El director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), Ignacio Achurra visitó la Región con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana a través de las diversas instancias y redes que existen a nivel de sociedad civil en el Biobío.

Desde julio de 2023 que está a cargo de la división que pertenece al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que tiene como una de sus principales misiones entregar información y capacitar a dirigentes sociales.

“Esto lo realizamos a través de diferentes servicios, contamos con escuelas de formación social, que son una oferta de formación en distintas materias que tienen que ver desde funcionamientos del Estado, hasta presentaciones y formulaciones de proyectos para adquirir recursos por parte de las organizaciones”, explicó Achurra a Diario Concepción.

“En esta pasada por Concepción, en donde ya estuvimos el año pasado, venimos con una escuela de formación social; un conversatorio, en donde nos vamos a reunir con más de 50 personas para conversar sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones sociales y, además, realizaremos un diálogo, en formato de capacitación, en donde se hablarán materias específicas de políticas públicas de interés social”, agregó.

-¿Cómo se logra bajar la sensación de inseguridad en las personas para hacer que participen en organizaciones sociales con el objetivo, que ustedes tienen, de proteger la democracia?

-El país está viviendo un problema de inseguridad ciudadana que afecta, tanto a las personas individuales como al comercio y, por supuesto, a las organizaciones sociales y, en ese sentido, hay que hacer alguna distinción. Las organizaciones de carácter territorial, particularmente las juntas de vecinos, las cuales son muy significativas, están muy arraigadas en un territorio y, por lo tanto, están expuestas y sujetas a las amenazas y la criminalidad en su propia zona. Nosotros hemos tenido, desde hace tiempo, un diálogo sostenido en el que nos han presentado algunas de las dificultades con la que se están enfrentando.

Nosotros hemos querido reaccionar frente a esto y, junto a la ministra Camila Vallejo, presentamos un proyecto de ley que busca entregar una protección especial a los dirigentes sociales. Esto busca realizar una modificación en el Código Penal y en la Ley 20. 500, definiendo qué es un dirigente social y, en el Código Penal, el aumento de las penas a quienes cometan delitos de amenazas o agresiones contra miembros de las juntas vecinales durante el ejercicio de sus funciones. Los dirigentes sociales cumplen una función pública fundamental en democracia. Yo considero que las organizaciones sociales son la principal red de protección social en Chile. Son el primer eslabón que asiste a esa vecina que está con problemas de salud, que ayuda a la comunidad que se ve asolada por alguna tragedia; son los primeros que llegan cuando se está organizando una convocatoria para el acopio de alimentos y elementos de primera necesidad en sus respectivas sedes; por lo tanto, cumplen una función de interés público.

-Estamos en medio del proceso de aplicación de un Censo, sin embargo, también han ocurrido problemas y su fecha de aplicación se ha extendido desde el 9 de junio hasta fin de mes ¿Usted considera que no existe motivación por parte de la ciudadanía de ocupar espacios de participación?

-Las organizaciones sociales en Chile están en un fuerte proceso de crecimiento de especialización y esto está sustentado en documentos. Hoy día, el registro que crea la Ley 20.500 que está radicado en el Registro Civil, hace el compendio de todas las organizaciones sociales sin personalidad jurídica. Hay 350 mil organizaciones en Chile, el nivel más alto que hemos tenido en nuestra historia y en Biobío tenemos 31 mil, con una tasa muy alta de inscripción diaria. La última Encuesta Nacional de Juventudes indicó que, a nivel nacional, el 50%, 1 de cada 2 jóvenes, dice participar en una organización social, lo que es considerado como el índice más alto de nuestra historia. Pienso que, efectivamente, el tejido social está vivo y tremendamente vigente. Enfrentan dificultades, como, por ejemplo, en los mecanismos institucionales que nosotros ofrecemos, para que la democracia sea algo más que un ejercicio electoral y sea un continuo permanente de participación social. Durante mucho tiempo, ciertos sectores de la sociedad consideraban que la promoción de la participación social a gran escala beneficiaría al sector progresista del país. Pero, lo que nosotros pudimos observar en los dos procesos constituyentes, es que hay organizaciones de todo tipo y, si uno va los datos del primer proceso constitucional, las dos normas populares más votadas, eran unas de carácter más progresista liberal y la otra con características conservadoras. En el segundo proceso volvió se volvieron a replicar los mecanismos de participación ciudadana, indicando que el proceso no solamente beneficiaba a un sector. La organización social está viva y fuerte, pero hay algunas que están enfrentando complejidades que son, particularmente, las juntas de vecinos y existen dos razones.

-¿Cuáles son esos argumentos?

-Lo primero es que hay poco recambio de los jóvenes y que uno de los desafíos, en los que estamos trabajando nosotros como división, es propiciar un diálogo intergeneracional para cortar esa brecha de participación. Otra dificultad que enfrentan es que ha habido una proliferación de otros tipos de organizaciones territoriales, como son los comités de seguridad, quienes por la contingencia de poner protección y por tener una estructura mucho más fácil de montar, porque, por ejemplo, la junta de vecinos requiere de 200 participantes y un comité de seguridad se forma por 15 personas y eso le ha ido quitando protagonismo. Por lo tanto, hay que renovar ciertas características para potenciar dichas organizaciones sociales.

Hablando de ámbitos de centralismo, en donde, en ciertas zonas hay menos acceso a muchas cosas o no existe equidad en decisiones que debieran ser parejas para todos, -¿cómo lo analiza desde la División?

-Es evidente que las organizaciones sociales también resienten los elementos propios del centralismo a nivel Santiago capital, pero también el centralismo a nivel regional en sus capitales, pues hay diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. Evidentemente los problemas de conectividad de internet, los accesos terrestres, las dificultades generales en los servicios públicos, etc, entorpecen el desarrollo de las sociedades. Las organizaciones sociales trabajan muy vinculadas con los servicios públicos. A nivel local están permanentemente trabajando con los municipios para la realización de sus actividades, para conseguir recursos, para gestionar asuntos importantes y se inscriben en las oficinas municipales. Hoy en día los gobiernos regionales cuentan con recursos importantes y muchas organizaciones sociales se coordinan con ellos para sus actividades. La ley marco de participación ciudadana en Chile es la Ley 20.500 que se aprobó y entró en régimen en el año 2011, significando un aporte importante para las organizaciones, pero quedó corta. Es por eso que nosotros, como División de Organizaciones Sociales, llevamos adelante un proceso que acabamos de terminar, en el cual participaron 7 mil personas aproximadamente y de todas las regiones del país para modernizar esta ley y, en conjunto con la Subsecretaría General de Gobierno, enviaremos próximamente este proyecto de modernización de la Ley 20.500 al presidente Gabriel Boric.

-Esas 31 mil organizaciones en Biobío, que de sólo escucharlas se deduce que son muchas. ¿Es una cifra alta, mediana o baja respecto del país?

-Comparada con tamaño de la región y por habitantes, está dentro del promedio de cantidad de organizaciones. Biobío tiene una red de asociaciones muy importante a nivel de comités de vivienda y de juntas de vecinos, pero también tiene muchas organizaciones relacionadas con el movimiento universitario, como funcionales, culturales y deportivas. Todas las organizaciones que tenemos en registro tienen personalidad jurídica constituida. Muchas de las variadas organizaciones juveniles existentes en la actualidad se llevan a cabo en el ámbito digital. Tenemos formas de organizarse que responden a los elementos disponibles en esta época irrumpida con lo digital. Es así dónde está nuestro desafío, en cómo lo hacemos para que organizaciones que se están envejeciendo, como las juntas de vecinos que cumplen un rol fundamental, se vayan adaptando para conectarse con estas nuevas formas de comunicación. Nosotros queremos llevar adelante la División de Organizaciones Sociales con un diálogo participativo con diferentes estructuras, tales como mesas de trabajo, formularios digitales y conversaciones a nivel nacional para detectar precisamente cuáles son las barreras de entrada que tienen los jóvenes en participación ciudadana dentro de las organizaciones más tradicionales y en el Estado, pues, sólo un 6% de la juventud organizada participa en una asociación de carácter público.

-En cuanto a inmigración, ¿Cómo han sido capaces de abrir vínculos con inmigrantes?

-Sucede un fenómeno muy interesante, pues son de las organizaciones más activas, pues buscan ganar todas sus condiciones de vida en la gestión colectiva de sus intereses, pues hay gente que piensa en la educación de sus hijos, en el acceso a vivienda, salud y en regularizarse. Esas son las principales razones por las cuales son tan activas. Las asociaciones más importantes son de peruanos, haitianos, colombianos y venezolanos, que dialogan constantemente con el Estado. El año pasado, el Servicio de Inmigración realizó un llamado para que los extranjeros en Chile inscribieran sus organizaciones y mucha gente pensó que, por su condición de irregulares, no se registrarían por miedo a quedar expuestos pero, sin embargo, se inscribieron masivamente apelando a que se pudiese mejorar su calidad de vida.