Penco estudia vía jurídica para impedir proyecto de gasoducto

Rechazo a la iniciativa de GNL volvió a ser reiterada por los municipios costeros de la zona.

Polémica generaron en el Biobío las dos últimas resoluciones emitidas por el Comité de Ministros tras su quinta sesión anual, donde se aprobó una reevaluación para una posible ampliación de la planta de residuos sanitarios Hidronor Copiulemu S.A., y la construcción del Terminal GNL Penco-Lirquén, un gasoducto marítimo que estaría ubicado en la Bahía de Concepción, entre Penco y Talcahuano.

Tras recibir la información, diversos actores políticos y sociales no tardaron en dar respuesta contraria a la decisión unánime de los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Energía, Minería, Economía, Agricultura y Salud.

Consultada sobre la “sorpresiva notificación”, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, señaló respecto al gasoducto que “es un proyecto que ya había sido aprobado en 2019 por la Comisión de Evaluación Ambiental, y que, por lo tanto, no es un proyecto que nos correspondió a nosotros aprobar, si no que simplemente nos corresponde instalar la mayor cantidad de medidas ambientales para que se pueda resguardar el medioambiente”.

Desde la costa

Los alcaldes de Talcahuano y Penco, comentaron a todas luces, que no están de acuerdo con dicho proyecto. El jefe comunal de Talcahuano, Henry Campos, una vez enterado de la resolución del Comité de Ministros, señaló que “resulta incomprensible y difícil de explicar la decisión que ha tomado el Gobierno de Chile, a través de su Comité de Ministros, con respecto a la aprobación de un proyecto de estas características”. “Y resulta incomprensible cuando vemos un Gobierno que se declaraba ambientalista y termina aprobando este tipo de proyectos”, dijo Campos. El timonel del puerto recalcó que la Bahía de Talcahuano hoy está limpia.

“Sufrió por años y por décadas la contaminación de la actividad industrial, pero hoy se vuelve a transformar en una zona de sacrificio para este tipo de carga y transporte”. Señaló, como ejemplos, las situaciones ocurridas en Quintero-Puchuncaví, “lo que ocurrió con investigaciones que hoy hay con el crudo iraní. Sin embargo, hoy se vuelve a poner en tela de juicio la calidad de vida de los habitantes de Talcahuano, Tomé, Penco, Lirquén, de Concepción y, por sobre todo, la calidad de vida de quienes desarrollan actividades pesqueras en la zona de la Bahía de Talcahuano”.

En esa misma línea, y asegurando sorpresa ante la noticia debido a que nunca hubo, hasta la fecha, un acercamiento formal desde el Gobierno para explicar la aprobación del proyecto del gasoducto, el alcalde (s) de Penco, Freddy Neira, explicó que “lo primero es manifestar nuestra sorpresa porque aquí se entiende que es parte del proceso del largo camino que tienen los proyectos, sobre todo aquellos que tienen ciertos cuestionamientos y observaciones tanto de la comunidad como de la observación del entorno”.

Neira recordó que en muchas conversaciones que sostuvieron desde el municipio con personeros de Gobierno, se le manifestó a la autoridad la opinión de la comunidad pencona, la “cual es totalmente en contra de la instalación del terminal gasífero por el impacto negativo que pudiese ocasionar en la fauna marina donde se va a instalar”. Recordemos que el proyecto de US$165 millones de dólares de inversión estimada, contempla la construcción de un gasoducto submarino de 2,5 km, enlazado a un gasoducto terrestre de 13 km. Complementando que las observaciones técnicas nunca dejaron conforme al gobierno local de Penco cuando el proyecto se sometió a la Resolución de Calificación Ambiental en 2019, Neira señaló que “a pesar de nuestra sorpresa, creemos que todavía hay pasos que seguir”. “Este proyecto, en particular, tiene dos presentaciones, dos recursos que están siendo debatidos en la tercera sala del Tribunal Ambiental de Valdivia. Entonces, nosotros, a partir de la notificación de la cual fuimos objetos a través de la prensa, (…) estamos haciendo todas las acciones que la normativa nos permite para poder acompañar y reforzar esos recursos que están interpuestos”, dijo el jefe comunal (s) de Penco. Además de aquello, desde la Municipalidad de Penco señalaron esperar una explicación de la autoridad nacional, debido que, como bien se dijo, hasta la fecha no hay una notificación respecto al proyecto que afecta a dicha comuna.

“No nos ha llamado ninguna autoridad de Gobierno, ningún personero de Gobierno, como para explicarnos más en detalle. Menos hemos recibido una notificación por escrito. Si no lo hemos recibido nosotros, entenderás que menos la comunidad”, agregó Neira.

“Más de lo mismo”

El diputado, Félix González (PEV), señaló que tanto el proyecto del gasoducto a instalarse en la Bahía de Talcahuano, como la retrotracción del procedimiento de evaluación para un posible emplazamiento del terreno de la planta Hidronor en Copiulemu, corresponde a “más de lo mismo”, y que un Gobierno que dice ser “ecologista”, no ha cambiado hasta ahora la estrategia estatal ante proyectos que puedan alterar ecosistemas. Sobre el gasoducto, para González se trata de una “decepción lo que está haciendo el Gobierno en materia ambiental, junto con aprobar el TPP-11”, entre otros proyectos. “Esto es una mala noticia para la Región, se aleja mucho de lo que el Presidente (Gabriel Boric) ha manifestado, por ejemplo, en Nueva York, donde habla de medioambiente, habla de crisis climática, pero no se condice con lo que hace ni a nivel legislativo, (…) y tampoco a las atribuciones que tiene el Ejecutivo en este caso con el Comité de Ministros”.

En el caso de la resolución del Comité de Ministros de retrotraer el procedimiento de evaluación de Hidronor S.A., para que el titular pueda hacerse cargo de las observaciones que le llevaron a dejar de recepcionar residuos el semestre pasado debido a que, según la autoridad sanitaria, incumplía dos artículos del Decreto Supremo 189, lo que a su vez la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Biobío, resolvió que podría impactar en el entorno natural, en especial en lo referido a la componente hídrica, González indicó que “esa es otra resolución que a nosotros nos parece simplemente más de lo mismo”.

“No hay de parte del Gobierno una arremetida en términos de los desechos domiciliarios para poder resolver bien (la crisis de la basura)”, dando como ejemplo la Ley REP “que lleva como una década aprobada y todavía no recicla nada” y un proyecto de ley del Ejecutivo que busca que las comunes “composten residuos orgánicos, no los inorgánicos”, que aún no ve la promulgación.

Continuidad de Hidronor

De acuerdo a lo resuelto por el Comité de Ministros, “el proyecto de US$9.6 millones de dólares, consiste en la continuidad operativa del relleno sanitario que actualmente es operado por la misma empresa”. “La iniciativa permitirá disponer de un volumen total final de 2.139.069 m3 de residuos domiciliarios y asimilables, buscando dar solución a la demanda en torno a la disposición final de residuos domiciliarios en la región del Biobío, específicamente para las comunas de Florida, Lota, Talcahuano, Hualpén y Cabrero”.

Sobre la Planta, el seremi de Medio Ambiente, Oscar Reicher, explicó que si bien la ampliación debe ajustarse a un nuevo reclamo del titular para una nueva evaluación y posible ampliación, lo decretado por la autoridad sanitaria, tiempo atrás, se mantiene en pie.

“En el marco de la Secretaría Ejecutiva de Residuos nosotros hicimos análisis junto a la Seremi de Salud para ver cuánta capacidad le quedaba (al relleno sanitario) (…) y la Seremi de Salud tomó una definición, el titular lo reclamó, la Seremi de Salud mantuvo su criterio en base a las mediciones que hizo y, por lo tanto, eso todavía sigue firme, y lo que tiene que hacer (el titular) es que se genere esa nueva capacidad, por ejemplo, a través de la aprobación del proyecto que ahora el Comité de Ministros ordenó retrotraer”, dijo Reicher.