Gendarmería.
Asimismo, proponen poner en discusión inmediata el proyecto de Inteligencia Económica y el del Sistema de Inteligencia del Estado, junto con la conformación de una Fuerza Especial en Gendarmería y la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad (la que tiene un monto inicial $90 mil millones).
En ello, la idea de construir una cárcel de alta seguridad, o también la discusión para intervenir en el secreto bancario son temas que según el Presidente Boric lidiarían con las ventajas que tienen algunas organizaciones dedicadas al crimen o al terrorismo.
Aunque con matices, tanto desde la oposición hasta el oficialismo reconocen la gravedad de los acontecimientos y expresan que se trata de una crisis social con pocos precedentes en la historia reciente del país.
En relación a las bancadas y sectores alineados al Ejecutivo se trató el tema con preocupación, sin embargo fueron —en su mayoría— reacciones sobrias para con el Gobierno. Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de la diputada por el distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC).
Según ella los anuncios del Presidente son una buena señal, donde destacó, principalmente, la fuerza de tarea especial para la Región Metropolitana. “Espero que una iniciativa similar pueda ponerse en marcha en la región, pensando de forma particular ante lo que ocurre en Lota y Coronel, además de San Pedro de la Paz”.
Sobre la creación de una nueva cárcel de alta seguridad, la diputada indicó que es una medida necesaria, y que permitiría desbaratar el crimen organizado desde las cárceles, puesto que estos siguen operando desde los centros penitenciarios, viéndose fortalecidas sus organizaciones.
“En ese sentido creo que también es necesario revisar los protocolos de Gendarmería, y las medidas de seguridad dentro de las cárceles, en donde la implementación de body scan, o inhibidores de señales son necesarios”, añadió.
Adicionalmente, el senador del Biobío, Gastón Saavedra (PS), aseguró que desde el Partido Socialista también respaldan “las iniciativas que el Gobierno está teniendo para enfrentar la violencia y para darle seguridad a la población”.
Saavedra comentó que para eso tiene que afinarse una estrategia que primero aumente la cantidad de policías en las calles, unos no dedicados al orden público, sino al combate del narcotráfico.
Lo segundo que dijo tuvo que ver con la coherencia que tiene que haber en las filas del oficialismo para legislar en proyectos robustos. Para él, eso significa tener “lo antes posible los proyectos de infraestructura crítica, de reglamento de uso de la fuerza y el servicio de inteligencia”.
Empero para el diputado por el distrito 20, Félix González (IND), se deben generar cambios más allá de lo policial. Para él se debe garantizar la integridad y seguridad de los jueces y los fiscales, quienes son vulnerables a sufrir amenazas.
Sin embargo, desde la centro izquierda, el diputado por el distrito 20 y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), fue crítico, y estimó que “la ceguera ideológica de del Ministerio del Interior ha impedido tomar decisiones, mientras el crimen organizado está ganando terreno en las regiones Metropolitana y del Biobío”.
“Basta ya de incompetencia y ceguera ideológica, hagan lo que tienen que hacer y salgan a combatir con la Ley, pero también con la fuerza de las armas, que es potestad del Estado”, sostuvo.
Menos crítica se mostró la diputada por el distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), quien afirmó que “todas las medidas que se anuncian son necesarias e insuficientes. Por cierto que se necesita una cárcel de alta seguridad, pero es a largo plazo, no algo inmediato”.
Sobre el trabajo técnico y en la región aseguró que irán a todas las mesas, pero apuntó que el Gobierno ejecuta mal las leyes. “No tenemos novedades respecto a Cañete, ya vamos a llegar a tres meses, y todavía no tenemos nada. Aquí fue muy lindo el acto donde llegaron todos los poderes del Estado ¿Pero quién está ocupado de eso hoy día?”.
Sobre la irrupción al secreto bancario, Pérez sostuvo que “es una medida que el Gobierno utiliza como un eslogan más (…) Pero si el Servicio de Impuestos Internos no hace su pega, no nos oponemos a ninguna ley”.
Foto: Raphael Sierra P.
Ahora bien, en la derecha y centro derecha los reproches al Ministerio de Interior resaltan por su dureza. Para la bancada de la Unión Demócrata Independiente los capítulos de violencia son la manifestación empírica de una crisis de seguridad desatada, y para la diputada por el distrito 21, Flor Weisse (UDI), las decisiones del Gobierno no abordan el problema.
“Primero, se habla de la construcción de una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana, pero no considera a las regiones. En comunas como Lota y Los Ángeles la situación delictual ha ido en aumento, y cada vez es más cruda. En segundo lugar, no se aborda el tema de fondo, la prevención y el combate del crimen organizado junto al narcotráfico”, complementó Weisse.
Opiniones similares a las de la diputada por el distrito 20, Marlene Pérez (IND-UDI), quien recalcó la importancia de la que exista “un modelo de aislamiento para los reos de alta peligrosidad, que evite que estos delincuentes sigan delinquiendo desde el interior de los recintos penales”.
Por su parte, el senador por el Biobío, Enrique Van Rysselberghe (UDI), afirmó que “al Presidente le faltaron anuncios concretos y de aplicación inmediata para enfrentar esta crisis”. Y agradeció que Boric haya decidido suspender su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París.
Sin embargo, desde el sector señalaron estar dispuestos a apoyar el trabajo legislativo para hacerse cargo de las situaciones actuales.
Desde otros rincones de la derecha, el senador del Biobío, Sebastián Keitel (Evópoli), reconoció que “la construcción de más cárceles en nuestro país es una necesidad que se arrastra hace años. En la actualidad tenemos más de 50 mil internos, lo que ha generado una sobrepoblación”.
Aunque calificó que la construcción de más cárceles tarda años en concretarse, por lo que no bastaría para combatir eficazmente el crimen violento.
Asimismo, la diputada por el distrito 21, Karen Medina (PDG), recordó que “es algo solicitado hace tiempo, por lo que vamos a apoyar esta iniciativa, para que salga un buen proyecto y que se ejecute en el corto plazo”.
Dichos concordantes con el diputado por el distrito 20, Sergio Arroyo (PSC), quien explicó que “hoy los criminales están prácticamente de vacaciones en los penales. Hay diversos hechos que evidencian la gravedad de lo que ocurre hoy”.
Arroyo sin embargo señaló que el Gobierno está al debe con los recientes asesinatos.