El nuevo estamento tiene por objetivo mantener un equipo para fiscalizar y monitorear el trabajo de estas entidades públicas.
Entre los últimos movimientos y actualizaciones en el fuero interno de Contraloría, se cuenta la creación de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades con un fin claro y delimitado: monitorear el ordenamiento jurídico de dichas instituciones, fiscalizar el principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público.
De acuerdo a la resolución emitida por el ente contralor, donde se explica el detalle de esta nueva división fiscalizadora, la iniciativa se tomó debido a que hay diversos equipos dentro de dicha institución que solo tienen labores de soporte y coordinación, por lo que, en base al objetivo de “optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos disponibles” se creó este nuevo estamento.
Como bien se dijo, la función principal tendrá por objetivo fiscalizar y velar por el cumplimiento del buen uso de recursos públicos y del ordenamiento jurídico, tanto de los Gobiernos Regionales como de las diversas administraciones municipales del país.
De tal manera, sus funciones se desglosan en 17 puntos. Como ejemplo, algunos de ellos explican que este nuevo estamento deberá establecer directrices o lineamientos generales que orienten el ejercicio de las funciones jurídicas y de auditoría e inspección de Contraloría para con los Gores y gobiernos locales.
Detectar, informar y alertar a la jefatura de servicio, acerca de riesgos que existan tanto en la normativa, como en las políticas, planes, programas u operaciones propias del ámbito municipal o de los Gores, proponiendo así mejoras y controles.
Efectuar estudios de constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones emanados de autoridades administrativas; examinar las cuentas de ingresos y gastos de los Gobiernos Regionales y de las municipalidades; efectuar auditorías, investigaciones especiales, inspecciones, seguimientos a dichas instituciones, entre otras funciones.
Como bien se explica -y eso que solo se mencionaron algunos de los 17 objetivos concretos que trabajará esta nueva división de Contraloría-, este nuevo estamento fiscalizador tendrá por tarea monitorear, detalladamente, todo aquello que con el estallido del Caso Convenios se criticó.
En ese sentido, el alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío (Amrbb), Álvaro Ortíz, señaló que la iniciativa está “muy bien, absolutamente de acuerdo y aplaudimos, además, la decisión”.
“Entre más filtros de control que exista de dineros públicos, mejor va a ser para Chile. Así que me parece una muy buena idea y, toda iniciativa que vaya apuntado en esos objetivos, las vamos a respaldar absolutamente desde la Asociación de Municipios del Biobío”, agregó Ortiz.
Y es algo que desde las Gobernaciones Regionales tampoco se dejó pasar. Fue la misma Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi), quienes sostuvieron que “valoramos la creación de Controlaría de una unidad especializada para los Gores”. Esto, según dijeron desde la Asociación, “permitirá fiscalizar adecuadamente y con sentido de pertenencia los trabajos que realizamos en los Gobiernos Regionales”.
Dichas declaraciones, van en la misma línea de lo planteado por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Para él, esta nueva división especializada “permitirá aclarar los criterios de análisis y comprender mejor el funcionamiento de los Gobiernos Regionales en relación con otras entidades públicas”.
Asimismo, el gobernador Díaz, indicó que “esta medida posibilitará la ejecución de acciones que contribuyan significativamente al fortalecimiento y aumento de la transparencia en nuestra labor”.