Serán destinados a 21 casos de ciudadanos que hayan visto algunos de sus bienes materiales perdidos en algún atentado. La inversión será para recuperar camiones, automóviles o viviendas. De todas formas, hay críticas desde la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Desde la Delegación Presidencial del Biobío, y tras una mesa de trabajo realizada junto a Delegaciones Presidenciales Provinciales, llamado “Comité Técnico Regional” -el cual analiza diversos mecanismos de ayuda para víctimas de violencia rural-, dieron a conocer que, tras la evaluación de 21 casos, se invertirán $788.850 millones para ayudar a ciudadanos que hayan perdido algún bien en algún atentado.
En palabras de la delegada presidencial, Daniela Dresdner, “este es un Comité Técnico que sesiona al menos dos veces al año justamente para poder entregar recursos a las víctimas de violencia rural. En este caso, son los recursos entregados a través de Sercotec, y hoy analizamos 21 casos y se entregaron más de $700 millones a estas víctimas”.
Agregó que los ciudadanos beneficiados son “justamente las personas que se han visto afectadas por algún tipo de atentado a algún bien, ya sea camiones, ya sea autos o viviendas, y por lo tanto, se les retribuye a través de Sercotec”.
A pesar de la ayuda agradecida, desde la Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile señalaron que el llamado a la postulación del fondo fue muy acotado, por lo que varios afectados quedaron fuera de la ayuda estatal.
Según lo detallado por la delegada presidencial, Daniela Dresdner, los casos evaluados y a los que se les otorgó el beneficio corresponden a hechos ocurridos entre 2022 y 2023, a lo que incluyó que si bien el Gobierno está poniendo todos los esfuerzos para entregar llegar lo más rápido posible con la ayuda, sin duda, la velocidad de la respuesta estatal sigue siendo un desafío.
Sobre esto último, el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, explicó que a veces ocurren fenómenos donde una persona resulta afectada, por ejemplo, en la Provincia de Arauco, pero el ciudadano resulta ser de otra provincia o región, lo que también genera demoras en la respuesta estatal. “Cuando ocurren hechos entre una región y otra región, tenemos que mejorarlo”, dijo.
La delegada Dresdner explicó que el presente beneficio será facilitado a través de Sercotec debido a la diferenciación en la entrega de ayudas. Por ejemplo, en las Provincias de Arauco y Biobío, que es donde ocurren mayoritariamente los hechos de violencia rural, hay centros de ayuda que reciben a las víctimas y les entregan ayuda jurídica, psicológica, etc.
Además de dicha ayuda humana, “en los casos donde tienes maquinaria destruida o donde tienes algunos bienes que son destruidos, son derivados a Sercotec. Sercotec hace todo el trabajo de análisis, les pide además que generen un proyecto de cuánto va a ser la inversión en la que se va a autorizar estos recursos, algunas prefieren recuperar los bienes, otras prefieren dedicarse a otros proyectos”, dijo Dresdner.
El conducto regular para que las víctimas de violencia rural puedan acceder al beneficio estatal, consiste en que las mismas deben presentarse en los centros de apoyo a víctimas, tienen que entregar la información respecto del atentado correspondiente -lo cual se debe comprobar-, adicionalmente, hay proceso de revisión de seguros y se avanza en el proceso junto a Sercotec.
Respecto a la ayuda informada, Oclides Anríquez, director regional de Sercotec, explicó que “nosotros lo que hacemos es revisar el caso, después trabajar con las víctimas y hacer el plan de negocios. Y lo que viene ahora es ya la autorización de los casos, proceder a la compra de los equipamientos en el caso de los camiones o lo que ellos hayan pedido en su plan de negocios”.
De forma aclaratoria, Anríquez explicó que no se pretende devolver todo lo que se perdió, “el criterio siempre es que nosotros queremos reactivar la economía (de la persona), o sea, si la persona perdió mucha plata, no le vamos a devolver todo, pero sí lo suficiente para que pueda reiniciar su actividad económica”.
En ese sentido, y según explicó el director regional de Sercotec, hay un tope en el beneficio de inversión monetaria para las víctimas y corresponde a un monto máximo de $60 millones.
Por ejemplo, si un ciudadano pierde tres camiones en un atentado, y los tres cuestan $30 millones, se buscará y se podrá recuperar el mismo número de naves. En ese sentido, la ayuda “dependerá del valor del camión. Pueden ser tres camiones, pero el valor de los tres pueden ser 30 millones, entonces, vamos a tratar de recuperar ese valor”, dijo Oclides Anríquez.
Ahora bien, una de las directoras ejecutivas de la Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile, la cual tiene presencia en cinco regiones del país, Solange Etchepare, explicó que si bien es una ayuda necesaria, el llamado para postular al fondo fue muy acotado e indicó que solo beneficia a aquellos que tenían alguna pyme o rubro económico, por lo que sigue haciendo falta una ley que ampare a particulares de violencia rural.
“Esa ayuda que va a través de Sercotec, (…) no es una ayuda que va para cualquier víctima de violencia rural ni para personas que hayan perdido sus casas o sus autos, (…) es una ayuda que va única y exclusivamente para personas que tienen pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, donde el atentado que se les haya hecho, les haya hecho perder alguna parte de su patrimonio o de sus equipos de trabajo”, dijo Etchepare.
Junto a lo anterior, explicó que si a una persona “le devuelven $50 millones en equipo o maquinaria, el afectado tiene que pagar por lo menos $10 millones para pagar el IVA. Entonces, es una ayuda, sí, es verdad, pero no es una ayuda para todas las víctimas, solo para quienes tienen pymes y que estén facturando”.
La directora ejecutiva de la Fundación Víctimas del Terrorismo en Chile explicó que si bien varias personas pertenecientes a la entidad que dirige han sido y serán beneficiadas, “fue una ayuda hecha a última hora. A nosotros se nos avisó con tres días de anticipación antes que se cerrara el fondo, lo cual, digamos, a mucha gente deja afuera”, tomando en cuenta de que hay que generar el catastro y plan de negocios solicitado por Sercotec para poder postular de forma óptima.
Para Solange Etchepare, luego de acuñar de que a las personas naturales que se vean afectadas por un atentado no se les devuelve nada, explicó que la solución que ve para amparar a las víctimas en general corresponde a “una ley de compensación, una ley por la cual el Estado Chileno, que ha privado a las personas de la seguridad que la Constitución les otorga, (…) pueda compensar a esas personas o, en el caso de que fallezca, a los familiares de esas personas”.
“Eso se presentó para el Gobierno de Sebastián Piñera y no quiso darle prioridad. También se presentó en este Gobierno con Gabriel Boric y tampoco se aprobó, pero eso es lo que falta. Una ley de compensación para que las personas que han perdido todo su patrimonio, no tengan que estar buscando abogados y hacer demandas civiles para recuperar sus pérdidas”, dijo Etchepare.