Si bien son una gran cantidad de indicaciones respecto a esta materia varias de ellas tendrán que zanjarse, probablemente, en una nueva Comisión Mixta la próxima semana.
Intensos días y sesiones se han vivido al interior del Congreso Nacional debido a la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2024. Si bien durante las últimas horas el Senado aprobó 19 partidas de las 32 en total, aún el debate sigue en torno a las catalogadas como “más difíciles”, por su cantidad de indicaciones.
Dentro de estas últimas partidas más complejas de estudiar y debatir se encuentra la correspondiente a Gobierno Regionales, la cual tiene como característica una gran variedad de indicaciones referidas a mayores restricciones para los Gores respecto a la transferencia de recursos y uso de los mismos.
Según explicaron parlamentarios del Biobío, el panorama es álgido y seguirán habiendo discusiones contundentes, sobre todo en lo relacionado a los Gore por, recordará, los efectos del Caso Convenios y la desconfianza en la probidad institucional que esto produjo.
Incluso, el mismo senador, Gastón Saavedra (PS), en un receso de la discusión en la Cámara Alta señaló que “están las partidas de Gobiernos Regionales donde tenemos problemas en el país por lo que pasó, por los traspasos de recursos a fundaciones con trámites judiciales que están pendientes, por lo que tenemos que aplicar medidas de orden correctivas para que el uso de recursos quede garantizado”.
Aunque hasta el cierre de esta edición no estaba todo zanjado en el pleno del Senado en relación a los Gores, la “partida” o glosa que corresponde a esta instituciones -la 31 de la Ley de Presupuestos 2024-, tras su paso por la Comisión Mixta, se le introdujeron una serie de indicaciones para restringir, limitar y dar cuenta de la utilización de los recursos públicos de los Gores.
Según comentó el diputado que participó en dicha instancia mixta parlamentaria, Eric Aedo (DC), el factor común de dichas indicaciones se traduce en “restringir la arbitrariedad con que los gobernadores regionales asignaban los recursos”.
Dentro de ellas -correspondientes a las ingresadas por la Comisión Mixta, las que ahora está revisando el Senado-, se encuentra aquella que bajó de 7 mil UTM ($447.720 millones de pesos a noviembre de 2023) a 3 mil UTM ($191.880 millones de pesos) el monto con que los gobernadores podrán evaluar tratos directos, pero con la particularidad de que todo proyecto deberá ser visado por el Consejo Regional.
“Antes las 7 mil UTM eran de libre disposición, (…) ahora eso pasó a las 3 mil UTM, pero además, tiene que pasar por la aprobación de los consejeros regionales. (…) Antes el gobernador simplemente informaba, ahora tiene que aprobarlo también el Core”, dijo Aedo, agregando que la crítica en el Congreso no solo estuvo enfocada contra los gobernadores, sino que también contra consejeros regionales por su “nula fiscalización”
A esto se suman otras indicaciones como la que explicita que los Gores deberán publicar, trimestralmente, en sus respectivos sitios web institucionales, información referida a las instituciones constituidas con participación de los Gores; en caso de la Región se encuentra Corporación Cultural Teatro Regional del Bío Bío y Corporación Regional de Desarrollo de Biobío.
Y lo anterior se traduce en mantener pública la información sobre números de profesionales de las corporaciones, remuneración asociada a estos, sus perfiles profesionales, los concursos para la contratación de los mismos, entre otros.
Además, por ejemplo, otra indicación de la Comisión Mixta busca que los recursos destinados a proyectos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr), sean publicados también en los sitios web de los Gores según actividad económica.
Dentro de lo que se mantuvo respecto a los “Programas de Inversión Regional”, se encuentran, por ejemplo, las indicaciones de que los Gores podrán adquirir terrenos para “constituir o aperturar vías o calles en sectores urbanos y rurales”, como también para construir infraestructura de interés regional (salud, educación, vivienda, etc).
Donde sí habrá gran discusión, a juicio del diputado Aedo, es en lo que ocurrió con el “famoso 8% de asignación a organizaciones sociales (para seguridad, proyectos culturales, etc), tema que no estuvo exento de críticas en el Congreso tras la eliminación inicial del Ministerio de Hacienda, la posterior incorporación por parte de la Comisión Mixta, luego rechazado por el pleno de la Cámara Baja y que, ahora, Aedo espera sea restituido en el Senado.
Otra de las indicaciones incluidas en el informe de la Comisión Mixta da cuenta de que todas las ofertas programáticas de los Gores estarán sujetas al Sistema de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) y la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En este punto, hay algunas advertencias por parte de congresistas locales, abocadas, principalmente, a que esto traería mayor burocracia para la inversión y ejecución de proyectos.
Por ejemplo, la diputada, Joanna Pérez (Demócratas), además de señalar que recae en lo lógico la presentación de indicaciones para el resguardo de los recursos públicos, indicó que “hay algunas materias que se van a resolver en la Comisión Mixta porque, de lo contrario, también se hace mucho más burocrático, diría que vamos a tener problemas en la ejecución del propio presupuesto si consideramos y sumamos todas estas restricciones, que son demasiadas”.
“Los Gobiernos Regionales necesitan tener control, autocontrol, pero tampoco limitarlos” porque, según dijo Pérez, se obstaculizaría el proceso de desarrollo de las mismas regiones.