Con un respaldo de 33 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley que busca establecer el uso de un cargador universal estandarizado para diferentes dispositivos electrónicos, pasó a la Comisión de Economía del Senado con el fin de presentarle indicaciones, con plazo máximo hasta el 19 de enero.

El objetivo principal de la iniciativa es, como bien dice el documento de la misma, “implementar un cargador universal de dispositivos electrónicos en nuestro país, que será aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles”.

Una de las motivaciones claras del proyecto es lo que ocurrió en el 2022 en la Unión Europea, cuando el Parlamento Europeo aprobó una ley que impone un cargador universal, con puerto USB-C, para los mismos dispositivos que atañe la moción parlamentaria nacional, y que comenzará a regir a finales del año 2024 en el viejo continente.

A eso, hay que sumarle la arista medioambiental que también persigue la moción parlamentaria. Además de buscar mayor practicidad para el usuario de dispositivos electrónicos, la iniciativa apunta a evitar el aumento de los desechos tecnológicos que hoy existen.

Discusión parlamentaria

Hasta ahora, el proyecto de ley dispone que los proveedores de dispositivos móviles de información y telecomunicaciones deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, con el fin de que todos se adaptan a un puerto de carga único.

A esto se suma que los comercializadores de dispositivos móviles y telecomunicaciones deberán ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir dichos productos sin nuevos cargadores, con el fin de reutilizar lo que cada quien tiene en sus viviendas.

Así lo explicó el senador por el Biobío, Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien dijo que “la idea de tener un cargador universal para los diversos dispositivos electrónicos que hoy la gran mayoría de familias chilenas poseen en sus hogares, implica una serie de beneficios tales como: evitar las “ventas amarradas” obligando a los consumidores a comprar un cierto tipo de cargador a un precio mayor”.

Continuó por decir que esto va a “permitir que, al existir un único modelo de cargador, el costo de este sea más bajo; y, por último, evitar que en el país se genere una cantidad importante de chatarra electrónica”.

Obligaciones y puesta en marcha

Si bien el proyecto aún se encuentra en su segundo trámite constitucional, aunque a nada de ser despachado al Ejecutivo para su respectiva promulgación, la iniciativa ya tiene delimitadas las obligaciones y puesta en marcha de la reforma.

Por ejemplo, se encuentra establecido que será el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación el encargado de dictar un reglamento estableciendo las especificaciones técnicas, los tipos de productos a los que se aplicará la normativa y otras obligaciones; de todos modos, la telefonía móvil y laptops deberán estar sí o sí incluidos.

En ese sentido, y una vez promulgada y publicada la ley -quizás en un futuro cercano-, está establecido un plazo de dos años para que los teléfonos celulares sean adaptados a la nueva medida, y un plazo de cuatro años para los demás dispositivos electrónicos.