Iniciativa apunta a mayores de 75 años, en este tipo de casos excepcionales. Esto a propósito de que en la Cámara Baja se votará el proyecto que aumenta las penas de delitos contra la vida de las personas.
En la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se votará el proyecto que aumenta las penas de delitos contra la vida de las personas.
Es en esa línea que los congresistas de la Región del Biobío mostraron su rechazo a una polémica indicación aprobada dentro del proyecto por la Comisión de Seguridad de la Cámara, el pasado lunes, que da libertad condicional a mayores de 75 años cuando tengan enfermedades terminales o problemas de salud mental.
La controversia surge porque con aquella indicación se verían beneficiados, por ejemplo, privados de libertad que estén condenados por delitos de derechos humanos. Asimismo, hay parlamentarios que sostienen que una medida de este tipo se puede llevar a cabo con una debida acreditación médica.
La diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), mostró su rechazo a la indicación y aseguró que “es una indicación que no me parece y que al momento de ser discutida en la sala buscaremos rechazarla, ya que es inmoral que aquellos que han cometido graves delitos de lesa humanidad puedan cumplir las condenas en sus casas, ya basta de darles privilegios a quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a compatriotas”.
De la misma forma, la parlamentaria también argumentó que “tienen cárceles especiales, la que también espero que sea usada para otros fines, y no es posible que particularmente quienes han cometido este tipo de vejámenes puedan tener una libertad condicional por padecer alguna enfermedad terminal o problemas de salud mental”.
Cabe destacar que la ley en la que fue aprobada la indicación recién pasó su primer trámite y debe ser aprobada por la Cámara Baja.
En la misma línea, el parlamentario y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), señaló que “en principio parece una medida de humanidad para personas que enfrentan condenas por delitos y que están afectadas por enfermedades terminales. No obstante hay que analizar con cuidado el alcance de esta norma, porque hay personas que han cometido delitos gravísimos, como los vinculados a violaciones a los derechos humanos, que me parece no pueden acceder a un beneficio de este tipo”.
En base a lo último, el vicepresidente de la Cámara aseguró que, previo a su votación, “creo que hay que evaluar la norma y ver en detalle cómo se aplicaría”.
La polémica indicación recuerda a la idea que el año pasado propuso Republicanos -sin éxito- en el Consejo Constitucional, en el fallido segundo proceso constituyente, bajo la cual, según advertía entonces el Gobierno, más de la mitad de los beneficiados de la norma iban a ser condenados por causas de Derechos Humanos. También en enero el Senado rechazó un proyecto de ley similar.
Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG), representante del Distrito 21 de la Región del Biobío, consultada por la indicación, manifestó que “es un tema complejo porque podemos apelar a los derechos humanos, podemos apelar a que las personas que estén con enfermedad terminal puedan salir a morir en su casa rodeados de su familia, eso yo lo puedo lograr entender”.
No obstante, la parlamentaria precisó que hay casos en los que no se podría aplicar la indicación y agregó que “no comparto la idea de que aquellas personas que están presas por violaciones sexuales, que el Ministerio de Justicia habla de un 29,7%, que es un porcentaje alto, pero no aclara las cifras, pero no comparto en ese caso que ellos salgan con edad cumplida de 75 años, porque a mi criterio siguen siendo un riesgo para la sociedad, un riesgo para los niños, por ende no debieran estar con la sociedad”.
La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) hizo su análisis respecto de la indicación y sostuvo que, de aprobarse la ley despachada por la comisión de seguridad, se deben analizar todos los casos y considerar los informes médicos.
“Creo que una medida de este tipo se puede llevar a cabo siempre y cuando se acredite con informes médicos que esa persona está en una condición de enfermo terminal. Además me parece que es prudente analizar el caso a caso”, dijo la congresista.
Además, Perez añadió que la indicación debe ser “considerando cuál es la condena que enfrenta esa persona y la causa por la que se encuentra privado de libertad. Hay que ser sumamente prudentes con una indicación de este tipo, para que no sea mal utilizado y finalmente se termine otorgando a quienes no cumplen con esta condición”.