Política

Representantes del Biobío respaldan recomendación de modificar legislación sobre violencia escolar

Ley 20.536 sobre violencia escolar no ha sido modificada desde el año 2011.

Por: Diario Concepción 02 de Abril 2024
Fotografía: Contexto | Raphael Sierra P.

Por Eduardo Bascuñán

Diputadas y Diputados por la región del Biobío analizaron dicha propuesta y pese a las diferencias políticas, consideran que no existen motivos para no unificar acciones y mejorar esta problemática.

Tratamiento psicológico, suspensión de actividades y plan de trabajo para tratar problemáticas de agresividad son algunas de las propuestas que fueron aprobadas por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados para modificar la Ley 20. 536, sobre violencia escolar.

Dicha norma no ha sido modificada desde su creación el año 2011. Ante esto, Carolina Tello (PC), Mónica ARce (IND), Viviana Delgado (IND), Andrés Giordano (IND), Marta González (IND), Rubén Darío Oyarzo (PDG), Joanna Pérez (DEM), Alejandra Placencia (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC) solicitaron la propuesta.

Puntos relevantes para diputados y diputadas de la región del Biobío

Joanna Pérez (DEM), diputada por el Distrito 21, considera que la relevancia de la propuesta se centra en la implementación de una intervención y tratamiento psicológico para víctima y victimario y considera que “la norma actual contempla planes y prevenciones, pero no establece mecanismos para dar curso a episodios que se vayan produciendo. En ese sentido, esta es una solución puesto que permite afrontar el tema de violencia desde un enfoque psicológico, rompiendo el círculo y permitiendo la erradicación en las comunidades estudiantiles”.

Para Flor Weisse (UDI), diputada por la misma zona, el punto más importante es la atención psicológica para los victimarios y que este sea el modo de operar cada vez que sea declarada la denuncia por acoso. “Eso es importante ya que muchas veces las conductas de esa naturaleza se deben a alguna situación que no ha sido atendida y que desencadenan en esto”.

De la misma manera, Eric Aedo (DC), diputado por el distrito 20°, considera necesario y oportuno la aplicación de medidas que permitan apoyar a las comunidades escolares en la prevención.

Por su parte, María Candelaria Acevedo (PC) estima que uno de los puntos más importantes de la propuesta, es la creación de mecanismos de evaluación actualizados. “Hemos detectado que hay planes que no están a la par con algunos fenómenos que ocurren hoy, por lo que se torna necesario que estos vayan siendo actualizados constantemente y que, por lo demás, los planes cuenten con medidores verificables, con tal de comprobar el éxito o fracaso de la planificación”, dijo.

Acuerdo transversal en las falencias

Para la parlamentaria Acevedo la mayor falencia tiene relación con la falta de modernización de los planes de acción de la ley. “Recordemos que la ley se promulgó el año 2011, y desde allí a la fecha en Chile hemos tenido distintos cambios en el país, por lo que se vuelve necesario replantearse la ley, los objetivos y cómo lograrlos”.

A su vez, Eric Aedo insta a iniciar discusiones con expertos, profesores, padres, apoderados y con los propios alumnos pero primero: “Hay que reforzar la capacitación de los docentes en esta materia, generar instancias de rehabilitación de victimarios, particularmente cuando se trate de menores de edad y apoyo a las familias y a las víctimas”, concluye.

Flor Weisse sostiene que la principal falencia es la prevención y que un punto principal a abordar debiese ser la familia: “Muchas conductas violentas tienen orígenes en situaciones que los estudiantes, llevan desde la casa, incluso pueden ser conductas que en el hogar aprendieron o quizás maneras de solucionar conflictos al interior de las familias que luego se llevan a los establecimientos educacionales”. Además, cree que hay que buscar la manera de realizar talleres o mayor número de intervenciones en las familias.

Para la diputada Joanna Pérez la falencia principal es que esta ley se centra en elementos y trabajos de prevención y formación, pero no se encarga del problema que origina la violencia. Así mismo, no establece medidas de protección efectivas para las víctimas ni para el victimario.

Pérez cree que la ley actual es un avance, pero, añadió que “no combate el fondo de la situación, que es el origen de la violencia y trabaja para reducirla con los niños cuando se produce”.

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