Continúan los desencuentros entre el oficialismo y la oposición por la recientemente aprobada Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres. Y es que una vez despachada la norma desde el Congreso al Ejecutivo, congresistas opositores ingresaron una solicitud al Tribunal Constitucional (TC) para que este desestime un inciso del artículo 12 de la materia.

En resumen, los incisos de dicho artículo de la ley refieren a las nuevas obligaciones que el Ministerio de Educación tendrá que llevar a cabo una vez se promulgue la ley, y estos refieren a promover una educación no sexista con igualdad de género y la prevención de la violencia de género en todas sus formas.

El punto de discordia, en resumen, se genera porque el Mineduc deberá mandatar a todos los establecimientos educacionales del país reconocidos por el Estado a cumplir con los objetivos anteriormente mencionados.

En estricto rigor, lo que los congresistas de oposición buscan es que el TC declare inconstitucional el artículo que desglosa nuevas directrices para una educación no sexista. Los argumentos de los parlamentarios se centran en que dicho artículo 12 se configura contrario a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.

El artículo de la discordia: De la prevención de la violencia de género en la educación
Según versa el artículo 12 de la ley despachada, que se encuentra en el Párrafo I “De la Prevención de la Violencia de Género”, el Mineduc deberá promover los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género.

En el inciso siguiente de dicho artículo se expone que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”; este es el artículo de la discordia.

Además, en incisos posteriores que componen el artículo, también se establece que los planes de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos, la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria.

A esto se suma que las instituciones de educación superior también deberán incorporar dichos contenidos, sumando otros relativos a derechos humanos y de prevención contra la violencia y discriminación de género.

En efecto, son dicho artículo y el primer inciso descrito lo que los 54 congresistas de oposición esperan que el TC considere inconstitucionales dado que atentaría contra la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos.

El requerimiento al TC y sus por qué

Dichos 54 congresistas que se unieron para la solicitud al TC son del Partido Republicano (Republicanos), Renovación Nacional (RN), Partido de la Gente (PDG), Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Social Cristiano (PSC), junto a algunos independientes que forman parte de alguna de aquellas bancadas.

Según lo mencionado por la diputada Francesca Muñoz (PSC), “este proyecto de ley contiene algunas normas que lejos de dar protección a las mujeres, impone visiones ideológicas absolutistas, vulnerando derechos fundamentales como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

La diputada Muñoz detalló que el Tribunal Constitucional “ya dijo que la educación no sexista era inconstitucional porque implicaría una imposición ideológica por parte del Estado en todos los establecimientos educacionales del país, lo cual consideramos que no corresponde que en una ley que busca dar protección a las mujeres, sea instrumentalizada para promover la ideología de género”.

En ese sentido, la parlamentaria del Partido Social Cristiano aseveró que utilizarán todas las herramientas que otorga el ordenamiento jurídico “para proteger a los niños, niñas y adolescentes y a todas las familias en contra de las injerencias abusivas de parte del Estado”.

Su par, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), explicó que se recurrió al TC “porque en el proyecto que se despachó a ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y que por cierto aprobamos, como la mayoría de los proyectos del Gobierno, viene con un sesgo ideológico”, por lo que “estamos recurriendo al TC porque en el artículo 12, inciso 2, se atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

Un fallo en contra se podría volver a repetir

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) señaló que la nueva norma aprobada corresponde a una iniciativa “realmente relevante para nuestra sociedad. Desde hace un tiempo a esta parte, desde el Congreso hemos venido desarrollando diferentes iniciativas que van en sentido de avanzar en materias de equidad y justicia para las mujeres, pero todavía no es suficiente”.

Respecto a la solicitud de las diputadas y diputados de oposición sobre el artículo 12, la diputada de Demócratas señaló que “es una medida que era esperable porque incluso el Gobierno no tenía clara la incorporación de la perspectiva de género en los planes de Educación; pues, hasta minutos antes de la votación, desde el mismo Gobierno señalaban que no estaba integrado, situación que no era efectiva”.

“Aquí creo que los argumentos deberán ser resueltos por el Tribunal Constitucional respecto de su mérito, pero no hay que olvidar que hace algún tiempo el TC falló contra esta idea de perspectiva de género en la educación; situación que no habría de extrañar que nuevamente se repita”, sentenció la diputada Joanna Pérez.

“Moralismo no les permite ver más allá”

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), en tanto, se posicionó crítica frente a las acciones de sus pares congresistas indicando que “la oposición desconoce el real aporte de la educación sexual. Están sumamente comprobados los beneficios de la educación en esta materia, pero al parecer toda evidencia científica que se pueda aportar no es suficiente para ellos cuyo moralismo no les permite ver más allá”.

A lo anterior, agregó que “en este tema hay una variante que no es menos importante, y tiene relación con que los sectores más vulnerables no cuentan con una posibilidad real de acceder a una educación sexual, aprendiendo todo vía internet o los amigos, a diferencia de quienes recurren al TC”.

Sincerando la diputada Acevedo con que espera que el Tribunal Constitucional falle en contra de la solicitud de la oposición y que la ley se mantengan tal cual fue aprobada en el Congreso, indicó que la norma en sí es “sumamente importante dado que, entre otros puntos, garantiza la tutela estatal para que la violencia contra las niñas y mujeres sea prevenida y sancionada; establece medidas de protección y de restitución de los derechos vulnerados cuando se produzca, así como generar mecanismos para erradicar todas las manifestaciones de violencia de género”.
En ese sentido, la diputada Acevedo detalló que son principalmente las mujeres quienes son víctimas de la violencia de género. “Basta con mirar algunas cifras que, de las 7.945 denuncias por violencia intrafamiliar recibidas en el Biobío en 2023, el 74% de ellas (5.883) fueron en contra de las mujeres”.

Para la diputada Clara Sagardia (Ind-CS), la nueva normativa aprobada es “una ley necesaria que se venía tramitando de hace seis años en el Congreso, en lo cual estábamos muy atrasado como país ya que en otros países de Latinoamérica hace mucho tiempo que han aprobado este tipo de leyes, lo que ha tenido muy buena aplicación”.
Respecto a la acción impulsada por congresistas de oposición, la diputada Sagardia indicó que “es necesario que haya la educación que establece el artículo 12 que están impugnando ante el Tribunal Constitucional, ya que la base para que no haya violencia de ninguna especie es la educación ¿Dónde tenemos que comenzar? Es en las escuelas, en los colegios, en la educación superior (…) porque la ley sin una educación o protocolo de educación que establece el artículo 12, sería como si no existiera”.

También desde la UDI, la diputada Flor Weisse -firmante de la solicitud junto a las diputadas Pérez y Muñoz-, explicó que “consideramos que esta iniciativa atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho que tienen los padres de escoger la educación de sus hijos, al permitir promover en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, la educación no sexista con igualdad de género”.

“Consideramos que la disposición adolece de un ocio porque contraviene la libertad de enseñanza: por un lado, impone y por otro excluye. En el primer caso impone a los establecimientos un enfoque único y por otro lado es excluyente en la educación de la persona y su sexualidad. Por otro lado, nos parece que hay temas más relevantes que tienen que ver con los establecimientos educacionales a los que hay que dedicar tiempo y voluntad política para avanzar”, dijo la diputada Weisse.