Con la aprobación final del Senado al informe que la Comisión Mixta presentó tras resolver diferencias en trece materias erarias, el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 quedó listo para ser promulgado ley.

En su comparativa con años anteriores, la norma jurídica despachada por el Congreso para el 2024, contiene una serie de nuevas restricciones y obligaciones para las alianzas entre privados y Estado, como también nuevas disposiciones que los Gobiernos Regionales deberán seguir al pie de la letra.

Entre ellas, hablamos de las enfocadas en Gores, se encuentran, por ejemplo, que ahora toda la oferta programática deberá ser revisada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), como también que todos los convenios que las instituciones regionales sostengan con entidades privadas sin fines de lucro, deberán ser subidos a los respectivos sitios web de los Gores, explicitando todos los detalles de la alianza como trabajadores de la organización, objetivo del proyecto, monto asignado, etc.

En efecto, estas nuevas disposiciones que deberán seguir los Gobiernos Regionales corresponden, sin duda, a una causa colateral de lo que produjo el Caso Convenios: más normas para resguardar los recursos fiscales. Y, además, según comentan algunos congresistas del Biobío, se condice con las propuestas que la Comisión Investigadora por el Caso Convenios de la Cámara Baja emitió en su informe final.

Cabe destacar que en el marco del despacho de la Ley de Presupuesto 2024, hay acontecimientos relacionados al contexto del Caso Convenios que llegaron a coincidir durante las últimas horas: la detención de Camila Polizzi y otras cuatro personas (dos de ellas, exfuncionarios públicos del Gore) como el mismo despacho del Informe Final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En el artículo 22 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024 se explica que toda entidad privada, para lograr recursos, ergo, lograr la asignación de un proyecto, deberá ser mediante concurso público; a excepción de cuando no existan oferentes y si solo hay una persona jurídica como posible beneficiario o ejecutor de los recursos.

En el artículo 23, prosigue, toda institución privada que busque ejecutar un proyecto -y sus respectivos recursos- deberá indicar su objeto social; estas no podrán establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario; las rendiciones de cuentas se realizarán a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de Contraloría; el receptor deberá acreditar haber cumplido con las obligaciones pactadas; deberán incorporarse una cláusula a los contratos que exija la restitución de los recursos si estos son usados en un fin distinto al proyecto formulado, etc.

Además, a todo esto, se suma que las instituciones privadas que suscriban convenios deberán constituir una o más garantías a favor del órgano público con quien efectuó el convenio, con el fin de resguardar el cumplimiento de los objetivos, pero siempre y cuando el monto total de los recursos transferidos supere las mil UTM ($63.960 millones de pesos).

Para los Gobiernos Regionales, las nuevas indicaciones sin duda son sustantivas. Por ejemplo, ahora se requerirá siempre la aprobación del Consejo Regional para asignar recursos de los Programas de Funcionamiento y de Inversión. Como también que todas las resoluciones de modificación presupuestaria de los programas de inversión estarán sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría.

A ello, y quizás una de las más criticadas por los gobernadores regionales, corresponde a que toda la oferta programática de los Gores respectivas al presupuesto de inversión (subtítulo 24), estará sujeta al Sistema de Evaluación y Monitoreo del Mideso y de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Solo se eximirán aquellos programas en ejecución y aquellas subvenciones asociadas al Concurso de Vinculación con la Comunidad (el 8%).

En este punto, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que “hay una serie de restricciones que se han interpuesto, varias de ellas, a mi juicio, hacen retroceder los procesos de descentralización”.

“El que todo tenga que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social es una mala noticia porque el Ministerio de Desarrollo Social, hace mucho rato, tiene una lista de espera más larga que la de los hospitales. Lo peor de eso es que (el Mideso) hace rato se viene equivocando con las tasaciones”.

Sin embargo, dichas restricciones, como bien se mencionó, corresponden a un efecto directo de lo que produjo el Caso Convenios: críticas a la debilidad para el buen uso de los recursos públicos y la crítica, sobre todo parlamentaria, al bajo seguimiento de los proyectos en ejecución.

A esto, se suma que otra de las indicaciones para los Gore en la Ley de Presupuesto 2024 corresponde a que cada Gobierno Regional deberá, de forma trimestral, públicas en su sitio web e informar a senadores y diputados de la respectiva región, todos los proyectos adjudicados o contratados con cargo a la oferta programática de los subtítulos 24, 31 y 33.

En dicha información deberá consignarse, y a modo individual, el nombre del proyecto, el monto estimado, los postulantes, la pauta de evaluación, postulante seleccionado y presupuesto aprobado, y la votación de consejeros regionales en comisiones y en el Consejo Regional.

De acuerdo al diputado, Eric Aedo (DC), todas estas nuevas restricciones significan “una consecuencia directa de lo ocurrido en los casos convenios con fundaciones donde se usaron recursos con fines políticos”.

Agregó que dichas medidas se condicen con las propuestas expresadas en el Informe de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios de la Cámara Baja y que, “lamentablemente, algunos se aprovecharon de la libertad que les permitía la ley”.

Por su parte, la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), indicó que “lo he señalado en múltiples ocasiones: necesitamos mejorar los mecanismos de control, rendición y ejecución en los distintos estamentos estatales y, esa línea, las propuestas de la Comisión Investigadora apuntan a ello”.

Desde el Consejo Regional, el consejero Luiz Santibáñez (Independiente), expresó que todas estas nuevas indicaciones derivan en dos aristas, “una muy positiva que dice relación con la transparencia pública y el ordenamiento interno de los propios Gobiernos Regionales. (…) Y lo negativo, es la excesiva burocracia, tramitación y dependencia para la toma de decisiones de los Gobiernos Regionales”.

En tanto, la consejera regional, Camila Arriagada (Igualdad), indicó que las nuevas restricciones “positivamente para las fundaciones y organizaciones que sí estaban haciendo el uso indebido de los fondos públicos, pero sí también viene a ampliar la brecha entre las organizaciones más pequeñas que quedan siempre fuera por un montón de restricciones”.

A lo que no dejó entrever que “acá el gobernador no sincera realmente la responsabilidad y el mea culpa como se le preguntó por la Ley de Presupuesto, al administrar de mala manera todo estos recursos públicos”.