Congresistas del oficialismo divididos ante solicitud de apoyo en seguridad pública a FF.AA

Un posible llamado a efectivos militares para que colaboren con las tareas que realizan las policías en torno al orden público mantiene miradas contrapuestas en parlamentarios de Gobierno.

Tras las variadas solicitudes de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana al Gobierno para que efectivos de Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en casos críticos de orden público, resurgió nuevamente el debate respecto a si estas instituciones castrenses pueden, están capacitadas y deben ser llamadas por el Ejecutivo a colaborar con la seguridad pública de ciertas zonas urbanas.

Primero vino la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quien solicitó al Gobierno “la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas”. Luego se sumó el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC); la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS); el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN); el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (CS), entre otros jefes comunales.

Alcaldes y alcaldesas coinciden en la necesidad de incorporar al Ejército en labores de mantener a raya la seguridad pública, pero siempre y cuando hayan instrucciones claras y objetivos previamente determinados; y acá entra al debate el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica.

La apertura del Ejecutivo para que FF.AA salgan a las calles

Ante las reiteradas peticiones de jefes comunales del Gran Santiago, el Presidente Gabriel Boric no descartó la posibilidad de que el Ejecutivo impulse alguna medida que no obligue a decretar Estado de Excepción para que efectivos militares contribuyan a la seguridad pública en las urbes.

En plena entrevista en Radio Condell, el Jefe de Estado manifestó que el Gobierno evalúa, junto a partidos políticos, impulsar una “reforma constitucional que habilite a hacerlo (enviar tropas a las calles) mediante decreto transitorio y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso”.

Sin embargo, para dichos efectos expertos y autoridades políticas han manifestado que se vuelve necesario tener un Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF) detallado antes de enviar tropas a zonas críticas, para que así los efectivos tengan claro en qué situaciones podrán interceder y poner en práctica su entrenamiento que, como dijo el general Iturriaga, no tiene por objetivo mantener el control del orden público.

Congresistas del oficialismo

Para el senador Gastón Saavedra (PS) “el problema principal que tiene el país es el de seguridad pública, y por lo tanto esto tiene que tener medidas que den cuenta de la superación de esta; y una de ellas es que tengamos, sobre todo en puntos críticos -en donde hay mucha delincuencia y actos que atentan contra la vida de las personas y operaciones del crimen organizado- que redoblar los esfuerzos por parte de no solamente las policías, sino que el acompañamiento, como se hace en otras sociedades, de los militares”.

Debido a la contingencia que viven algunas zonas del país es que el senador Saavedra respalda que efectivos militares apoyen las labores policiacas. “Tenemos que, por supuesto, dejar nítidamente establecido cuáles son las facultades que ellos tienen y por eso que el Reglamento del Uso de la Fuerza que hay que legislarlo y adecuarlo a una normativa que nos asegure, además, que van a ser respaldados, pero que al mismo tiempo en el proceder, este será el más adecuado y de buenas prácticas, asegurándonos que su presencia sea disuasiva y permita con ello ir controlando a quienes son delincuentes. Es uno de los caminos que tenemos que emprender como país para traer la paz social a las diferentes comunas”.

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) indicó que “lo primero que debemos dilucidar es lo que ocurre con las Reglas de Uso de la Fuerza mucho antes de pensar en implementar de forma transitoria o permanente el apoyo de las Fuerzas Armadas en las distintas comunas del país”.

“Dicho eso, creo que no hay que cerrarse al estudio de múltiples medidas, pero no creo que el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestras ciudades sea la panacea al problema. Si así fuese, los delitos en la Provincia de Arauco, Biobío y la región de La Araucanía se habrían acabado y no es así”, dijo la diputada Acevedo.
En ese sentido, la diputada comunista agregó que “me quedo con lo señalado por el general Iturriaga, quien señaló que sus funcionarios no tienen formación en labores en las que hay que interactuar con la población. Más claro imposible, no están preparados para esos trabajos y, por ende, no es la mejor medida”.

En tanto, la diputada Clara Sagardia (Ind-CS) indicó que “creo que las comunas no son un lugar de acción para los militares por más conflicto que haya con la delincuencia, ya que tienen delimitadas sus atribuciones que son la seguridad nacional, pero no la seguridad ciudadana. En este caso tienen que trabajar Carabineros, PDI, la Fiscalía y la Justicia, porque hay que perseguir a los delincuentes que existen y esa es tarea de la justicia, y no de la seguridad nacional que es trabajo de los militares. Así que no, creo que no corresponde, lo que corresponde es trabajar para potenciar a Carabineros y a las otras instituciones que se encargan de la persecución de los ilícitos”.

Y en relación con una posible modificación constitucional que habilite al Ejecutivo solicitar el apoyo de las FF.AA mediante decreto transitorio -como señaló el Presidente Boric-, la diputada Sagardia sinceró que “creo que el Presidente está estudiando todo lo que sea posible para administrar de la mejor manera el país. Cuando sea presentado en el Congreso, evaluaremos si esto corresponde aprobarlo o no”.

Reforzar policías y tramitar pronto Ley de Inteligencia

A todo lo anterior, la diputada Acevedo (PC) fue crítica respecto a algunas solicitudes indicando que “sigo pensando que acá hay bastante de populismo en dichas solicitudes. Si bien no podemos desconocer el avance del crimen organizado y con ello, nuevas formas de delincuencia, en donde se ve una escalada en los delitos de alta connotación, lo concreto es que el número general de delitos va a la baja”.

“Entonces lo que creo es que debemos darles nuevas armas a nuestras policías, y me refiero principalmente a aquellas vinculadas a la inteligencia, en donde la nueva ley en la materia está entrampada hace mucho tiempo y es más que necesaria ante las nuevas formas de criminalidad”.