Por Daniela Saavedra Hermosilla

Hasta el jueves 25 de enero se aceptarán sugerencias para su modificación. Este Plan busca modificar distintos cuerpos legales relacionados con la fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.

El proyecto que propone medidas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en instituciones que reciben aportes públicos, especialmente municipalidades, fue aprobado por la Sala del Senado, en general. Entre sus medidas, destaca la posibilidad de que la Contraloría General de la República fiscalice la gestión comunal y de instituciones privadas que reciben fondos públicos.

Ahora, hasta el jueves 25 de enero se aceptarán sugerencias para su modificación, antes de ser votado el proyecto en particular por la Cámara Alta.

A propósito de todo lo anterior, en la Región del Biobío, desde las casas edilicias valoran el proyecto, aunque expresan inquietudes sobre su ejecución práctica, especialmente en términos de recursos humanos y económicos.

El proyecto presenta un Plan de Integración Municipal, que busca promover una cultura ética, canales de denuncia, y refuerza la Unidad de Control Interno junto con el papel fiscalizador del Concejo Municipal.

“A nivel nacional han existido varios casos de, no sólo mal uso de los recursos públicos, sino también casos de conflicto de interés, dobles contrataciones y convenios irregulares, por lo mismo, este proyecto viene a evitar que actos, que por mucho tiempo se realizaron sin supervisión, sigan ocurriendo”, explicó el alcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas.

El problema, según las municipalidades, radica en las distintas dimensiones de las comunas, pues algunas podrían verse sobrepasadas con estas nuevas funciones. ”Existe la inquietud sobre el recurso humano y económico, que permitirá ejecutar este sistema integrado, ya que, no resulta menor (…) se crea la norma, pero muchas veces ésta no se ajusta a la realidad de cada Organismo de la Administración del Estado”, recalcó la abogada de la Municipalidad de Concepción, Claudia Carvajal.

Por ejemplo, el Plan establece que para las corporaciones y fundaciones municipales se elevará el quórum para aprobaciones municipales (Ahora a dos tercios), se deberán establecer informes trimestrales y crear un modelo de prevención de delitos. La Contraloría fiscalizará sus cuentas y habrá auditoría externa de las municipalidades para aportes significativos, esta unidad estará administrativamente bajo la supervisión del alcalde.

“Constituirán labores adicionales de alta complejidad que probablemente deberán realizarse por parte de los funcionarios, como lo será el caso de la realización de las auditorías externas a las organizaciones comunitarias. Cabe preguntarse, si los Municipios tendrán la capacidad operativa para poder realizar todas aquellas auditorías si consideramos la cantidad de organizaciones comunitarias existentes”, agregó Carvajal, asegurando que “es más, es y ha sido una labor titánica para los Municipios la Implementación del Portal de Transparencia del Estado”.

Otros comentarios de alcaldes plantean la misma inquietud, destacando la creciente carga que asume la Municipalidad.

Desde Mulchén, el alcalde Jorge Rivas dijo que “las Municipalidades terminan finalmente haciéndose cargo de todo, la Ley Cholito, la Ley de Seguridad, por ejemplo”. Asimismo, instó a más bien reforzar la transparencia en los asuntos del Gobierno, “porque esto no solamente sucede en las municipalidades, claro, ¿Qué pasa con los servicios públicos que pertenecen al gobierno de turno y con sus respectivos ministerios? Son las preguntas que a lo mejor la ciudadanía se hace”.

“Se espera que estas medidas sean efectivamente coherentes y que deroguen más recursos hacia las municipalidades, porque sino volvemos al trámite parlamentario donde, de manera irresponsable, entregan más funciones y atribuciones a las municipalidades, pero lo entregan sin recursos”, subrayó también el alcalde de Talcahuano, Henry Campos.

“Es crucial establecer la importancia en los cimientos y estructuras de los organismos públicos. En este sentido, diversas normativas orientadas a la probidad, transparencia, regulación del lobby y el reciente concepto de cumplimiento municipal (prevención) están tomando relevancia. Es imperativo abordar de manera más efectiva este Sistema Integrado, para lo cual se hace indispensable el respaldo económico de Subdere”, expresó Claudia Carvajal.

Responsabilidades

Dentro de otras integraciones del proyecto, se amplía el plazo de responsabilidad de los alcaldes y concejales (hasta 12 meses luego del cese de sus funciones), se piden más transparencia a gastos en año de elección municipal; existirán reglas de transparencia a las capacitaciones de concejales; incompatibilidades para funcionarios de exclusiva confianza del alcalde y concejales, y se amplían causales de abstención del alcalde cuando exista conflicto de intereses.

Respecto a las organizaciones comunitarias, se establece inhabilidad para integrar el directorio por funcionarios de municipios y sus parientes, también obliga la rendición de cuentas de estas entidades y obliga presentar proyectos para la postulación a subvención o aportes fiscales.

El jefe comunal (s) de Los Ángeles, Raúl Fuentes, agregó que “estas materias van a permitir que nuestros vecinos estén más claros, pero no hay que olvidar que estas no tienen que contraponerse con el ejercicio de la Municipalidad”.