Fortalecimiento del Ministerio Público contempla aumento de Fiscales y unidades especializadas

Senadores locales consideran vital la iniciativa que permitirá combatir de mejor manera el crimen organizado, delitos violentos y de alta connotación pública.

Las nuevas modalidades de delictivas, el aumento de los delitos violentos y de alta connotación pública hacen necesario fortalecer el Ministerio Público, entidad encargada tanto de dirigir las investigaciones de los delitos, así como de conseguir condenar a quienes los cometen.

Y es que, si bien ya es ley la Fiscalía Supraterritorial, nueva repartición al interior del Ministerio Público, división que estará especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, uno de los temas pendientes es el fortalecimiento integral del organismo persecutor.

De ahí la importancia de que el Senado, luego de un proyecto presentado por el Ejecutivo, esté contemplando un aumento sustancial de la dotación de fiscales y, además la creación de nuevas unidades especializadas que permitan combatir la criminalidad en todo el territorio nacional.

Tras una serie de audiencias con autoridades y asociaciones de funcionarios Fiscalía, la iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda, área que se encargará de ver los alcances financieros que implicará desarrollar el proyecto, antes de ser remitida a la Sala.

Alcances

En sí, el proyecto busca reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la eficacia de las investigaciones, así como la persecución penal, además de la atención a víctimas y a testigos de delitos.
Para ello, modifica la estructura, aumenta la dotación y adecua los mecanismos de evaluación e incentivos al desempeño institucional del Ministerio Público.

A pesar que el año pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el incremento de la dotación permitiría llegar a mil fiscales adjuntos, la iniciativa propone aumentar un total de 819 cargos que se dividen en 4 jefes de unidad; 205 fiscales adjuntos; 337 profesionales; 118 técnicos; 150 administrativos y 5 auxiliares, en un período de cuatro años.

De acuerdo al proyecto original el aumento sería gradual: 89 cargos el primer año, 137 el segundo; 244 el tercero y 349 el cuarto año.

Sin embargo, tanto los senadores como el fiscal nacional, Ángel Valencia, plantearon modificar la gradualidad propuesta en el proyecto, buscando que el aumento sea más significativo los primeros años de entrada en vigencia, sobre todo, considerando que el incremento permitirá contar con más personal para la tramitación de causas, reforzar las unidades especializadas existentes y las que se quieren crear.

Además, dicho incremento será vital para fortalecer la operación de sistemas de turno y flagrancia; aumentar la cantidad de fiscales dedicados a la tramitación de causas en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal.

Cabe destacar, que Marcelo Leiva, ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, ha hecho hincapié en que se requieren a lo menos 957 fiscales y mil 222 abogados asistentes de fiscal para conformar equipos que asuman la carga, proyectada para 800 causas anuales por fiscal, pero que actualmente alcanza las mil 700 por cada profesional.

Cambios en la estructura

El proyecto contempla, además, una serie de modificaciones en la estructura del Ministerio Público, que van desde la creación de una Unidad de Supervisión Penal hasta la reincorporación de fiscales regionales al cargo de adjuntos, una vez que han concluido su período en ejercicio.

Asimismo, la iniciativa incluye la entrega de asignación profesional para administrativos y auxiliares que reúnan los requisitos necesarios; la reestructuración de divisiones funcionales y, el perfeccionamiento de los mecanismos de gestión institucional e incentivos en remuneraciones para fiscales y funcionarios del Ministerio Público.

Dichos incentivos reemplazarían al existente por desempeño individual por uno colectivo, basado en el cumplimiento de metas anuales fijadas para cada una de las fiscalías regionales y también para la Fiscalía Nacional.

Audiencias y debate

Previo a la votación en general de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se realizaron una serie de audiencias para conocer las opiniones de diferentes organismos como el Ministerio de Justicia, Fiscalía Nacional, Prevención del Delito, Defensoría Nacional Pública, Carabineros, PDI, funcionarios, asociaciones de funcionarios y fiscales del Ministerio Público.

En dichas instancias se planteó cambiar el sistema de gradualidad en el incremento de la dotación, que acogió el Ejecutivo, comprometiendo presentar las indicaciones.

Asimismo, se puso énfasis en la situación de los abogados ayudantes que, según las asociaciones, asumen labores propias de los fiscales que no implican incentivos y, la necesidad de reglamentar la subrogancia y suplencia de abogados ayudantes.

En cuanto a los fiscales, además del incremento, se solicitó que el Estado les entregue una debida formación, que se extienda a los abogados asistentes, antes que entren en funciones.

Mirada Regional

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Enrique van Rysseberghe, aseveró que la reforma al Ministerio Público es una iniciativa que se viene conversando desde hace años “y lo que busca es modernizar y adecuar a las nuevas realidades delictivas al ente encargado de la persecución de crímenes en nuestra sociedad, que nunca ha sido reformada o modernizada desde su creación”.

El parlamentario aseveró que el aumento en el personal de la Fiscalía a nivel nacional permitirá definir de mejor forma algunas funciones y entregarle nuevas atribuciones para la investigación de delitos.

A nivel regional, manifestó el senador, la reforma propuesta puede implicar importantes mejoras. “Ello en el sentido que permitirá que la Región del Biobío cuente con mayor personal y nuevas unidades, así como direcciones para la investigación de delitos específicos o de alta connotación pública”, aseguró van Rysselberghe.

En la misma línea, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que con las modificaciones propuestas se busca enfrentar las nuevas modalidades delictivas, delitos violentos y de alta connotación pública.

“Evidentemente se trata de mejorar las capacidades instaladas que existen en el Ministerio Público, dotando de mayor cantidad de personal porque la gran de investigaciones que tiene cada fiscal hace ineficiente el sistema. Por lo tanto, se trata de mejorar ese guarismo, con mayor cantidad de fiscales”.

Además, explicó el parlamentario, se deben adaptar mecanismos, tecnología y, al mismo tiempo, el respaldo legal frente “a lo que hoy es el crimen organizado, la operación del crimen organizado, la internalización de todo lo que son los delitos. Claramente con los procesos de migración, dejo claro que no estoy culpando a los migrantes, pero con esos procesos hay una nueva instalación en el país de formas de actuar”.

Recalcó que la delincuencia ha cambiado, así como quienes la ejercen, quienes son los delincuentes y causando temor en la población y daño, tanto en la propiedad como en vidas.

Por eso, según dijo, se contempla una nueva unidad de supervisión y persecución penal, que tiene que ver todos los procesos de investigación, por ejemplo, el crimen y bandas organizadas, así como el sicariato. Para ello, comentó, se requieren nuevos procedimientos y aplicación de medidas distintas para poder perseguir y sancionar a quienes son los responsables de este tipo de delitos.

Destacó que en la Región ya se legisló por el robo de madera en que había bandas operando para delinquir y, que incluía además, “la receptación, porque se vendía maderas robadas. Había una organización funcionado y, al mismo tiempo, hay delitos económicos que se dan por este tipo de acciones”, dijo.

Destacó que en las cercanías del Biobío se está generando fuertemente “el robo de camiones de salmones, situación a la que hay que poner atención, así como al tráfico y narcotráfico que está asolando a nuestra Región”.

Se contempla la creación de 819 nuevos cargos, que implicarían 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos y 337 profesionales, entre otros, para favorecer la investigación crímenes.