Tras 56 días sin operar, Puerto Coronel retomó sus funciones. Con pérdidas directas cercanas a los US$10 millones y la intervención mediadora del Gobierno para resolver el conflicto, ha surgido el debate respecto de considerar los terminales portuarios como infraestructura crítica; la elaboración de una nueva ley de puertos; la consideración como empresas estratégicas; entre otras aristas.

Es en esa línea que la diputada del Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), sostiene que, tras lo ocurrido con el terminal portuario coronelino, se debe considerar la elaboración de una nueva ley de puertos que contemple un mejor funcionamiento de los terminales marítimos y entregar mejor condiciones laborales para quienes trabajan en estos espacios. Esto va de la mano con una revisión a las empresas que desarrollan estas funciones.

“Lo que creo es que la discusión no se debe centrar particularmente en la consideración de los puertos como parte de la infraestructura crítica, sino más bien que podamos avanzar en una nueva ley general de puertos, en donde se regulen aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de los terminales marítimos y con esto otorgar mejores condiciones laborales para quienes allí trabajan”, expuso Acevedo.

En la misma línea, la parlamentaria agregó que “es necesario apuntar a mejorar las relaciones laborales entre los distintos actores, validando el rol de los dirigentes sindicales quienes representan el sentir de los y las trabajadoras”.

Paralelamente, otros congresistas argumentan que los puertos, como el de Coronel, deben ser considerados como infraestructura crítica para resguardar su correcto funcionamiento, apuntando a su importancia en el desarrollo económico de los territorios. Esto se ve reforzado en la Región del Biobío con su amplia red de puertos

“No hay duda que se trata de infraestructura crítica y que frente a situaciones de conflicto requieren un resguardo particular. Pero no sólo es infraestructura crítica, sino que también estratégica para el desarrollo económico de la zona. Los puertos generan empleo y permiten que otras actividades productivas puedan exportar sus productos, por lo tanto es un eslabón fundamental en la cadena comercial”, sostuvo Eric Aedo (DC), parlamentario y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por su parte, el también diputado por el Distrito 20 de la Región del Biobío, Félix González (PEV), reforzando la idea de considerar los terminales portuarios como infraestructura crítica y la relevancia de la intervención del Poder Ejecutivo, puntualizó que lo ocurrido en Puerto Coronel y sus afectación “no solamente va en perjurio a la empresa que tiene a cargo el puerto, sino que le afecta a la Región y, en este caso, Puerto Coronel afectó incluso a exportadores argentinos. Esa es la importancia de los puertos y por eso es que siempre es necesario que el Gobierno intervenga si es que alguna de esas infraestructuras no está operando correctamente”.

El senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS), explicó los alcances de considerar los puertos como infraestructura crítica, dentro de la materia de seguridad en su funcionamiento, y dijo que “son lugares en donde ocurren situaciones que tienen que ver con la seguridad del Estado si uno lo mira desde ese punto de vista. Se producen embarcaciones, se produce almacenamiento de carga que puede ser además de alta seguridad, producto de líquido o explosivos que pueden quedar almacenados dentro de los puertos o que llegan en las embarcaciones”.

Cabe señalar que actualmente, de acuerdo a la Ley N° 21.542, la infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medioambiente o a la seguridad del país.

Bajo ese contexto, se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.

De la misma forma, Saavedra se refirió a la idea que surgió de establecer a los puertos como empresas estratégicas y manifestó que se debe transparentar el debate, ya que aquello implica que los trabajadores portuarios no cuenten con sindicatos o no tengan la opción de realizar una huelga.

“Sería mucho más directo -el debate- y si quieren declararlos como empresas estratégicas, con otros propósitos también es bueno revelarlo. Ya está bueno de discusiones que no van frontalmente al punto, si quieren que esto sea un lugar estratégico para impedir que hayan organizaciones sindicales y huelgas es mejor decirlo”, declaró el senador.

Para el también senador de la Región, Enrique Van Rysselberghe (UDI), indicó que el proyecto que se discute en el Senado sobre la protección de infraestructura crítica no define sectores o áreas específicas, sino que delega en el Ministerio de Interior el determinar, por medio de un Decreto Supremo, qué sectores o áreas productivas sean consideradas como Infraestructura Crítica.

“La infraestructura portuaria debería estar considerada dentro de este decreto, toda vez que son áreas claves para el transporte y abastecimiento del territorio nacional y la economía, por lo que su interrupción, toma o un eventual atentado contra sus dependencias pondría en riesgo no sólo el intercambio comercial del país, sino el abastecimiento de elementos vitales para la población”, aseguró Van Rysselberghe, sumando que “un buen ejemplo para determinar lo que se debiera considerar como Infraestructura Crítica es lo que vivimos como país durante la pandemia, donde se definieron áreas de la economía del país que siguieron funcionando pese a las cuarentenas y donde los puertos estaban efectivamente considerados”.