Son dos propuestas que han surgido en la discusión pública ante el actual escenario que aqueja a la empresa de Talcahuano. La complejidad de una estatización, dicen congresistas, es que requeriría una reforma constitucional.
Desde hace bastante tiempo que la situación económica para Huachipato se tornó compleja. De ahí en adelante que sindicatos de la siderúrgica, parlamentarios, ministros y actores políticos locales, tomaran cartas en el asunto para evitar un cierre de la empresa.
La gran complejidad se centra en la incertidumbre que aqueja a los trabajadores de la empresa ubicada en el puerto de Talcahuano; recordemos que hace unos días el laminador de barras dejó de funcionar y se estima el despido de unas 67 personas.
Ante eso, y como consignó Diario Concepción, hasta La Moneda llegaron 5 autoridades regionales; 19 organizaciones sindicales representadas por 34 dirigentes y 10 trabajadores de Huachipato, con el fin de entregar una carta al Presidente Gabriel Boric y explicar la situación.
A todo lo anterior, hay que sumar las ideas que algunos sectores han tratado de levantar para el encuentro de alguna solución. Un caso es el de la diputada María Candelaria Acevedo (PC), quien propuso que ante el complejo escenario de la única empresa del acero en el país se analizara una posible estatización de las industrias estratégicas nacionales -tomando como base lo ocurrido con Huachipato-, o bien, como han señalado otros congresistas locales, que el Estado pueda tener participación dentro de las filas acereras, adquiriendo la mitad más uno de la empresa.
Para la diputada Candelaria Acevedo, su propuesta surge tras la reflexión de que se ha presenciado cómo algunas empresas privadas terminan solicitando “salvatajes del Estado. Eso hoy pasa con Huachipato, pero anteriormente han sido otras compañías que han atravesado procesos similares”.
De ahí que su propuesta radique en realizar modificaciones a la actual Constitución para “permitir al Estado tener participación en empresas que cumplan con un rol estratégico para el país, “(desde el año pasado son 61)”, dijo.
El objetivo es aumentar “el rango de acción del Estado, permitiéndole una intervención mucho más directa, haciéndolo de forma rápida. Experiencias como esta tenemos ,sin ir más lejos, en el acuerdo de la Estrategia Nacional del Litio, en donde Codelco tendrá una participación importante en esta industria a la par de la empresa privada”, dijo Acevedo.
También dio ejemplos. Uno de ellos se centra en que “el Gobierno italiano nacionalizó la mayor planta de acero, no sólo de Italia, sino que de toda Europa. Es decir, la idea de la intervención de los gobiernos para darle continuidad a grandes empresas es algo que se está aplicando y que puede ser una solución a considerar”, señaló la diputada María Candelaria Acevedo.
Para el senador Gastón Saavedra (PS), al tratarse de un debate trascendente “creo que hoy hay una confusión respecto de definir empresas de carácter estratégico; situación que no está definida en ninguna ley en el país”.
Para efectos explicativos, el senador Saavedra señaló que dichas empresas denominadas estratégicas, se asocian tanto a la Constitución como al Código del Trabajo porque “no podrían tener el derecho a huelga ni al cierre temporal por razones de servicio y utilidad pública”.
En ese punto, el senador propuso que el debate debe ser otro: “Que por ley se permita al Estado chileno asociarse, por ejemplo, con Huachipato, y así el Estado podría inyectar recursos públicos comprando el 50,1% y transformándose en el socio mayoritario de Huachipato; por razones de carácter estratégico”.
Aquel carácter, en palabras del senador, refiere a que “yo (el Estado) quiero mantener mi única acería que existe en el país y con ello, salvaguardar la seguridad nacional y la competitividad productiva del país”.
Para el diputado Eric Aedo (DC), una estatización de la siderúrgica no es opción. En síntesis, la propuesta “no la comparto. Es una medida populista que le habla a un sector y no resuelve el problema”, dijo Aedo.
Frente a las posibilidades de que el Estado sea un socio mayoritario de la empresa o que derechamente se genere una estatización, el diputado demócrata cristiano apuntó a que “no creo que esa sea la solución. No creo que el Estado sea mejor administrador frente a la competencia desleal del acero chino. El Estado hoy ni siquiera ha sido capaz de dar seguridad a los chilenos y chilenas frente a la delincuencia y el crimen organizado. No debemos perder el foco respecto al problema de fondo”.
En ese sentido, dijo el diputado Aedo, “lo que se requiere es una protección vía una carga impositiva al acero del país asiático”. Por lo demás, una estatización solo sería posible mediante una reforma constitucional “y los chilenos hemos rechazado ya en 2 oportunidades un cambio de Constitución, por lo tanto, no están las condiciones políticas para ello”, dijo.
Para la diputada Francesca Muñoz (PSC), en tanto, recalcó que autoridades regionales -como ella- ya se han reunido en reiteradas ocasiones con el ministro de Economía, Nicolás Grau; y con el Presidente, Gabriel Boric, para solicitar acciones ante la situación que acontece a Huachipato.
“Creo que antes de plantear estatizar, el Estado debe ir en apoyo de las empresas que son estratégicas y de las cuales dependen miles de trabajadores”, dijo Muñoz.
A ello, acuñó la necesidad de revisar los tratados de libre comercio y“esperar el pronunciamiento de la comisión anti distorsión, ya que todo indica que hay eventuales distorsiones provocadas por las importaciones desde China, además de las falencias que existen en el etiquetado de las barras de acero provenientes de este país”.