Producto de los acercamientos entre autoridades estatales y empresarios en casa de Pablo Zalaquett, resurge el cuidado del trabajo parlamentario para la plena discusión de la nueva normativa pesquera que se impulsa en el Congreso.
La “Ley del Lobby” se ha tomado la agenda política y pública durante estos días por hechos ya conocidos: reuniones de ministros de Estado con grandes empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett. Y aunque el Presidente, Gabriel Boric, señaló que la situación no se trata más que de instancias de diálogo, lo cierto es que surgió un manto de dudas que repercuten en las reformas que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.
En concreto, la “Nueva Ley General de Pesca”, que comenzó hace pocos días a ser discutida en el Congreso, adquiere un especial foco por lo que sucedió con su antecesora: la actual normativa para el sector pesquero en el país. La conocida “Ley Longueira”.
Y es que, si recordamos, dicha normativa no estuvo exenta de polémica por tráfico de influencias, cohecho y corrupción entre parlamentarios y pesqueras, terminando dos parlamentarios condenados por recibir sobornos durante su discusión -Jaime Orpis y Marta Isasi- en relación al Caso Corpesca, y con el exparlamentario y ministro, Pablo Longueira, fuera de la UDI y procesado por una arista del Caso SQM.
Es así que las reuniones en casa de Zalaquett ya otorgan una mirada escéptica. Por un lado, desde el sector industrial de la pesca regional, se estiman que dichas reuniones ya otorgan un “empezamos mal” de cara a la tramitación de la Ley de Pesca. Por otro lado, congresistas del Biobío se mantienen atentos respecto a las reuniones que cada integrante de la Comisión de Pesca pueda sostener.
De partida, algo que ya generó las primeras sorpresas fue la solicitud de Longueira para ir a exponer sobre la nueva Ley de Pesca a la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja.
En una misiva enviada al secretario de la instancia, Roberto Fuentes, Longueira señaló que “le escribo con el propósito de solicitar poder exponer en la comisión sobre la nueva Ley de Pesca. Si se me permitiera, agradecería que se me avisara con al menos una semana de anticipación para poder preparar una presentación”.
Según consignó La Tercera, fue la presidenta de la Comisión de Pesca, Daniella Cicardini (PS), quien apuntó al exUDI diciendo que “es bastante curioso que venga a exponer el autor de una ley ilegítima, corrupta. Yo espero que sea la oportunidad para que le venga a dar explicaciones a Chile”.
Además, y en relación a las acciones lobbistas, hace unas horas se dio a conocer que Contraloría ofició a 6 Ministerios por la asistencia de jefes de cartera a la casa de Zalaquett; a contar de esta semana hay 10 días para que cada ministerio pueda dar una respuesta.
En ese sentido, no son pocos los acontecimientos que rodean a la actualización que se pretende realizar a la ley N° 20.657. Por lo mismo, la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), señaló que “lo que hay que hacer para dejar atrás ese manto de corrupción a la que se expuso la actual Ley de Pesca, es velar por la transparencia en cuanto a las reuniones que sostengamos cada integrante de la comisión con los diversos actores del sector”.
Acevedo, quien forma parte de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja, agregó que la transparencia para el trabajo legislativo de la iniciativa del Ejecutivo “nace desde la voluntad propia de construir algo sin dobles lecturas y de cara a la ciudadanía”.
En el mismo tono que Acevedo, el diputado, Eric Aedo (DC), fue claro en señalar algo que es sabido: la actualización de la normativa para el sector pesquero atañe a muchos actores. Por lo mismo, dijo, hay que escuchar a todos.
“Lo primero es actuar con absoluta transparencia en la discusión de la ley. Eso implica escuchar a todos quienes están implicados: trabajadores industriales, pescadores artesanales y empresarios”, dijo Aedo.
Complementó que “esta ley no puede ser para un sector, tiene que fijar condiciones que nos permitan proteger el recurso, pero, al mismo tiempo, que genere empleo, que dé oportunidades para todos”, agregando que su participación estará enfocada en defender el empleo pesquero regional junto con el desarrollo sustentable de la actividad.
Por lo mismo, la diputada Acevedo también señaló que “no podemos permitir que una normativa que involucra a cerca de 80 mil trabajadores directos, sea dictada al compás de unos pocos, que son los mismos poderosos que han sacado provecho históricamente de las necesidades de la ciudadanía, generando proyectos para su conveniencia”.
Desde el sector pesquero, estos detalles también se mantienen en la mira, tanto desde el área industrial como desde la pesca artesanal.
Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Capitanes de Pesca de la Región del Biobío y vocero de la misma, se convirtió en una mala señal el que ministros de Gobierno hayan asistido a la casa de Zalaquett.
“La llamada ‘Ley Longueira’, fue ligada a la corrupción por las relaciones políticas, entonces, eso generó un manto de dudas y tuvo una sanción desde el punto de vista de la sociedad hacia este cuerpo de ley que validó el que se construyera un nuevo proyecto de ley que es el que estamos discutiendo hoy”, dijo González. Sin embargo, “ya partimos mal”, indicó.
“Si yo me hago dueño de la moral, entonces, cómo puedo generar actos muy parecidos a esos (que marcaron la tramitación de la Ley Longueira), y después decir ‘mira, esto no es importante’, como la reunión de Zalaquett con el señor (Rodrigo) Sarquis y con la ministra de Medioambiente (Maisa Rojas). Entonces, ya partimos mal”.
Lo más malo para González es la percepción de que “todos los trabajadores estamos al medio, en un sandwich. (…) En estricto rigor, cómo me hago yo parte de un discurso, le grito a los cuatro vientos que estoy en contra de la corrupción y a la luz de los hechos, me doy cuenta de que los hechos no han cambiado mucho”. En ese sentido, y a pesar de que siente que las condiciones para el sector industrial lo rodea un cierto estigma, Gonzáles espera que “el modelo de administración pesquera sea justo y que los deberes ante los usufructos de los recursos naturales sean iguales para todos”.
Por su parte, el presidente de la Ferepa Biobío, Cristian Arancibia, señaló que “esperamos, como organización que representa a cerca de 8 mil pescadores de la Región del Biobío, que este proceso sea a vista y a la luz de lo que las organizaciones de pescadores y, por supuesto, los interesados en este proyecto de ley, puedan tener la visión más clara de que las actividades que se van a ejecutar en el Parlamento, sean lo más transparente posible”.
Señalando que ya las reuniones de ministros como de parlamentarios en la casa de Zalaquett generan un manto de dudas que afectan a la tramitación de la nueva Ley de Pesca, Arancibia sinceró que esto deja la interrogante de “¿Cuál es el rol de las autoridades hoy en relación a lo que va a ser la discusión del proyecto de ley?”.
De todas formas, el presidente de la Ferepa Biobío dijo que “no queremos que se ensucie la discusión con acciones como las que conocimos recientemente y que pudieran ser constitutivos de sospecha de acuerdos que puedan estar impulsados, principalmente, por los bloques económicos que hoy, apropósito del cuerpo legal que hoy se presenta, pudieran ver afectados sus intereses que están resguardados en la actual ley de pesca que ya sabemos, independiente que tenga aspectos positivos para la pesca artesanal, fue concebida bajo actos de corrupción la que la hace ilegítima hoy”.