Parlamentarios apuntan a legislar sobre proyecto de Ley Integral de Salud Mental

Con el fin de potenciar las medidas de prevención ante el suicidio y robustecer sus capacidades ante las enfermedades que afectan la salud mental de las personas es que parlamentarios llaman a actualizar la normativa sobre la materia. La Línea de Prevención del Suicidio es *4141.

El sensible fallecimiento del exalcalde de Florida, Jorge Roa, además de generar un gran impacto social y público por el carácter del hecho, también hizo resurgir la pregunta de cómo se encuentra la actual normativa nacional en relación con la salud mental, como así también qué avances ha tenido el proyecto de ley que el Ejecutivo busca impulsar.

“No conocí a Jorge Roa, alcalde de Florida, pero sí sé del acoso y la violencia laboral, por testimonios de muchas personas durante la tramitación de la Ley Karin y, lamentablemente, también la he conocido en la Cámara. Mis condolencias a su familia”, dijo en su cuenta “X”, la diputada Erika Olivera.

También, recordemos que uno de los pilares de la campaña electoral del entonces candidato y hoy primer mandatario del país, Gabriel Boric, fue la salud mental. En efecto, desde hace un tiempo que el Ministerio de Salud viene trabajando en la formulación de un proyecto de ley de Salud Mental Integral, el cual pretende reforzar y complementar a la Ley N° 21.331.

Los últimos movimientos respecto a esta iniciativa, que aún no es ingresada al Congreso, datan de mediados del 2023, cuando las distintas reparticiones gubernamentales de salud en el país realizaron diálogos ciudadanos para escuchar, y detallar, cuáles son las urgencias en salud mental según la ciudadanía. Ante todo, fuentes de Diario Concepción afirman que se están afinando los últimos detalles de la iniciativa para poder ingresarla al Congreso.
Y, en estricto rigor, cabe destacar que la interrogante se posicionó en la esfera pública debido al mensaje que Roa dejó en su Facebook y, de acuerdo con información preliminar del Ministerio Público, tras lo cual se apuntaría a un suicidio. En la publicación Roa señaló que varias traiciones de colaboradores cercanos le habrían afectado tanto física como psicológicamente durante el último tiempo. Por lo mismo, tras su deceso, algunas autoridades comunales hicieron un llamado a cuidar la salud mental.

El debate y preocupación sobre salud mental

Tras la noticia del fallecimiento de quien fuera tres veces consecutivas jefe comunal de Florida, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dijo no saber las razones por las que Jorge Roa pudo haber atentado contra su vida, que sólo él las podía saber y que, tal vez, una detonante pudo haber sido alguna hipotética presión social que Roa pudo haber tenido tras protagonizar un choque en estado de ebriedad.

En esa misma línea, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, se refirió al suceso señalando que hay que hacer una reflexión respecto a lo sucedido, sobre todo porque las comunas pequeñas “tienen una alta carga de trabajo también para los alcaldes y los funcionarios municipales con bajo presupuesto”.

La alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez, apuntó a lo mismo: “ante los trágicos sucesos que marcan este momento, hacemos un llamado a la reflexión sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y de no normalizar el ciberacoso”.

Los porqués de la decisión de Roa, no se saben. Incluso, aún hay diligencias en curso para esclarecer su muerte. De todos modos, lo que él mismo publicó en su Facebook, que las “deslealtades y traiciones de mi personal de confianza” lo fueron “minando” en muchos aspectos.

Tomando en cuenta lo anterior, no son menores los desafíos que el Gobierno tiene en materia de salud mental, sobre todo cuando el tema se vuelve cada vez más cotidiano en el diálogo ciudadano. Incluso, el mismo Presidente Gabriel Boric ha mencionado públicamente que asiste a terapia y que es algo que todo ciudadano debiese/pudiese hacer.
Es una materia en la que los parlamentarios también ponen foco. Por ejemplo, la diputada Karen Medina (PDG), explicó que “es necesario debatir, discutir y buscar todos los caminos de apoyo que tengamos disponibles para llegar con atención a la salud mental que postpandemia ha empeorado, se ha agravado, y donde la demanda supera a la oferta que tenemos en nuestro país”.

El proyecto que prepara el Ejecutivo

Actualmente el país cuenta con una normativa referida a la salud mental, y corresponde a la Ley N°21.331 que fue aprobada en 2021 por el Congreso Nacional. Sin embargo, como se mencionó, tanto por ser promesa de campaña como también por ser una de las materias claves para el actual Gobierno, el Minsal viene trabajando hace un tiempo el proyecto de ley Integral de Salud Mental.

Dicha iniciativa, que aún no es despachada al Congreso, será compuesta en base a un proceso participativo con la ciudadanía debido a 18 diálogos sociales desarrollados en las 16 regiones del país; a esto se le suman otros 9 diálogos que se realizaron con grupos de interés específico.

Lo anterior, y de acuerdo con información compartida por la Seremi de Salud del Biobío, es sustentado en que el país requiere una “Ley Integral de Salud Mental” que complemente la ley 21.331; que permita potenciar el desarrollo de una Red bajo el Modelo Comunitario de atención en salud mental; que asegure su adecuado financiamiento; y que establezca compromisos interministeriales concretos para incorporar a la salud mental en todas las políticas.
A esto, desde el Minsal suman que la “fundamentación dice relación con que la legislación nacional en materia de salud mental, discapacidad y derechos humanos no está actualizada a los estándares internacionales, existiendo déficit en políticas intersectoriales de promoción de la salud mental”.

De tal forma, los objetivos que persigue el PL que bosqueja el Gobierno apuntan a generar condiciones para proteger la salud mental de la población de forma integral con estrategias propias del sector salud e intersectoriales; proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental; resguardar la calidad, la seguridad y el acceso en la provisión de servicios de atención de forma equitativa en relación a otras acciones de salud; y asegurar el derecho a la inclusión social de las personas con problemas de salud mental grave y persistente.
Bajo esos fundamentos, es que los diálogos ciudadanos han adoptado un carácter relevante en la materialización del proyecto de ley, ya que, mediante dichas instancias de diálogo, la autoridad busca identificar y caracterizar las principales problemáticas sobre salud mental en el país.

Parlamentarios

De acuerdo con la diputada Karen Medina (PDG), “lamentablemente, hoy contamos en la salud pública con 868 psiquiatras para todo el país. De ellos, 53 atienden por FONASA, lo que significa que toda persona que necesite ser atendida de forma particular debe pagar el bono en su totalidad. Y cuando hablamos de horas disponibles en los hospitales, las listas son eternas”

“Para poder legislar responsablemente, y considerando que esta ley no sea solo aplausos y títulos y que efectivamente se cumpla en el territorio y con la necesidad que demanda la ciudadanía, hay que abordar primero qué hacemos para cubrir con más psiquiatras, cómo buscamos que ellos se puedan especializar en este rubro y que además puedan atender en el sistema público que es donde está la mayoría de la gente”, dijo la diputada Medina.

En términos similares, el diputado Eric Aedo (DC) indicó que “sin duda que se requiere actualizar la ley y orientar la acción del Estado a la prevención de estas enfermedades que han ido aumentando en el país”.

Para Aedo, el debate debe centrarse en la prevención ya que “no es posible que este tipo de enfermedades avance entre los chilenos y que en muchos casos lamentablemente lleva a la muerte”, agregando que “debemos evitar este tipo de patologías y no esperar que se desarrollen, y para eso resulta fundamental reforzar el sistema público contando con más horas disponibles para atender a las personas, creando centros de atención de enfermedades mentales”.

Por lo mismo, el diputado Aedo expresó que espera que “el Gobierno pueda ingresar el proyecto para iniciar el debate de una ley que es un tema prioritario en la salud de los chilenos y chilenas”.

Por su parte, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) mencionó que “la actual ley de protección de la salud mental fue promulgada en abril de 2021, reconociendo este tipo de enfermedades y asegurando la protección para las personas que las padecen. En ese sentido, es el gobierno quien debe evaluar la efectividad práctica de esta norma y, si lo considera necesario, presentar un proyecto de ley que la mejore y perfeccione”.

Sobre esto último, Van Rysselberghe señaló que “entiendo que el Ejecutivo estaba trabajando en una nueva propuesta, pero hace meses que no tenemos novedades de ella y desconocemos mayores detalles sobre los aspectos que se querían abordar en relación con mejorar la atención de la salud mental de los chilenos.

Datos regionales sobre salud mental

De acuerdo con datos de atención pública de salud mental en el Biobío compartidos por la Seremi de Salud, en 2023 101 mil 541 personas (68.502 mujeres y 33.039 hombres) se atendieron bajo el Control de Salud Mental del Sistema Público de Salud.

En detalle, fueron 19.728 las personas entre 10 y 19 años atendidas por salud mental en el sistema público del Biobío; 24.867 de 20 a 44 años; 20.126 de 45 a 59 años; y 22.866 fueron los pacientes registrados que tienen entre 60 y más años.

Los diagnósticos mayoritarios fueron por otros trastornos de ansiedad, seguido por depresión leve y depresión moderada. Otros diagnósticos repetidos corresponden a trastorno bipolar, depresión grave, depresión con riesgo suicida, demencias, consumo problemático de sustancias y trastornos del desarrollo.

En el foco regional, la Seremi de Salud ejecutó en 2023 talleres escolares para promover la Línea de Prevención del Suicidio (llamar al *4141). Dichas instancias fueron compartidas para un total de 3.036 escolares de 7° básico a 4° medio, de 192 establecimientos educacionales, priorizados por índices de vulnerabilidad.

Además, la secretaría regional de Salud firmó junto a otros servicios una declaración para fortalecer el compromiso en el trabajo por la salud mental, como también la exposición de una obra de teatro referida al tema.
En sí, los desafíos regionales para este año se centran en el fortalecimiento de estrategias locales de salud mental y el desarrollo de un plan comunicacional de salud mental.