Política

Uno de los partidos del Frente Amplio: Tricel ordenó la disolución de Comunes

Los motivos son faltas graves y reiteradas por parte de la tienda política. En el Biobío, el partido cuenta con más de 200 miembros.

Por: Anibal Torres Durán 31 de Mayo 2024
Fotografía: Contexto

A través de una sentencia, este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decretó la disolución del Partido Comunes. Esto tras la solitud presentada por el Servicio Electoral (Servel), argumentando faltas graves reiteradas por parte de la tienda política que es parte del Frente Amplio.

Cabe señalar que el Partido Comunes ha sido sancionado en diversas ocasiones por no cumplir con la obligación legal de justificar el destino de los recursos públicos obtenidos en el plazo establecido, en base a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios (PAS).

De acuerdo con lo expuesto por el Tricel, el sentenciador tiene la convicción que la denuncia interpuesta por el Servicio Electoral efectivamente cumple con todos los requisitos, establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley N°18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, para ser acogida.

“Por los motivos expuestos y normas legales citadas, se acoge la solicitud del Servicio Electoral a fojas 310 y se dispone la disolución del Partido Político Comunes”, consigna la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, redactada por el ministro instructor en primera instancia, Sergio Muñoz.

En la Región del Biobío, en línea con los datos proporcionados por el Servel, la tienda política cuenta con 279 miembros en sus filas.

El fallo también establece que “el partido no está en condiciones de realizar un manejo institucional de los fondos que se les proporciona por el Estado para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines”.

Además, se argumentó, dentro del dictamen, que “el interés que pueda manifestar sus actuales autoridades por continuar con la organización política no es suficiente para mantener el funcionamiento y la continuidad de Comunes, por cuanto ello implicaría la renuncia de parte del Estado de hacer efectivas las claras responsabilidades previstas por el legislador”.

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