La idea pretende dar mayores controles internos en materia de probidad. Surge en consecuencia del reporte de la Comisión Especial Investigadora (CEI) 45.
Por Hugo Ramos Lagos
En medio de la jornada parlamentaria, varios diputados locales comentaron sus impresiones acerca de la idea que busca modificar el inciso cuarto del artículo 115 de la Constitución. Propuesta que persigue suministrar bases sólidas para el establecimiento de un margen de responsabilidad de personas naturales —o jurídicas sin fines de lucro— que celebren asociaciones, o “convenios” con los gobiernos regionales.
Si bien hay quienes argumentan que la Ley 19.175 ya entrega a los Consejeros Regionales (Cores) la facultad de fiscalizar los convenios de programación indicados en el inciso, quienes apoyan la iniciativa afirman que se debe considerar otro tipo de asociaciones.
En cuanto a la moción, esta permitiría mejores controles en materia de probidad a nivel interno. Y entregaría a los Cores la facultad de aprobar, rechazar y fiscalizar los convenios celebrados entre los gobiernos regionales y terceros.
Los motivos de la reforma se argumentan en el trabajo hecho por la Comisión Especial Investigadora presidida por el diputado Rubén Oyarzo. La diputada comunista por el distrito 20 (Provincia de Concepción), María Candelaria Acevedo, quien formó parte de ésta, indicó que se llegó a la conclusión de que es necesario fortalecer de diversas maneras la institucionalidad pública y dentro del informe evacuado, aprobado por unanimidad.
“Dejamos establecido que para lograr ese fortalecimiento, es necesario que los consejeros regionales tengan mayores facultades de fiscalización y que no sean virtuales espectadores que únicamente están para aprobar o rechazar los proyectos, sino que también (cumplan) un rol fiscalizador mucho más activo”, manifestó.
Por otro lado, la parlamentaria sostuvo que “las políticas públicas en materia de responsabilidad administrativa requieren el establecimiento de normas jurídicas robustas que actualicen la institucionalidad acorde a la experiencia que ha significado, para el país, la imposición de más de cuatro décadas de Estado subsidiario, eje catalizador para el surgimiento del fenómeno de la corrupción”.
Para Acevedo los casos de corrupción, tanto de particulares como de instituciones públicas —como el “Caso SQM”, “PacoGate” o “MilicoGate”— se han suscitado bajo el mandato de la Constitución vigente, cuyo constitucionalismo económico toma base en la inserción forzada de los privados en actividades económicas públicas.
Junto a la propuesta, la respuesta de varios diputados fue positiva en cuanto a la idea central. Una de ellas la dio la diputada UDI por el distrito 21, Flor Weisse, quien recordó que “por esencia los Cores deben fiscalizar en los Gobiernos Regionales y todo lo que implique aumentar la función fiscalizadora es muy bien valorado y una gran señal”.
“El caso convenio ha venido a remecer la importancia de la descentralización, y a colocar en duda la labor de algunas fundaciones. En nuestra región aún el tema no se ha enfrentado, en términos que no hemos podido conocer (todos) los efectos, alcances, daños. Por eso es importante equilibrar la función de las autoridades regionales”, expresó.
Para la diputada demócrata por el distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), hay muchas iniciativas legislativas con motivo de las transferencias a privados en el Congreso, por lo que claramente vale la pena hacer una revisión de las responsabilidades y atribuciones que tienen determinados órganos para definir transferencias de recursos.
“Tenemos que también ver que esto —al menos en los proyectos de inversión u otros que son muy importantes para la región no se vean truncados—. Pero debemos legislar en materia de probidad, transparencia y requisitos, especialmente cuando hablamos de privados, y es donde hemos tenido las principales falencias”, complementó.
Otra voz fue la del diputado por el distrito 20 y ex consejero del Biobío, Félix González, quien concordó en que hay que generar normas que garanticen probidad y certifiquen que el dinero les llegue a personas que no sean objeto de fraude al fisco. Siendo necesario para ello volver a empoderar al Consejo Regional, generando normas transparentes que permitan a la ciudadanía ver hasta la última boleta.
“Por eso presentamos un proyecto de ley que ya está en tabla en la Comisión de Gobierno, que apunta fundamentalmente a devolverle al CORE la potestad de poder votar todos los proyectos, Y no solamente los que sean de más de cuatrocientos millones. Nos parece desproporcionado que hasta esa cifra los proyectos se hacían en la oficina de los gobernadores regionales sin consulta a los Core, y sin pasar por Contraloría”, indicó.
Adicionalmente, el parlamentario aseveró que esta iniciativa propone una plataforma “en donde la ciudadanía pueda ver todos los proyectos que entran al gobierno regional, y todas las rendiciones de gasto. Eso va a permitir que no haya espacio para casos como el ‘Convenios’ u otros que hemos visto que han ocurrido desde el gobierno regional”.
Por último propone la existencia de una especie “de jurado compuesto por funcionarios de planta del gobierno regional, con criterios objetivos y no políticos para poder decidir qué proyectos se aprueban y no se aprueban”.
En paralelo, el diputado demócrata cristiano por el distrito 20 y segundo vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), reconoció que frente a los hechos vistos en varios gobiernos regionales investigados por posible presunta corrupción, se hace necesario revisar la legislación y fortalecer la fiscalización.
“No es suficiente con aumentar atribuciones a los consejeros regionales. Creo que es necesario que la Cámara de Diputados pueda fiscalizar a los gobiernos regionales, y con ello, acusar constitucionalmente a los gobernadores y a los alcaldes. Por eso yo presenté una reforma constitucional en tal sentido y que hoy está en su primer trámite constitucional”, finalizó.