Un año del Caso Convenios: parlamentarios locales aseguran que ha detenido la descentralización

Asimismo, los congresistas plantean los puntos claves de la discusión del presupuesto regional para el 2025. Transparencia, fiscalización y trabajo con los territorios son aristas necesarias, que identificaron las autoridades, para entregar mayores atribuciones a las regiones.

Un año ya se cumplió desde que estalló el Caso Convenios a nivel nacional. De acuerdo con la Fiscalía, el monto investigado llega a los $89 mil 961 millones en contratos de fundaciones por parte del Ministerio de Vivienda y distintos gobiernos regionales del país.

Según distintos actores políticos y autoridades, otra de las consecuencias que ha dejado el caso es el “estancamiento” del proceso de descentralización, una idea que era parte del plan de trabajo del actual Gobierno.

Una de las muestras del poco avance del proceso es que, a más de un año de la presentación, el proyecto de ley de ley “Regiones más Fuertes” -conocido popularmente, en primera instancia, como Ley de Rentas Regionales-, que fue anunciado a fines de abril del 2023 por el Presidente Gabriel Boric, aún se encuentra en su primer trámite en la Cámara de Diputados, en discusión en particular.

Otra arista también es que se ha mantenido la figura del delegado presidencial en las regiones, considerando que se había presentado en el 2023 un proyecto de reforma constitucional que reemplaza las figuras del delegado y delegada presidencial regional y provincial por la figura del jefe o jefa regional y provincial de Gobierno Interior, además de introducir importantes modificaciones a la estructura actual de dichas figuras.

“El proceso de descentralización está estancado. Esa es una realidad y que se explica en gran parte por lo ocurrido con el caso convenios. Lamentablemente se cayó en el clientelismo político, se utilizaron millonarios recursos para financiar acciones políticas y eso generó un desprestigio del proceso y desconfianza”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC).

En esa línea, siguiendo con la arista del Caso Convenios, Aedo se refirió a la próxima discusión del presupuesto para el año 2025. “La ley de presupuesto vendrá con restricciones para los gobiernos regionales. Pero lo más grave es que no habrá traspaso de competencias. Es necesario determinar cuáles son los mecanismos que permitan dar mayor autonomía a las regiones y resguardando al mismo tiempo el uso de los recursos, para eso esperamos reunirnos con los gobernadores y sus equipos técnicos”.

Por su parte, la diputada del Distrito 21, Karen Medina (PDG), sostuvo que es necesario para las regiones que el proceso de descentralización avance, ya que “es la única manera de que le puedan llegar más recursos a todos los territorios, a todas las regiones de nuestro país. Hay que fortalecerla, debe funcionar la fiscalización desde los consejeros regionales, que es un gran número que tiene cada región, son personas que deben fiscalizar el buen uso de estos recursos. También debe haber una canalización de las necesidades comunales y que, en base a ello, sean los planes de avance del gobierno regional”.

Asimismo, la parlamentaria planteó que así como se busca otorgar mayores facultades a los gobiernos regionales, también se debe realizar un trabajo coordinado con las comunas.

“Hoy el gobierno regional es la billetera regional, pero sus trabajos o su planteamiento de avance debe ser trabajado con todas las comunas, por lo tanto con los alcaldes, y de acuerdo a ello, elaborar planes también comunales y que tengan una mirada regional de crecimiento en conjunto. Volvemos aquí a que todo el trabajo debe ser organizado, debe ser levantado con todos los actores necesarios, y debe haber un programa de crecimiento regional que cubra todas las necesidades comunales”, complementó Medina.

“El foco lo vamos a seguir dando en descentralización porque no podemos retroceder, pero obviamente después de todo lo ocurrido con las fundaciones hay que fortalecer, hay que fiscalizar y sancionar y castigar a todos aquellos sinvergüenzas que abusaron de este chipe libre que vieron en distribuir los dineros regionales”, aseveró la parlamentaria del Distrito 21.

Para la diputada, Marlene Pérez (Indep-UDI), se debe legislar para obtener mayor transparencia, rigurosidad y ampliar las actuales herramientas de fiscalización para velar por el correcto uso de los recursos públicos, apuntando principalmente a la Ley de Presupuesto que se va a discutir para el próximo año.

En base a aquello, Perez aseguró que “lo que no puede pasar es que por culpa de los casos de mala utilización de fondos a través de los gobiernos regionales y las fundaciones, se vea perjudicado el proceso de descentralización y se castigue a la Región del Biobío con menor presupuesto. Hay muchos proyectos que todavía están paralizados, se necesita mucho apoyo e inversión en la región. Y por lo tanto no podemos permitir que se nos castigue, porque la región necesita avanzar, tenemos problemas de conectividad, falta de empleos y diversos temas que no pueden quedar estancados”.

“El proceso de descentralización es una demanda que desde los sectores progresistas hemos levantado desde hace mucho tiempo, por lo que creo que es necesario seguir empujándolo, pese al quiebre que supuso el Caso Convenios y sus múltiples aristas, las que claramente han frenado el traspaso de competencias y el fortalecimiento de los gobiernos regionales”, manifestó la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), referida a las repercusiones que generó el ya mencionado caso en materias regionales.

De acuerdo con la diputada, es fundamental que sean los territorios quienes puedan decidir con mayor independencia en temas tan relevantes como conectividad, salud, e inversión pública a toda escala.

Consultada sobre la discusión de la Ley de Presupuesto para 2025, Acevedo sostuvo que el debate “debe permitirnos avanzar en atender los requerimientos de las diversas regiones y por ello lucharé para que estos recursos sean los suficientes para responder a las múltiples exigencias que se generan en Biobío, aunque claramente con los resguardos respectivos para que estos dineros sean utilizados de la mejor forma, y para eso desde el Congreso debemos establecer criterios que den certeza jurídica y que no entorpezcan el traspaso de recursos regionales”.

“Además, espero que el proyecto de Regiones más Fuertes pueda avanzar a la brevedad en la Comisión de Gobierno Interior, en donde se encuentra en su primer trámite legislativo, con carácter de urgencia simple”, cerró la parlamentaria del Partido Comunista.