Desde el Gobierno apuestan por el proceso investigativo que lleva adelante la Comisión Antidistorsiones. El proceso, hasta ahora, ha dado resultados insuficientes para salvaguardar la siderúrgica, según congresistas y los sindicatos de la usina.
La crisis que atraviesa Huachipato se torna cada día más crítica. Quienes más lo sienten y perciben, indiscutiblemente, son los más de 20 mil trabajadores -directos e indirectos- que hoy, en vista de todo lo que ocurre, ven cómo pende de un hilo su futuro laboral y, en la reflexión más universal, cómo podría perderse uno de los últimos bastiones industriales del país y punto clave de la economía local.
A raíz de aquello, y desde que CAP anunció un cierre paulatino de la usina, han surgido diversas ideas que apuntan a revertir el escenario. En efecto, además de lo que ha propuesto la Comisión Antidistorsiones -insuficiente tanto para parlamentarios como para los sindicatos de la empresa-, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) planteó una reforma constitucional para crear un arancel temporal del 50% al acero chino y, por otro lado, el senador Gastón Saavedra (PS) propuso la creación de una nueva entidad en la que el Estado posea al menos el 51% de las acciones de la empresa.
Sin embargo, a pesar de que el planteamiento del senador Saavedra ha tomado fuerza en la opinión pública y ha sido objeto de evaluación por parte de autoridades políticas, el académico de Facea UdeC y analista del Observatorio Corbiobío, Ariel Yévenes, indicó que no resuelve el problema de fondo y que, además, podría traer consecuencias negativas para las finanzas estatales.
De acuerdo a lo manifestado por el senador Saavedra, su idea se centra en recuperar el control estatal en la producción de acero.
Sin embargo, esta es una de las líneas estratégicas que propone el parlamentario, porque son dos. “La empresa tiene que, ahora ya, hacer la presentación de la reconsideración por parte de la Comisión Antidistorsiones de Precio para reevalúe su actuación y, al mismo tiempo, dé como resultado esta revisión los guarismos que se requieren para el funcionamiento establecido de la empresa. Es decir, llegar a un 25% sobretasa para el producto de barras de acero para bolas de moliendas de cobre”.
Segunda consideración, y aquí es donde se le posiciona al Estado un rol clave, “es el tiempo de la participación del Estado en la producción del acero. Eso significa que el Estado debe hacerse parte de una nueva empresa, de carácter mixta, en donde es el 51% propietario de las acciones de esta empresa. Luego está entonces la relación con la empresa para constituir este holding y, al mismo tiempo, un proceso de desarrollo con innovación tecnológica, con una apuesta por el hidrógeno verde y por el acero verde; eso nos va a permitir que tengamos más estabilidad financiera, productiva y con ello tener una acería ya de carácter nacional que tenga sentido estratégico”.
Saavedra agregó que, de lograrse esta participación estatal, se podría asegurar a CAP Minera un mercado de un 1 millón 600 mil toneladas anuales para producir 1 millón de toneladas de acero.
“En suma, ganamos todos, pero el que gana es el país y su futuro, a partir de una decisión en donde el Estado vuelve a ser parte de la producción de acero como lo fue en su origen”.
Recordemos que la Compañía de Acero del Pacífico se fundó con la creación de la Corfo y luego fue privatizada en la década de 1980 por la dictadura militar, proceso de venta de empresas nacionales a las que se sumaron la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), la Industria Azucarera Nacional (Iansa), la Línea Aérea Nacional (LAN), entre otras.
Ariel Yévenes, académico de Facea UdeC y analista del Observatorio Corbiobío señaló respecto al planteamiento del senador Saavedra que este no resuelve el problema de fondo. “Si bien es cierto que se plantea como una salida al problema, hay que considerar una salida de ese tipo como una medida de extrema urgencia”, y es que, “a la larga, o a mediano plazo, no resuelve el problema de fondo”.
“Aquí hay un asunto competitivo de mercado donde hay un producto que es importado y que llega a precios inusualmente bajos. Por lo tanto, cualquier solución que se plantee en términos de cambiar la propiedad de la compañía, viene a paliar un problema urgente y muy coyuntural; pero si esas medidas no van aparejadas de elementos competitivos por una parte, y por otra de la revisión de la situación en términos de competencia que se produce con los mercados internacionales y con los productos importados, el problema no se resuelve, sino que más bien se arrastra en el tiempo”, dijo Yévenes.
En conclusión, y el porqué del estallido de la crisis de la empresa acerera es porque los precios de los productos chinos importados que llegan al país, “no propicia que haya una competencia de la producción local. Entonces, como digo, cualquier medida que se tome que vengan a atender la coyuntura, tiene que mirarse también en una perspectiva también de largo plazo en torno a cómo se fortalecen y mejoran las condiciones competitivas para que la empresa pueda proyectarse”, sostuvo el analista de Corbiobío.
Dentro de las posibles soluciones que vislumbra y reflexiona Ariel Yévenes ante la problemática de la empresa acerera es que se requiere “revisar condiciones de competitividad y, por otra, la revisión de los precios a los cuales llegan estos productos”. A lo anterior sumó que “no hay que soslayar que hay una gran cantidad de aprendizajes competitivos en torno a estas grandes industrias que cuando se pierden, o se hacen procesos de reconversión productiva, a veces se pasan por alto; y estos aprendizajes pueden llevar a un mejor posicionamiento de otros productos o que emergen algunas innovaciones”.
“Yo echo de menos, como digo también a propósito de estas circunstancias, una mirada más integral, sobre todo del sistema productivo, en una lógica de prospectiva científica, tecnológica y de mercado, visualizando qué productos se pueden desarrollar a mediano y largo plazo”; en efecto, Yévenes lleva su pensamiento a realizar una radiografía del mercado internacional y ver qué productos pueden comenzar a desarrollarse en la Región”.
En relación a la propuesta, el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, señaló que “como Ministerio estamos focalizando todos los esfuerzos para que se presenten nuevos antecedentes ante la Comisión Revisora de Distorsiones de Precios y, en la medida en que eso ocurra, se podrá hacer un análisis con mayor profundidad”.
“Hay que recordar que la Comisión Antidistorsiones aún no concluye su proceso investigativo y de aquí a los próximos meses deberíamos tener antecedentes adicionales que permitan tener una decisión definitiva que, en lo posible, ojalá sea favorable”, dijo el seremi Sepúlveda.
Ahora bien, con una respuesta focalizada en las iniciativas que han surgido al alero del proceso que lleva adelante la Comisión Antidistorsiones -proyecto de ley de la diputada Joanna Pérez y propuestas del senador Saavedra-, Javier Sepúlveda indicó que “cada una de ellas debe ponderarse de acuerdo a su mérito. Por supuesto que como Gobierno nosotros estamos disponibles para, primero, conversarlas, evaluarlas, y, posteriormente, tomar una definición al respecto; pero esa definición va a ocurrir una vez que se hayan revisado y evaluado estas ideas o alternativas legislativas”.