El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, cuestionó la posición contraria de la Superintendencia de Educación a la utilización de detectores de metales para controlar ingreso de estudiantes en colegios de Lota.
Medida que persigue aplicar el alcalde lotino, Patricio Marchant, ante hechos de violencia ocurridos en el último tiempo en las afueras de establecimientos educacionales de su comuna.
“En todos los aeropuertos del mundo hay detectores de metales y otras herramientas que pudieran significar un riesgo. Por lo tanto, no hay razón alguna para decir que alguien lo denigra el hecho de que se le brinde seguridad. Lo que no puede ocurrir es que se acuchille o se le dispare a estudiantes o a profesores”, dijo Rodrigo Díaz.
“Y tampoco debiera ocurrir esto en ningún establecimiento de salud. Sin embargo, ocurre. Lo que hay que hacer es mejorar los estándares”, agregó.
La respuesta de Díaz fue planteada en el contexto de la nota publicada por Diario Concepción este martes, donde la Superintendencia de Educación estableció que rechazará los gastos realizados para la compra de esos detectores de metales, en caso de que dichos recursos salgan del presupuesto para el área educacional que maneja el municipio.
Luego, el gobernador regional aludió a un fallo de la Corte Suprema respecto de una situación muy similar que ocurrió en Valparaíso.
“En ese fallo se dice que tienen toda la razón para poder implementar estas medidas. Cuando una agencia del Estado, en este caso Superintendencia de Educación, resuelve algo solo pensando en su metro cuadrado de competencias y olvida que el país es uno solo y que el deber de los empleados públicos es actuar coordinadamente para construir bien común, es decir, en este caso de estudiantes, para que no los acuchillen o no los disparen, lo que se debe hacer es enmendar”, destacó.
Finalmente dijo que “y en esto hay una resolución. Yo sé que los fallos son defectos relativos, pero el Ministerio de Educación debería rescatar un aprendizaje, porque lo que no queremos es que por burocracia o por procedimientos administrativos la salud de las personas, su seguridad, se ponga en riesgo. No va a haber derecho a la educación si no hay seguridad para que la gente asista a clases”.