La Moneda propuso una iniciativa de amortiguación y estabilización, y plantea generar un nuevo subsidio para los hogares de más bajos recursos y con menos consumo. Parlamentarias del Biobío llaman a reflexionar en torno a la proposición.
Preocupación en congresistas locales genera una posible alza en las tarifas eléctricas anunciada por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Este aumento podría ser de hasta un 88% para las cuentas que más consumen. La razón principal es que los precios no han aumentado desde el 2019 producto del estallido social y, posteriormente, por la pandemia del covid-19, generando así una deuda millonaria con las empresas generadoras de electricidad.
Por lo mismo es que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía, ingresó un proyecto de ley al Senado con discusión inmediata para amortiguar el alza anunciada. La idea es aplicar una normalización gradual a las cuentas mediante un mecanismo que también permita pagar los saldos adeudados.
De acuerdo al debate público y a lo que también expresa la iniciativa ingresada por el Ejecutivo, desde 2019 que las cuentas de la luz se encuentran congeladas debido al covid-19, algo que se logró mediante la ley 21.185. Para sus efectos, el Gobierno de ese entonces estableció un fondo de $1.350 millones de dólares.
Luego vino el turno del descongelamiento planificado de las tarifas, el cual estaba previsto para junio de 2023 pero que, por efectos de otra ley -conocida por el “Mecanismo de Protección al Cliente”- que se promulgó en agosto de 2022, y gracias a un nuevo fondo que se creó de $1.800 millones de dólares, nuevamente se evitó una alza en las tarifas eléctricas.
Sin embargo, esto desembocó en que, por haber estado las cuentas de la luz congeladas desde 2019, el país se encuentre ad portas de un descongelamiento de las mismas lo que, de acuerdo a lo que se desprende del informe de la CNE, provocaría un drástico golpe al bolsillo de chilenos y chilenas.
Según la CNE estimó que las cuentas de la luz de la mayoría de clientes residenciales -primer segmento, G1- aumentará en un 8,21% (consumo de hasta 350 kWh), para el segundo tramo (con un consumo entre 350 y 500 kWh) aumentaría en un 11,5%, y para el tercer grupo (quienes tienen un consumo sobre los 500 kWh) las tarifas aumentarían hasta en un 88,43%.
Ahora bien, de acuerdo a las leyes de congelamiento de las cuentas, le corresponde al Ministerio de Energía, mediante un decreto a publicarse en el Diario Oficial, dar paso al descongelamiento de las mismas.
En particular, la iniciativa se fundamenta en tres ejes. Primero, la estabilización y normalización gradual de las tarifas de energía eléctrica, buscando para dichos efectos, amortiguar en el corto plazo las alzas simuladas por la CNE. Dos: buscará dar certezas y simplificar la operación de los instrumentos vigentes. Y tercero, aborda incrementos en el costo de la vida para familias más vulnerables.
En resumidas cuentas el proyecto de ley del Ejecutivo pretende perfeccionar el Mecanismo de Protección al Cliente para asegurar su sostenibilidad (aumentando de $1.800 millones de dólares a un total de $5.500); pago gradual de la deuda acumulada; normalización de los costos de electricidad contemplando una trayectoria de las tarifas consistentes con la capacidad de pago de los clientes; generar un subsidio temporal para 850 mil hogares vulnerables, etc.
Respecto al subsidio, el Gobierno pretende cubrirlo a través del “Cargo por Servicio Público” y con aporte fiscal.
Tanto el alza estimada de las tarifas eléctricas como el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo generan preocupación en congresistas locales. Uno, porque un alza de golpe puede traer serios problemas económicos para familias y pymes del país, y dos, porque prevén que la iniciativa de La Moneda puede generar un efecto contrario al que pretende.
Al respecto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) señaló que “es un proyecto que no nos gusta, dado que existe la posibilidad cierta que, pese a la intención del Gobierno de frenar el alza en las cuentas de la luz, el efecto de la iniciativa sea totalmente contraria”.
En definitiva, para Acevedo, el proyecto del Ejecutivo puede ser “más grave que la enfermedad, aumentando $22 pesos por kWh, por lo que las alzas a todos los usuarios es algo que me genera una profunda preocupación”.
Asimismo, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) indicó que “sabemos que existe una situación compleja respecto de que tuvimos congeladas las tarifas por años, pero lo importante es que la iniciativa Gobierno sea mejorada porque llega al filo de la hora con algo que supuestamente va en beneficio de los hogares”.
Sin embargo, “estamos dejando fuera a gran parte de la clase media, las pymes y negocios de barrio. El umbral de los 500 kw/H es insuficiente porque va a castigar a muchas familias a las que se les hará muy difícil sostener la tarifa, incorporando un nuevo problema: el no pago”.
Por lo mismo, la diputada Pérez recalcó que la iniciativa del Ejecutivo es insuficiente y que debería incorporar un subsidio más amplio al consumo doméstico y revisar las condiciones de los contratos con las generadoras porque, “no puede ser que en Chile tengamos la tarifa más alta de Sudamérica”, señaló.
Para el diputado Eric Aedo (DC), el panorama se torna serio. “Tenemos un problema que se arrastra desde el 2019 cuando se congelaron las tarifas eléctricas y con diferentes mecanismos el Estado ha asumido un costo que no se sostiene en el tiempo. Se requiere una regularización, pero protegiendo a los hogares más vulnerables y a los emprendedores”.
De acuerdo a Aedo, el proyecto del Ejecutivo cumple con lo conversado: “se crea un mecanismo de protección tarifaria con foco en clientes con consumos iguales o inferiores a 350 kWh que son más del 80% de las familias chilenas. (…) Además, en los artículos transitorios se una herramienta adicional para ayudar a las familias vulnerables para mitigar estas alzas tarifarias como es la creación de un Subsidio Especial desde el año 2024 al 2026 que tendrá un gasto anual de US$ 120 millones cuyo financiamiento es mixto entre un aporte fiscal de US$ 20 millones y US$ 100 millones provenientes del Fondo de Estabilización”.
Sin embargo, señaló que “tenemos que revisar el alza a los grupos de mayor consumo, porque en ese segmento hay emprendedores y pequeños comercios, y claramente para ellos un incremento del 80% sería fatal. Por lo tanto, tenemos que revisar y ver en detalle estos puntos”.