Congresistas locales difieren del plazo “para marzo” puesto por el Gobierno para aprobar ley de incendios

Propuesta del Ejecutivo aún se encuentra en tramitación, y el ministro de Agricultura espera que se despache a la brevedad. Pero, algunos parlamentarios poseen opiniones sobre la fecha y también de qué proyecto, de los varios que hay en tramitación, debe ser despachado.

Por Hugo Ramos Lagos

A raíz de los siniestros que afectan a la Región de Valparaíso reflotó en la discusión política uno de los proyectos de ley pendientes para la prevención y combate de incendios forestales. Este corresponde al texto presentado por el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en octubre de 2023, el cual busca idear pautas de planificación urbana. Referente a la iniciativa el ministro de agricultura, Esteban Valenzuela, indicó estar a la espera de “que esté aprobada por la Cámara los primeros días de marzo, y por el Senado a fines de marzo”.

Lo anterior, en el contexto, además, de que existen otras iniciativas legislativas que están en tramitación, las cuales también están en debate por su aprobación.

El cronograma establecido por el ministro Valenzuela abrió un debate local no sólo por la “exigencia” de cumplir con un plazo, sino también porque hay dudas sobre qué proyecto debe tramitarse primero, de los varios que están en discusión.

¿Qué dice el proyecto?

Entre los aspectos más importantes se encuentra la creación del Servicio Nacional Forestal, entre cien por ciento estatal que llegaría en reemplazo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y que contaría con mayores atribuciones de fiscalización y control.

En adición, los lineamientos del proyecto establecen la creación de ‘zonas de interfaz urbano-rural forestal’ (ZIURF), las cuales corresponden a espacios de convergencia entre ecosistemas boscosos y poblaciones humanas, y que según la texto, comprenden el 80 % de la población nacional y el 60 % de la incidencia de incendios forestales.

Paralelamente, la iniciativa gubernamental crea las ‘zonas de amortiguación forestal’ (ZAF), existiendo estas a falta de una zona de interfaz, radicando su diferencia en la flexibilidad que estas ofrecen. En paralelo, el proyecto busca reforzar instrumentos de fiscalización y aumentar sanciones hasta las 10 000 UTM por incumplimientos.

Por último, el plan determina la concepción de áreas de amenaza, siendo todas estas ―junto a las zonas de interfaz y las de amortiguación― fiscalizadas gracias a la creación del ya mencionado Servicio Nacional Forestal.

Discusión parlamentaria

Preliminarmente, el debate político no parece completamente idóneo para el Ejecutivo, ya que a diferentes parlamentarios de ambas cámaras les resulta extraño el comportamiento del Gobierno.

Sin ir más lejos, el senador oficialista por el Biobío, Gastón Saavedra, explicó que el proyecto puede tardar, ya que “afecta la propiedad privada, porque cada predio en donde hay plantaciones son terrenos privados. Entonces, las leyes van a afectar la cantidad de hectáreas que se tienen a determinar para todo lo que son cortafuegos, o áreas de separación, para permitir que haya seguridad respecto de las plantaciones”.

“Eso tiene que hacerse conversar por varios ministerios, como es el Ministerio de Obras Públicas, por otro lado, está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque tiene que ver con el uso de suelo. Por otra parte, también tiene que ver con el de Bienes Nacionales porque hay territorios que son públicos y otros no, por lo tanto, son una serie de articulaciones que se tienen que dar, y que, lamentablemente ralentizan los procesos legislativos”, agregó.

De igual manera, el diputado demócrata cristiano por el Distrito 20, Eric Aedo, expresó que se trata de “un proyecto de ley necesario y urgente, pero el Gobierno lo ingresó recién en octubre de 2023”.

“Por otra parte, está lo relacionado con las normas que establece el proyecto respecto a las áreas de interfaz que quedarán definidas y reguladas respecto a la vegetación y plantaciones. Esperemos que esta ley esté operativa la próxima temporada. Sin embargo, creo que es fundamental generar mayor coordinación y colaboración con la Fuerzas Armadas para patrullar estas zonas y prevenir la intencionalidad”, declaró.

Competencia entre proyectos

Sin embargo, también existen diferencias al respecto de los distintos proyectos presentados en el Parlamento. Sobre aquello, el diputado ecologista por el Distrito 20, Félix González, señaló que el del Gobierno “es un proyecto más integral que aborda los planes de manejo y el tratamiento de los residuos, pero le entrega atribuciones a un organismo que no existe, que es el Servicio Nacional Forestal”.

“La creación de ese servicio está recién en segundo trámite en el Senado, y el mismo proyecto dice que empieza a regir un año después, y que la implementación tiene varios años de puesta en régimen, por lo tanto, no nos sirve en lo inmediato. Es un buen proyecto, pero va a tener efecto no anterior a los tres años”, sostuvo.

“En cambio, el que presentamos en marzo (…), recién en octubre (el Gobierno) le puso urgencia simple, y al proyecto del Ministerio de Agricultura le puso discusión inmediata, debería haber sido al revés. Hemos estado insistiendo en tramitarlo, y si no es por la intervención del diputado Tomás Hirsch, presidente en la Comisión de Vivienda, el proyecto no se habría tramitado” continuó.

“Lo que necesitamos urgentemente es aprobar el nuestro, independiente de quien sea o de la autoría”, ya que según él los mismos municipios están esperando poder tener la atribución “en coordinación con Conaf para terminar de hacer los corredores a través de las líneas de alta tensión”, finalizó.

Finalmente, la diputada independiente por el Distrito 20, Marlene Pérez, también se mostró insatisfecha en cuanto al proyecto del Ejecutivo, y mantuvo que los diputados transversalmente presentaron “un proyecto con el mismo objetivo en enero del 2023 y el Gobierno no le dio la urgencia para haber contado con esta legislación en la actual temporada, dejando claro que el foco de las prioridades no lo tienen en las urgencias”.

“Asimismo, el Ejecutivo solo vino a presentar un proyecto similar en octubre de 2023 y solo lo tramitó hasta noviembre, fecha en la que se paralizó su estudio. Por ende, el Estado perdió todo un año para legislar sobre una materia que de haber estado aprobada quizás hubiera permitido salvar vidas. Así que no le creo al ministro Valenzuela, respecto de que quiera sacar esto adelante en marzo”, concluyó.