Funcionarios de la CAJ se movilizan contra seremi de Justicia y desde la entidad apuestan por mesa de trabajo tripartita

Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial realizaron un paro de advertencia. Aseguran que aún existen 100 vacantes en la Corporación, y cuestionan una doble contratación del actual jefe de gabinete.

La seremi de Justicia del Biobío, Claudia Soto, no se enfrenta a los mejores momentos desde que asumió la cartera regional, y es que funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío -donde Soto es la presidenta del consejo directivo de la instancia- realizaron un paro de “advertencia” frente a una serie de acciones que, a su juicio, consideran de ineficiencia administrativa y que incluye intereses políticos.

En un documento que tiene cuatro puntos con variados incisos, la Asociación Nacional de Funcionarios de la CAJ en Biobío expuso que aún existen 100 vacantes en la Corporación, que la autoridad política -la seremi Soto- no se ajusta a una decisión técnica referida al término del contrato de su actual jefe de gabinete -Gonzalo Soto-.

Continúa el texto con que hay una dilación inexcusable de concursos para proveer cargos directivos, una gestión deficiente en la defensa judicial de los intereses de la Corporación y, asimismo, una gestión presupuestaria deficiente (no pago de reajuste a trabajadores y trabajadores de la CAJ Biobío).

A esto se le suma un preinforme emitido por Contraloría en octubre del 2023, donde se apunta a la doble contratación del jefe de Gabinete de la seremi Soto, Gonzalo Soto, quien además de cumplir el rol anteriormente mencionado, también ejerce como asesor de la presidenta del Consejo Directivo de la CAJ Biobío, o sea, de la seremi Claudia Soto.

De todas formas, desde la Presidencia del Consejo Directivo de la CAJ invitaron a la Asociación de Funcionarios de la Corporación a constituir una mesa de trabajo tripartita para abordar las problemáticas.

Paralización de advertencia

De acuerdo a lo expresado por Marcelo Inostroza, abogado presidente de la Asociación de Funcionarios de la CAJ Biobío, “este es un paro de advertencia que tuvo un detonante con la noticia reciente de la prórroga del contrato del jefe de gabinete (Gonzalo Soto) de la seremi de Justicia del Biobío”.

Según relató Inostroza, al 31 de diciembre, por cuestiones técnicas, la dirección general de la CAJ puso término de contrato a ocho trabajadores que desempeñaban labores técnicas. Dentro de esos términos de contratos, estuvo el de Gonzalo Soto.

Sin embargo, el 3 de enero, la señora presidenta del Consejo Directivo de la CAJ -la seremi Soto- prorroga el contrato del Gonzalo Soto hasta el 31 de diciembre del 2024. “¿Qué es lo que se da acá? Trabajadores que realizaron una labor técnica, desvinculados (y que son importantes para la operación del servicio). Por otro lado, un operador político, ratificado y que ahora tiene un contrato indefinido. O sea, eso significa incorporar a alguien a la planta del servicio sin concurso ni sorteo”.

Ese fue el detonante, comentó Inostroza. “Pero ¿Por qué el detonante? Porque estamos denunciando que en esta Corporación que tiene más de mil trabajadores desde Ñuble hasta Aysén, hasta septiembre del año pasado, teníamos 140 cargos vacantes”.

A esto, como se mencionó, se le suma la “dilación inexcusable de concursos para proveer cargos directivos”. De acuerdo al documento presentado por los funcionarios de la CAJ, de las cuatro direcciones con que cuenta la estructura orgánica de la CAJ, hay dos que se encuentran sin titular desde su llamado a concurso en enero de 2021; desde hace 3 años.

Añaden que también, y con previo acuerdo del Consejo Directivo de la CAJ desde 2022 para llamar a concurso al máximo cargo de la institución -la dirección general- aún no se implementa la instrucción.

En ese sentido, y señalando que la comunicación con el Ministerio de Justicia no ha tenido inconvenientes, Inostroza indicó que “lo que sabemos es que la autoridad central tomará determinaciones que, de alguna forma, incidan en la solución del conflicto”.

“Nos reunimos con la seremi y con el señor Soto y, en ese entendido, le señalamos que aquí estaba clarísimo el petitorio de los trabajadores desde octubre del año pasado y las denuncias que habíamos formulado. (…) Lo que esperamos, es que la autoridad se haga cargo”, dijo Inostroza, agregando que dicha conversación concluyó en que le solicitaron a la seremi Claudia Soto que, por vía escrita, expusiera los compromisos que adquiría, los plazos en que los iba cumplir y las personas que serán las responsables. En lo de “operadores políticos”.

Respuesta de la presidencia de la CAJ Biobío

Por su parte, desde la presidencia de la CAJ Biobío emitieron un comunicado donde manifiestan que respecto a la denuncia del “ingreso de operadores políticos a cargos en la CAJ, negamos tajantemente esta afirmación”, agregando que todos los funcionarios y funcionarias han ingresado a la institución obedeciendo un perfil técnico y profesional, no siguiendo criterios políticos.

Respecto a la designación de director general, la misiva señala que el Consejo resolvió llamar a concurso público “debiendo, por tanto, elaborar las bases del concurso. Estas fueron aprobadas en la última sesión de este órgano colegiado y serán publicadas este mes”.

En referencia a los cargos vacantes, el documento expresa que la dotación de funcionarios en la institución aumentó un 40% los últimos años. Que actualmente hay 90 cargos vacantes de los más de mil funcionarios que actualmente ejercen laborales en la CAJ y que, para hacer frente a esa vacancia, se decidió priorizar un concurso interno para promover la carrera funcionaria.

Si bien hay respuestas para cada uno de los puntos que detalló la Asociación de Funcionarios de la CAJ Biobío, la presidencia de la Corporación les realizó una invitación para constituir una “mesa de trabajo tripartita para abordar estos temas”.