El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe anual, donde se refiere a la situación del Estado de Excepción en la Macrozona Centro-Sur del país.
En una nueva ocasión, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), en su repartición regional, dio a conocer el Informe Anual 2023 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile. En esta oportunidad, y por vez primera, se incluyó un capítulo enfocado en la vulneración a DD.HH en la Macrozona Sur.
Dicho segmento del documento corresponde a su capítulo 2 titulado como “Violencia y Vulneraciones de Derechos Humanos en la Región Centro-Sur de Chile”, el cual se enfoca, explícitamente, en “la afectación de los derechos humanos involucrados en la seguridad personal, a consecuencia de las violencias entre particulares”.
De acuerdo a la directora regional del Indh, Carolina Chang, hay tres elementos de relevancia que se le proponen al Ejecutivo luego del compilado del estudio anual. Uno, corresponde a mejorar la coordinación entre los sistemas y programas de ayudas para víctimas porque, de cierta manera, “chocan” entre sí y no hay una claridad de cómo acceder a ellos. Dos: categorizar la prioridad de los delitos denominados de “violencia rural”; y tres, tener un registro de cuánta es la cantidad del contingente policial y militar desplegado en la zona de conflicto, datos a los que el Indh no pudo recabar con claridad.
Reconociendo las múltiples medidas y esfuerzo que el Estado ha desplegado para dar solución al conflicto en la Macrozona Sur, ya sea en base al resguardo de la seguridad pública como de las instancias de diálogo político, el Indh, fiel a su mandato, propone una serie de medidas a potenciar luego de detectar vulneraciones a los DD.HH.
Por ejemplo, dentro de los derechos humanos vulnerados en la zona que se pudieron identificar en el informe, se haya el que, en materia de seguridad pública, que involucra vida e integridad personal, se observa una brecha en cuanto al respeto y garantía de dicho derecho, por parte del Estado, para las personas que habitan la zona. Una segunda brecha, en relación a lo mismo, se enfoca en la adopción específica de medidas frente a una situación de violencia que no es homogénea en la zona.
“Hay muchas brechas en las que el Estado está al debe en esa materia, y nosotros estamos dándoles recomendaciones a efectos de que la Provincia (de Arauco) trate de volver a la normalidad lo más pronto posible”, señaló Carolina Chang, agregando que “lo que se le está diciendo al Estado es que evalúe la efectividad de este Estado de Excepción, versus lo que está ocurriendo en la Región, de acuerdo a la cifra, la cantidad de atentados que han habido este año y que evalúe si es necesario seguir con este Estado de Excepción”.
En la misma entrega del Indh, otra de las brechas identificadas por el Instituto dice relación con el derecho a planes, medidas y acceso de información sobre seguridad y acciones reparatorias a las víctimas. “Se detecta que, pese a la existencia de múltiples programas, (…) no se ha establecido un reconocimiento formal sobre cuáles delitos debieran ser prioritarios”.
Respecto a estos últimos, para Chang el tener una claridad formal de ellos serviría para que “primero, los planes y programas de seguridad pública sean conocidos a nivel local y, sobre todo, por las personas y que ojalá sean participativos; en eso estamos en una brecha bastante importante, no solo en la Provincia de Arauco sino que a nivel nacional”.
“Luego, conocer la cantidad de delitos y cuáles serían los prioritarios, también nos puede ayudar a ver cuáles son los programas que realmente requiere la Provincia (de Arauco). Tal como lo señalé, existen una serie de programas, (…) pero que no conversan entre ellos”, dijo Chang.
Agregó que una de las cosas más preocupantes, y que fue visto en el estudio de percepción de violencia, es que, “efectivamente, el programa de apoyo a víctimas de violencia rural no tiene definido quiénes son las personas que cabrían en la categoría de violencia rural, cuáles serían los delitos y cuáles serían los requisitos para optar a ese programa”; en estricto rigor, para quienes se vean afectados por dichos delitos tengan la claridad de cómo solicitar medidas de reparación y ayuda al Estado.
Por su parte, Lieta Vivaldi, consejera del Indh que vino desde Santiago a la ceremonia del Informe Anual a Concepción, señaló respecto a lo mismo que “en general, el capítulo (2) da cuenta de una realidad que está sucediendo y, por eso, aludimos al concepto de ‘violencias’. (…) Y también establece obligaciones al Estado en materia de seguridad y acá, hemos podido constatar que han habido omisiones también respecto a la seguridad”.
“Se recomienda al Ejecutivo poder adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la protección al derecho de la seguridad personal -y todos los derechos asociados-. En ese sentido, lo más importante, es que el Estado al omitir esa garantía está vulnerando una serie de otros derechos personales. Por eso el Ejecutivo y el Legislativo deben tramitar proyectos que reformen el Sistema de Inteligencia y del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, y priorice el contenido del derecho a la seguridad personal”, dijo Vivaldi.
Por otra parte, este martes el Gobierno confirmó el aporte económico que recibirán 7 víctimas de violencia rural en el Biobío. Entre ellas la familia Grollmus, afectada por el grave atentado en Contulmo.
El Comité Técnico que analiza la violencia rural evaluó los proyectos presentados por las víctimas para recuperar parte de lo perdido, generando nuevos planes de negocios que aporten a este objetivo.
“Logramos cerrar el año entregando casi $1.000 millones a víctimas de violencia rural de la región. Estamos hablando de más de 25 casos de personas que se les reparó los daños que sufrieron”, dijo la delegada, Daniela Dresdner.