Amplio fue el apoyo con que se despachó a la Sala del Senado el proyecto que busca proteger determinados inmuebles, mediante resguardo de FF.AA, en situaciones de crisis.
Por Eduardo Bascuñán
A nivel regional, son varios los puntos críticos que se podrían considerar como una opción al momento de pensar en infraestructura crítica. Es por eso que senadores del Biobío hacen un balance explicativo del proyecto de ley y de sectores de la región que deberían ser mencionados en la moción.
Es que amplio fue el apoyo con que se despachó a la Sala del Senado el proyecto que busca proteger la infraestructura crítica. La mencionada iniciativa ingresó en la Cámara Alta en noviembre de 2019 en el contexto del ‘estallido social’ y dos años después, fue aprobada en el pleno de la misma; ésta permitirá la protección de determinados recintos o inmuebles mediante las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente.
El senador Gastón Saavedra (PS) entregó ejemplos como: “viaductos, puentes, torres de alta tensión, torres telefónicas o algunas industrias que tengan el carácter de estratégico, por ejemplo la Empresa Nacional del Petróleo (Enap)”.
Por su parte, el senador, Enrique Van Rysselberghe (UDI) estipuló que “los principales servicios esenciales que necesita la población y el sistema productivo son entregados por empresas privadas, por lo que deben estar incluidas y contempladas en esta ley”.
Cabe recordar que los esfuerzos de la Sala han ido en la línea de que esta moción sea complementaria con el Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), donde la participación de militares es esencialmente una tarea colaborativa para vigilar, cuidar y dar seguridad en lugares que son de público acceso, según dicta el documento, el cual además complementa la Ley Naín Retamal.
En este sentido, Saavedra aseveró que “el Hospital Regional, el Hospital de Cañete, serían un par de ejemplos en el área de la salud; pero la gente se va a preguntar ¿por qué un centro de salud? Es porque se han atendido a delincuentes heridos o integrantes de bandas organizadas, y estos delincuentes han intentado ser rescatados por sus colegas o integrantes de las bandas y han sufrido agresiones sus funcionarios”.
Por su parte, Van Rysselberghe (UDI) afirmó que “rubros fundamentales como la energía, el agua, el transporte y los puertos deberían estar considerados bajo esta nueva ley”.
Actualmente discuten detalles sobre cómo seleccionar estas infraestructuras y cuáles serán los criterios de selección, además se crearán instrumentos de planificación y gestión para su protección, así también la iniciativa busca complementar la Ley de Inteligencia.
Saavedra mencionó que “en los temas operativos, tiene que haber un mando establecido, claro, rígido, así como existe el comando conjunto. Debería haber algo que aún no lo hemos resuelto y eso debería estar establecido para que después, entonces, tenga una perseveración de carácter nacional y esté en condiciones de operar y dar órdenes en el momento oportuno”.
Van Rysselberghe, en tanto, afirmó que “para el caso de las empresas privadas, se les entrega a ellas la obligación de protección y resguardo del orden público, lo que es un deber y atribución exclusiva del estado y no creo que sea bueno traspasarlo a terceros”.
Es que la Comisión de Defensa Nacional aprobó la idea de legislar el proyecto con 33 votos a favor y 3 abstenciones. Aún así, uno de los puntos más cuestionados ha rondado entre la figura de los privados y su propio resguardo.
Según el senador Saavedra, el tema con privados tiene que considerarse dependiendo de la capacidad estratégica del sector. “El aeropuerto, por ejemplo, también es una infraestructura crítica. Entonces, va a haber un criterio que se va a establecer finalmente para definir lo de infraestructura crítica, pero en lo concreto en lugares donde hay que aportar con seguridad y que al mismo tiempo no pueda dejar de funcionar estos sistemas”.
Es que la Ley de Infraestructura Crítica tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo, que nació en 2019 producto de los ataques incendiarios en el marco del estallido social, donde servicios como el Metro se vieron seriamente afectados.
Respecto del uso de la fuerza, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública establecerán mediante una serie de reglamentos, las actuaciones y procedimientos que se requieran, además de explicar los protocolos en el uso de la fuerza.
Es que las Fuerzas Armadas serán llamadas a cumplir funciones de resguardo del orden público o de la seguridad pública interior, esto en el caso de protección de la infraestructura pública, resguardo de áreas de zonas fronterizas, estados de excepción constitucional o bien, actos electorales y plebiscitarios.
Las dudas y problemáticas en torno a estas medidas, nacen en la desconfianza del uso de la fuerza por parte de la Fuerza Armada en el contexto del estallido social en 2019, donde se observaron situaciones de abuso de poder y uso exacerbado de la fuerza.