Congresistas del Biobío, autores y firmantes de algunas de dichas iniciativas, apuntan a que se deben legislar con prontitud para aumentar la prevención de siniestros.
A propósito de los incendios forestales que actualmente afectan al país en diversas regiones, hay una serie de proyectos de ley estancados en el Congreso Nacional y que buscan, precisamente, regular lo que ocurre con los suelos siniestrados post emergencia como también prohibir y alejar las plantaciones forestales cercanas al radio urbano.
Por un lado, se encuentra el proyecto de ley creado por el diputado Félix González (Independiente), el cual busca otorgar mayores atribuciones a los municipios y a Conaf para mandatar a empresas forestales a generar mayores cortafuegos como también para que, por ordenanza municipal, se les prohíba el monocultivo cerca de sectores urbanos.
Dicho proyecto de ley lleva ya unos diez meses en el Congreso Nacional y hace tan solo un mes, específicamente los primeros días de enero, fue despachado desde la Cámara Baja al Senado. Sin embargo, aún no puede revisarse debido al receso parlamentario.
A esto hay que sumarle también otros dos proyectos de ley que buscan regular lo que sucede con los suelos siniestrados post-incendios. Uno de ellos, de autoría de la diputada María Luisa Cordero (RN), busca establecer prohibiciones para el uso de suelos afectados por incendios forestales y aumentar las penas al delito de incendio; desde el 5 de enero de 2023 que se encuentra en primer trámite constitucional.
Otro que busca los mismos fines que el anterior, es el presentado por el diputado Diego Ibáñez (CS), el cual desde que fue ingresado a la Cámara Baja, el 17 de diciembre del 2020, aún se mantiene en primer trámite constitucional.
De acuerdo con el proyecto creado por el diputado Diego Ibáñez (CS), el cual fue ingresado el 17 de diciembre del 2020 a la Cámara Baja, rama del Congreso en la que aún se encuentra, busca, en resumidas cuentas, prohibir una serie de modificaciones a suelos siniestrados por un plazo de 30 años.
El artículo único que busca generar modificaciones señala que en caso de incendios en que se quemen bosques, entre otros cuerpos verdes, quedan prohibidas las siguientes acciones por el plazo de 30 años contados desde el cese del estrago: realizar cambios en el uso del suelo siniestrado por medio de modificaciones a instrumentos de planificación territorial; solicitudes y concesiones de permisos de edificación, subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones; y toda actividad incompatible con la recuperación de la cubierta vegetacional.
El diputado Félix González es uno de los congresistas que firmó dicha iniciativa. Tras ser consultado respecto al por qué de la demora en la tramitación, comentó que hay un error en la premisa del proyecto mismo, ya que este se funda en que son las inmobiliarias las que ocasionan los incendios forestales y que pretende la protección de sectores siniestrados post-incendios, no antes.
“Para ser muy concreto, el proyecto tiene algunos problemas de lógica. Por ejemplo, está bajo la tesis de que los incendios los provocan las inmobiliarias. Nosotros creemos que si bien hay casos de sospechas -en la Región de Valparaíso en particular-, la ley se hace para todo Chile. Entonces, está bajo la lógica de que va a prevenir los incendios, que no se van a provocar porque estarían motivados por un plan de uso de suelos para inmobiliario”, dijo González, pero hay un componente más para entender el porqué de la demora en la tramitación.
El diputado González cuando señala que “la ley se hace para todo Chile” es porque hay lugares que, después de siniestrados, no generan un interés inmobiliario, como los sectores más rurales, por lo que ahí sería más efectivo una legislación que busque la prevención.
Y es que, bajo la lógica del mismo proyecto, “la protección vendría después de siniestrado el suelo, y antes de siniestrado no tendrías ninguna protección. Entonces, si es un bosque nativo, la idea es protegerlo antes” recalca el diputado González. Por lo mismo es que él insiste en que se agilice la tramitación de su iniciativa, la “Ley Corta de Incendios”, ya que esta busca prevenir con medidas concretas en un plazo inmediato.
Entonces, debido a la lógica del proyecto de ley del diputado Ibáñez es que la misma iniciativa ha sido modificada dos veces a petición de su autor; “como tiene algunos problemas de lógica, el proyecto ha sido modificado e ingresado ya tres veces, o sea hay cuatro textos. (…) Siempre ha habido voluntad de tramitarlo, lo que pasa es que el proyecto está mal logrado”.
Por su parte, la denominada “Ley Corta de Incendios”, también mantiene un lento proceso en el Congreso Nacional. Si bien ya pasó a segundo trámite constitucional, el Senado se encuentra en receso legislativo, por lo que se vuelve difícil legislar antes de marzo sobre la materia.
Aunque si bien hay una posibilidad de legislar sobre la materia, según dijo el diputado González, esto se podría realizar siempre y cuando el presidente de la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), cite a una sesión extraordinaria en medio del receso.
A esto, el diputado González comentó que, si bien conversó con el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, con el fin de que se le impusiera suma urgencia a la “Ley Corta de Incendios” en el Senado, esto no ha ocurrido; y aunque sucediera, si no hay trabajo en la Cámara Alta, no tendría efecto alguno hasta marzo, luego de receso legislativo.
“Eso ya está pedido (la suma urgencia). Lo que pasa es que en febrero hay receso parlamentario entonces las urgencias del Gobierno no tienen efecto real. Si le ponen discusión inmediata, eso queda para marzo. Entonces lo que se requiere, si se quisiera aprobar ahora, es que el senador Coloma (el presidente del Senado), cite a una sesión especial. Votan. Que haya quórum, lo aprueban y el Gobierno tendrá que publicarlo en el Diario Oficial. De que se puede, se puede”, comentó el diputado González, sin dejar de lado de que, si esto sucede, la Cámara Baja debe estar atenta para pasar al tercer trámite constitucional.
Y señalando las cosas como son, el autor de la “Ley Corta de Incendios”, indicó que varios alcaldes del Gran Concepción le han manifestado querer en vigencia la ley, como también que ha recibido respaldos desde Conaf por las herramientas legales que dicha iniciativa generaría.
Como bien se mencionó, existe otro proyecto de ley que se encuentra estancando en la Cámara de Diputadas y Diputados desde el 5 de enero del 2023, día en que fue ingresado. Si bien tuvo movimientos en su ingreso a la Comisión de Medioambiente, hasta ahí llegó.
La iniciativa creada por la diputada María Luisa Cordero (RN), firmada por una serie de parlamentarios, entre ellos la diputada Marlene Pérez (Independiente-UDI), busca establecer una prohibición de 30 años en una zona siniestrada realizar cualquier actividad agropecuaria distinta al uso o destino que tenía el sitio al lugar al momento de producirse el siniestro o desastre.
Busca prohibir también cambios en el uso del suelo siniestrado, conceder permisos de construcción, alteración o ampliación de edificios u obras de urbanización de cualquier naturaleza, y desafectar un terreno declarado forestal de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del decreto de Ley N° 701.
La idea, entre varias, es que las áreas silvestres protegidas -como humedales y bosques nativos- mantengan siempre su condición original. La única excepción a los artículos señalados es que un propietario haya acreditado ante la autoridad competente, la reforestación de la superficie devastada por el incendio forestal con el propósito de restablecer la biodiversidad arbórea. Para este caso, se prohibiría cualquier plantación de monocultivos de Pino Radiata y Eucalyptus.
Además, el proyecto de ley en cuestión busca aumentar las penas contra aquellos identificados como autores de originar un incendio forestal, pasando de presidio menor en sus grados mínimo a medio a presidio menor en su grado medio a máximo; así también con otros artículos que pretender aumentar las penas por dicha acción delictiva.
Sin embargo, sigue sin avance algunos en la Cámara Baja. Respecto de esto, la diputada Marlene Pérez indicó que “es ya costumbre que los Gobiernos sólo tramiten proyectos de ley emanados del Ejecutivo y en este caso no fue la excepción. (…) Como siempre tiene que pasar una tragedia de esta naturaleza para que el o los Gobiernos califiquen con urgencia iniciativas que han pasado largo tiempo durmiendo en el Parlamento”.
Agregó que “es evidente que vamos a solicitar que se califique con la urgencia correspondiente para dar inicio al estudio de esta moción ¿Qué hubiese pasado si esta moción fuese ley ya? Se podrían haber salvado muchas vidas. Sin embargo, estamos acostumbrados a proponer por contingencias y pasado estas se olvidan de lo relevante que es regular una determinada omisión de una ley. Solo pido que no podemos volver a pasar otro verano sin haber legislado normas. La protección de la vida está por sobre todas las cosas”.