Los resultados se dieron a conocer luego de que el contralor, Jorge Bermúdez, expusiera frente a la Comisión Revisora del Caso Convenios en la Cámara Baja. A esto, se suman una serie de observaciones a los Gobiernos Regionales.
“Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad”.
Lo anterior es el comentario final de la presentación que la Controlaría General de la República (CGR), representada por el contralor Jorge Bermudez, realizó en una nueva sesión de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados.
De tal manera, los resultados de la indagatoria que llevó a cabo la Contraloría en todas las reparticiones del Ministerio de Viviendas (Minvu) en regiones -seremis y Servius- arrojaron diversas observaciones relacionadas a faltas y ausencias en el accionar referido al traspaso de recursos a organizaciones privadas.
Así también, la investigación fue ampliada a los Gobiernos Regionales del país.
De acuerdo a las acciones fiscalizadoras comprometidas por la CGR en relación al Caso Convenios referidas al Minvu y que abarcó a 15 regiones, y que se consolidó en un resumen, arrojó ocho observaciones para el Serviu Biobío y una para la Seremi de Vivienda de la Región.
En lo referido a aspectos de control interno, el Serviu Biobío se encuentra entre aquellos que tuvieron “falta de procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”, en “asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación”, “falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia” y en “la ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia”.
En lo que respecta al “examen de la materia auditada”, el resumen de la CGR arroja que el Serviu Biobío tuvo “falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia”, “falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas” y “distintas faltas en los planes de trabajo de las actividades a ejecutar por las entidades privadas”.
En tanto, la Seremi de Vivienda del Biobío solo se mencionó en los “aspecto de control interno” en el punto referido al “control de las rendiciones efectuado por la Seremi Minvu respectivo a través de planillas Excel”.
Cabe destacar que durante la mañana del 9 de noviembre, el Minvu emitió una declaración pública tras los informes presentados por la Contraloría, señalando que todas las Secretarías Regionales Ministeriales fueron notificadas al respecto.
“Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este Ministerio”, comentaron desde el Minvu.
En lo que respecta a los Gobiernos Regionales del país, si bien no se identificaron individualmente en que podrían haber cometido una falta o ausencia de procesos revisores, la CGR sí explicó, a factor común, diversos procesos a corregir.
Por ejemplo, en relación al “marco regulatorio”, el informe expone que hay “inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG”, “falta de procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos de inversión”, “ausencia de procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras”, “falta de oportunidad en la dictación del instructivo” y “falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras”.
Lo anterior a modo de gran resumen, debido a que las observaciones presentadas por la Contraloría General de la República hacia los Gores son de un total de 37.
Desde el Gore Biobío, ante los resultados expuesto por CGR, señalaron que “las iniciativas que se revisan en el Gobierno Regional, el 100% fueron autorizadas por la Contraloría General de la República”, reforzando que “todas fueron revisadas por la Contraloría General de la República”.