Iniciativa requiere firmas para ser presentada ante el Congreso Nacional. Transportistas valoran eventual ley pero hacen llamado a responsabilidad de las empresas.
Una examinación clínica anual busca iniciativa de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) para conductores del transporte público de pasajeros, algo que no existe en las leyes del país de acuerdo a previa publicación de Diario Concepción.
Esta, sin embargo, se encuentra en proceso de recolección de firmas para ser presentada ante la Cámara de Diputadas y Diputados. De momento posee seis firmantes de un mínimo de 10: Jorge Saffirio, Miguel ÁngelCalisto, Helia Molina, Rubén Oyarzo, Andrés Celis y Erika Olivera.
En concreto, la parlamentaria del distrito 21 busca “modificar la Ley de Tránsito para establecer la obligatoriedad de los conductores de transporte público de pasajeros de la realización anual de exámenes médicos preventivos con la finalidad de mejorar la seguridad vial y la seguridad propia y de los pasajeros que utilizan este tipo de transporte”.
Si se transforma en ley, sería la autoridad competente en el área quien regule la realización, requisitos, formas y condiciones para el procedimiento.
Una moción que ya se encuentra en su primer trámite constitucional y también tiene como autora a la diputada Pérez, corresponde a una modificación al Código del Trabajo y la Ley de Tránsito para establecer medidas de control de consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de conductores de locomoción colectiva; de transporte urbano, interurbano y rural de pasajeros; de carga y transportistas escolares.
Radicado en la Comisión de Trabajo, el documento señala que “en la actualidad el control para detectar el consumo de drogas solamente es obligatorio para un grupo determinado de autoridades públicas” y que el narcotest que se aplica habitualmente por parte de Carabineros no tiene utilidad para detectar el consumo, entre otros fundamentos.
Por ello es que la idea es añadir, entre otros, un inciso que permite al empleador de empresas de transporte interurbano, regional o urbano de pasajeros; de carga, de locomoción colectiva de pasajeros o transporte escolar, sea público o privado establecer a sus trabajadores la obligación de someterse a exámenes para detectar el consumo frecuente de drogas.
En esa línea, cabe destacar que este jueves se llevó a cabo un control aleatorio de alcohol y drogas por parte delMinisterio de Transportes,Senda yCarabineros en el sector Collao de Concepción, el cual dejó a dos conductores del transporte público detenidos tras dar positivo al consumo de sustancias ilícitas, específicamente, cocaína y marihuana.
De acuerdo a la Seremi de Transportes regional, más de 60 mil controles se han llevado a cabo en 2023 y el 43% ha dejado infracciones.
Aquellos acontecimientos se suman a recientes casos de afectación a la salud de conductores. Durante septiembre un chofer de la línea San Pedro del Mar sobrevivió tras sufrir un paro cardiorespiratorio debiendo detener su taxibús.Este mes, un conductor de Las Bahías perdió la vida por la misma afectación mientras conducía.
De acuerdo a transportistas, toda iniciativa que aporte en mejorar la situación de seguridad de conductores y de usuarios del transporte público, significa un avance en la labor.
Arturo Giusti, presidente de la Federación Gremial Interregional del Transporte de Pasajeros, señala que “como empresarios nos interesa y es de suma importancia que se aprueben estos proyectos para tener una normativa vigente donde se pueda ejercer estos chequeos a conductores y no solamente de la locomoción colectiva”.
Lo mismo piensa Domingo Oportus, presidente de la Federación Intercomunal de Conductores del Biobío, quien manifiesta que “con un conductor drogado corren peligro los pasajeros”, por lo que cualquier moción en esta línea “es bienvenida”.
Sin embargo, hace hincapié en “cuánto se va a demorar” el proyecto en el Congreso:“Ese es otro problema”. Además, ambos apelan a que por el momento son las empresas las que deben tomar la iniciativa.
“Para nosotros es elemental hacer esto de alguna manera, pero no tenemos los medios. Ojalá se norme a través de una ley y Carabineros o alguna institución haga la fiscalización”, dice Giusti.
Desde el Parlamento, también existen posturas a favor.
La diputada Marlene Pérez (IND) indica que “apoyaremos estas iniciativas” respecto a la evaluación de consumo de sustancias prohibidas. “Creo que el proyecto de ley va por el camino correcto, pero tambíen creo que se debe hacer cumplir la ley y aumentar de manera significativa las sanciones para conductores que conduzcan bajo efectos del alcohol o drogas”, afirma. Sergio Bobadilla (UDI), a su vez, complementó que siempre estará disponible para firmar y votar a favor de “todas las iniciativas que impliquen brindar más seguridad en el transporte público. Un elemento fundamental es que tengamos conductores que tengan una salud compatible con la conducción (…) Quienes conducen tienen que estar a la altura de lo que se requiere”.
Finalmente, María Candelaria Acevedo (PC) ve como “interesantes” las mociones y se mostró “a favor de legislar sobre la necesidad de realizar exámenes médicos”.Sin embargo, anunció indicaciones “ya que también es necesario defender el empleo y en ese sentido se deben establecer reglas claras. Por ejemplo, para que una persona que padezca una enfermedad coronaria crónica pueda seguir trabajando bajo ciertos criterios”.