El proyecto busca darle atribuciones a los municipios para que puedan obligar a empresas forestales a generar mayores cortafuegos y alejar las plantaciones de monocultivo de los centros urbanos y sectores poblados.
A pesar de las demoras en el Congreso, finalmente fue despachada desde la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de “Ley Corta de Incendios”, el cual busca otorgar nuevas atribución a los municipios para que obliguen a las empresas forestales a generar mayores cortafuegos y alejar las plantaciones de los centros urbanos y poblados.
De tal manera, estando ya en su segundo trámite constitucional, y a pesar de que mantiene la urgencia simple situada por el Ejecutivo, el autor de la iniciativa, el diputado Félix González (Independiente), señaló que espera que el Gobierno mantenga dicha celeridad para su pronta discusión.
“Esperamos que el Gobierno le mantenga la urgencia de discusión inmediata en el Senado, porque ya comenzaron los incendios y van a aumentar las temperaturas en las próximas semanas”, indicó González.
Ya que, como señaló el parlamentario, “ante la crisis climática y las sucesivas olas de calor, fuertes vientos y sequedad, se hace urgente tomar medidas para combatir la propagación de los incendios y tormentas de fuego”.
Una de las grandes críticas por parte de González es que el proyecto de ley fue ingresado a la Cámara en marzo, y recién hace unos dos meses comenzó a ser discutida. Tras varios retrasos en los plenarios de la Cámara Baja, al menos, fue despachada a la Alta.
Ahora bien, no es que si no se aprueba esta iniciativa los municipios, como empresas, no puedan generar alianzas preventivas por los incendios; de hecho, ya lo están haciendo. Hay una amplia coordinación desde los gobiernos locales con diversas organizaciones del sector maderero.
Sin embargo, la gran particularidad es que, de aprobarse la conocida como “Ley corta de incendios”, permitiría a los gobiernos locales obligar a los privados del sector forestal a generar cortafuegos y alejar las plantaciones de especies exóticas de los centros urbanos; aquí el concepto de “obligar” resulta clave.
Para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, el avance legislativo del proyecto resulta “interesante y que, ojalá, exista la voluntad del Senado para poder sacar adelante esta ley lo antes posible; antes de que se inicien los incendios forestales”.
“Creemos que es relevante que se nos entreguen más facultades a los municipios, para poder revisar lo que significa una política de cortafuego, pero también en relación a las plantaciones de monocultivos al interior de nuestro territorio, o cerca de los casos urbanos, la verdad es que es un avance considerable”, dijo Chamorro.
Si bien la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, señaló que “hemos sostenido, en diversos medios de comunicación, que nos parece positivo que se haga una ley de incendios”, encuentra que faltó -o ha faltado- en la tramitación del proyecto, la participación de alcaldes y alcaldesas.
“Nosotros no fuimos convocados en las primeras instancias y nos preocupa, por ejemplo, qué facultades vamos a tener, si nos van a dar presupuesto para la fiscalización, el cómo se va a regular eso”, agregó Albornoz, lo que a su juicio requiere que los mismos parlamentarios se acerquen a conocer las realidades de los gobiernos locales.