Esto en base a lo acontecido por el controvertido episodio y posibles cambios de Gabinete. Además, el Subsecretario del Interior abordó temas contingentes al Biobío en seguridad, Estado de Excepción e intención de la directora del Indh de dialogar con la CAM.
En su visita al Biobío, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, en el contexto de la ceremonia de entrega de dos nuevos retenes móviles y dos radiopatrullas para Carabineros de Coronel, conversó con Diario Concepción respecto de diversos temas de la contingencia nacional y regional: Seguridad, Estado de Excepción y Caso Convenios.
De lo conversado, se desprenden los desafíos y esfuerzos que el Gobierno potencia para modernizar y aumentar la dotación de policías y detectives, con el fin de perseguir a criminales.
Por otra parte, el Estado de Excepción, afirmó, seguirá hasta lograr un estado de normalidad en la Macrozona Sur. Respecto de un ajuste ministerial por el Caso Convenios y por el refresco que dio el Plebiscito Constitucional, hay una línea clara desde Presidencia: trabajar. Por ahora, no se comunican posibles cambios.
Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recalcó que la delegada presidencial del Biobío, quien también ha sufrido los efectos políticos del Caso Convenios, sigue siendo respaldada por el Gobierno ya que no está acusada de ningún delito.
Es una comisaría que, del punto de las obras civiles, está terminada, pero tiene un financiamiento en materia de equipamiento vinculado al Gobierno Regional (del Biobío). Por lo tanto, el equipamiento depende de la licitación y la adquisición del equipamiento por parte del Gobierno Regional. Este es un aprendizaje porque, lo que el Gobierno ha podido ver, es que, en materia de infraestructura policial, construir cuarteles para la Policía de Investigaciones, construir comisarías o subcomisarías para Carabineros de Chile, en nuestro país, es un procedimiento extraordinariamente lento. En segundo lugar, ocurre un hecho que el Estado tiene que reconocer que no le hace bien a la confianza pública. Tener una comisaría terminada y no poder hacerla funcionar es algo que no le hace bien a la confianza pública.
Lo de los cerros de Talcahuano no se puede volver a producir, porque lo lógico es que haya una coordinación muy fina entre el período en que se hacen las obras civiles y el inicio de la licitación de equipamiento debería hacer previo al término de la obra y no después de decepcionada la obra.
Tal vez por mi experiencia como médico, que, en Chile, construir una comisaría demora tanto como construir un hospital de alta complejidad. Si quiero referirme, para no vincular las cosas, que, en materia de homicidios, a propósito de lo que ha dicho el alcalde Campos, es un objetivo central del Gobierno. En el caso del Biobío, el 13 de noviembre, partió un equipo “Ecoh” que es del Ministerio Público, un equipo especializado en crimen organizado y homicidio. (…) Esa es una respuesta muy concreta.
¿Cuál es la labor de este equipo que el Ministerio del Interior financia transfiriendo recursos al Ministerio Público? La tarea de este equipo es tener un fiscal las 24 horas del día, tener un equipo multidisciplinario las 24 horas del día, un equipo adicional de la Policía de Investigaciones las 24 horas del día, de modo que cuando ocurra un homicidio, esos equipos lleguen de inmediato. (…) El objetivo, es que no haya imputados desconocidos cuando haya homicidios. Por lo tanto, que los homicidios se aclaren, porque cuando se aclaran, significa que hay organizaciones criminales que son sacadas de circulación.
Hay una fuerte demanda de recursos policiales en Chile. Si hablo con cualquier alcalde de la Región del Biobío, me van a decir que quieren más carabineros en su comuna. Hay varias formas de medir esto, pero uno podría llegar a la conclusión de que, al Gobierno, a la ciudadanía, a los alcaldes, nos gustaría tener más policías.
La pregunta es ¿Cómo logramos cumplir esta demanda de tener más recursos policiales? En el caso de Carabineros de Chile, nosotros hemos aprobado la ley de llamado a servicio que implica volver a contratar a carabineros que están en retiro. Esto nos va a permitir llegar a 1.700 carabineros que estaban en retiro y que podrán ser incorporados al servicio.
Lo segundo es que, la Ley de Presupuestos para el 2024, tenemos entre 2.600 y 2.700 millones que nos permitirán contratar un poquito más de 300 civiles para que cumplan funciones que hoy cumplen carabineros.
Así es. Eso nos va a permitir liberar a carabineros que cumplen funciones administrativas y tenerlos donde la población los necesita haciendo patrullaje. Lo tercero es que el Presidente (Gabriel Boric) nos ha instruido ingresar dos proyectos de ley durante enero. Uno para terminar, por ley, de la obligación que tiene Carabineros de hacer notificaciones judiciales; son un millón y medio las notificaciones anuales que hace Carabineros en Chile.
El otro proyecto de ley es para permitir, bueno, aquí hay un error porque antes, los carabineros se formaban en un año, ahora se forman en dos. Por tanto, la ley permitía a los carabineros de primer año usar armas, pero se empezaron a formar en dos y la ley no contempló esa situación. Los de segundo año no tienen autorización de Carabineros para el uso de armas.
Ingresaremos un proyecto de ley también para permitir ese uso, obviamente vinculado previa a la formación en el manejo de armas. Eso va a permitir tener 800 policías más que no van a cumplir labores en procedimientos policiales, pero, por ejemplo, si hay una actividad pública que requiere resguardo policial, vamos a poder solicitar la presencia de los Carabineros en formación. Y hay un quinto elemento que estamos viendo, que es más de mediano plazo, que tiene que ver con que Carabineros tiene un alto índice de ausentismo por incapacidad laboral, cerca de 35 días por funcionario. Eso significa que hay una alta cantidad de funcionarios que no están trabajando. (…) Eso se traduce en varias razones, como una licencia médica que dice que no pueden trabajar.
Como no me corresponde tomar muchas decisiones, prefiero tomarlas sobre hechos reales. La declaración de la directora del Indh no deja de ser eso, solo una declaración, que además no expresa ni si quiera la voluntad de las organizaciones presentes en la zona, es una opinión de ella que puede ser respetada.
Lo que puedo decir es que en la realidad que vivimos en ese territorio (Macrozona Sur), el Gobierno quiere paz y quiere seguridad. Nunca se ha recibido ninguna señal de ninguna de las organizaciones que comete delitos en la zona de querer dialogar.
Entonces es un debate, por decirlo así, que no tiene sustancia, es un debate académico, pero que no se traduce en ninguna modificación en los cambios de seguridad de las personas, y a nosotros nos corresponde tomar decisiones para cambiar las condiciones de seguridad de las personas, no entrar en debates que no resuelven problemas. Ese es un debate que no encuentro que resuelva el problema, para serte franco.
Lo concreto es que, nosotros hemos dicho, las personas que usan armas de fuego, las personas que cometen delitos, las personas que amenazan la vida, cometen crímenes, a esas personas se les aplica el Estado de Derecho.
Nos hemos hecho esa pregunta. La respuesta fácil es hasta cuándo sea necesario y la pregunta es ¿Hasta cuándo es necesario? Uno tendría que decir que es necesario hasta que logremos recuperar un estado de normalidad en la Provincia de Arauco, en La Araucanía. Y la pregunta entonces es ¿Qué es un estado de normalidad?
Uno tendría que retrotraerse, tal vez, a lo que eran las condiciones de seguridad en la Provincia de Arauco y la región de La Araucanía hace 10 años. Y, tal vez, la aspiración del Gobierno es volver a una situación previa a un alza, diría exponencial, a en los hechos de materia de violencia.
El 2021 tenemos 1.622 hechos de violencia. Este año vamos a tener en torno a los 900, ha bajado un torno al 43% respecto a ese año. Hoy el carácter de esos delitos es distinto, (…) pero el año 2023 es de, y tomando en cuenta los últimos cuatro años, en el que ha habido menos ataques incendiarios, en el que ha habido menos usurpaciones.
Por lo tanto ¿Hasta cuándo es necesario? Hasta que recuperemos una condición de normalidad para las personas que viven en la zona y, para nosotros, un parámetro de comparación es la situación de la zona previa a que se produjera un alza explosiva de los hechos de violencia.
Primero, decir que hay asociaciones criminales que se dedican al narcotráfico y otras que se dedican al fraude con recursos públicos. Los dos son graves. Los dos (delitos) deben perseguirse. Es muy importante porque eso está en la base de la confianza en la democracia y en las instituciones del Estado.
Tal vez no es posible que un Gobierno, o que un partido político, pueda garantizar que ninguno de sus integrantes va a cometer hechos de corrupción. Lo que sí tiene que garantizar un Gobierno y un partido político es que, si eso se comete, se va a actuar con severidad. Yo creo que esa ha sido la línea del Gobierno.
Evidentemente, el Caso Convenios es un caso que debilita la confianza de las personas en la política y en las instituciones. Respecto a los gabinetes, eso lo decide el Presidente. Por ahora, la información que yo dispongo del gabinete, y que es la instrucción del Presidente de la República, es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y eso seguiremos haciendo.
En lo regional quiero hacer una mención porque, me preguntaban apropósito de lo que el Servel está haciendo con la eventual disolución del Partido Comunes. Yo me pregunto, claro, es natural que, si esa organización política se organizó para cometer un delito, que eventualmente se cumplan las condiciones para disolverlo, está bien. Es una discusión que el Servel deberá tener. Pero mi pregunta es, un militante que decidió estar en Comunes, simplemente porque quería participar en una organización política que consideraba representaba sus ideas ¿Por qué lo podemos responsabilizar a él si no cometió ningún delito salvo tomar la decisión de militar en un partido político porque consideró que tenía que tener un compromiso político con el país?
Digo esto apropósito de la delegada presidencial (Daniela Dresdner) y ¿Por qué deberíamos cargar la responsabilidad de otras personas en la Delegada Presidencial? Entonces, nosotros estamos abiertos, y lo hemos dicho, nos parece que no hay nadie que esté fuera de lo que la justicia debiera hacer en Chile.
La confianza en la Delegada Presidencial ha sido clara, y, claro, la delegada participa en un partido político (Revolución Democrática), tenía relaciones personales con personas, es probable que tenga que declarar, pero ella no está acusada de ningún delito. Por lo tanto, porqué tendríamos que hacer que ella asumiera una responsabilidad que no le corresponde. Desde esa perspectiva, por supuesto, el Gobierno mantiene el respaldo a la delegada presidencial de la Región del Biobío.