De rechazarse, sería la quinta acción fallida por parte de la oposición. De todos modos, las voluntades están encarecidas en que el ministro de Vivienda y Urbanismo debe pagar por su responsabilidad política.
Hoy se votará la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, luego de que la Comisión Revisora de la misma despachara por 3 votos a favor y 2 en contra el documento al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados.
De tal manera, y como en toda acusación constitucional, la Cámara definirá si se aprueba o se rechaza el libelo. Para el primer escenario, la oposición requiere de 78 votos que respalden la acción fiscalizadora; de no lograrlo, el tema quedaría hasta ahí.
Lo claro es que, hasta ahora, y dentro de los últimos movimientos del bloque de derecha -Chile Vamos y Republicanos-, como así también la bancada Social Cristiana, más algunos independientes y militantes del PDG, habrían 70 votos a favor, lo que no es suficiente para su despacho al Senado.
Sin embargo, una de las ideas que prima es que todo se definirá en la votación. De esa manera, la oposición se enfrenta a dos escenarios claros entre medio de críticas: se refuerzan si es que la acusación es aprobada o, y sumando los anteriores casos, sumarían una quinta acusación constitucional que no llega a puerto.
De acuerdo a las cuentas preliminares, escenario que debería darse naturalmente, la oposición contaría con 70 votos a favor de la AC contra Montes: 23 UDI, 21 RN, 13 de Republicanos, siete de independientes-Social Cristianos, cuatro de Evópoli, Gonzalo de la Carrera y del militante del PDG, Gaspar Rivas.
No obstante, la incertidumbre ante la posibilidad de llegar a los 78 votos solicitados, sigue estando presente. Incluso, dentro de los parlamentarios independientes que se podrían sumar en apoyo al libelo, no hay seguridad alguna.
De todas formas, las piezas ya se mueven en el tablero. Por un lado, la bancada de diputados del Partido Liberal -compuesta por Luis Malla (jefe de bancada), Vlado Mirosevic, Alejandro Bernales, Sebastián Videla y Viviana Delgado-, tienda oficialista, envió una carta a su directiva nacional para solicitar libertad de acción para la votación de hoy.
Por otro lado, hablando de respaldos, las ministras y ministros Manuel Monsalve (s), Camila Vallejo, Álvaro Elizalde, Antonia Orellana, Jeannette Jara, Mario Marcel y Luis Cordero, llegarán hasta el Congreso para estar presentes en la votación del libelo.
Ante el panorama, la diputada, Marlenne Pérez (Ind-UDI), señaló que “nosotros tenemos una facultad fiscalizadora y también una responsabilidad con la transparencia y la probidad. Por lo mismo, y ante la gravedad de los hechos de corrupción conocidos dentro del Ministerio de Vivienda, creemos que el ministro Montes debe asumir su responsabilidad política”.
Además, la diputada Pérez se refirió a las críticas que ha recibido el texto de la AC, al cual se le señala que está “malo” en su “forma y fondo”. Para la parlamentaria del Distrito 20, “que digan que no es un buen texto la acusación constitucional… Aquí hay antecedentes suficientes. Acá los parlamentarios deben colocar por sobre los intereses políticos e ideológicos el bienestar de las personas. Hay que entender la magnitud: se robaron la plata de las personas de forma descarada”.
Será, finalmente, la diputada del Biobío, Francesca Muñoz (PSC), la encargada de sostener y argumentar la acusación constitucional en contra del ministro Montes. “Veremos quienes realmente están por la probidad y quienes prefieren ignorar la evidencia avalando la corrupción que en el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo perjudicó a los más vulnerables”.
Respecto a las críticas y apoyo que ha recibido el ministro Montes, Muñoz recalcó que “más allá de las defensas corporativas hacia el ministro (Montes) que hemos visto, desde el Congreso debemos dar una señal clara y contundente contra la corrupción”.
En ese sentido, la diputada que estará a cargo de argumentar la acusación constitucional sostuvo que “la Comisión Revisora recomendó aprobar la Acusación Constitucional y no podía ser de otra forma, porque independiente de las críticas hechas a la forma, los hechos que la originaron son indiscutibles”.
Desde la vereda opositora a esta acción constitucional, la parlamentaria María Candelaria Acevedo (PC), fue aguda en decir que “la acusación claramente no tiene mayor sustento jurídico”.
“Ya se ha señalado que presenta diversos errores relacionados al Código Penal, lo que demuestra que no es una acusación constitucional, sino, solamente un juicio político que una vez más lo que busca es poner en entredicho el trabajo del Gobierno”, expresó.
Señalando los diversos obstáculos que tuvieron las acusaciones constitucionales anteriores, Acevedo recalcó un llamado: “mi llamado a la derecha es que de una vez por todas dejen este tipo de cuestionamientos y demos señales concretas a la ciudadanía en cuanto a las verdaderas demandas que nos han expresado”.