Esto en el marco de la crisis de probidad institucional que ha provocado el Caso Convenios. Parlamentarios y parlamentarias de la Región expresan que la medida va en la línea correcta.
Siguiendo la ruta para fortalecer los estándares de probidad y transparencia en los organismos estatales es que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que busca crear el nuevo Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.
Abreviado como “Saig”, este nuevo servicio público vendría a actualizar el que actualmente existe: el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (Caigg). Pero, según explica la fundamentación de la iniciativa, “carece de una regulación que asegure su independencia y efectividad, ya que sigue siendo un órgano asesor”.
En ese sentido, el Saig sería liderado por un auditor general de Gobierno, quien a su vez sería asesorado por el Consejo Consultivo de Auditoría Interna que estaría compuesto por tres integrantes elegidos por el Presidente de la República, y que tendrían como principal objetivo, asesorar y fiscalizar el correcto desempeño estatal para con los recursos públicos.
Para el diputado, Eric Aedo (DC), y tras los síntomas que ha dejado el Caso Convenios en variados servicios públicos, la medida es “necesaria para controlar el buen uso de los recursos públicos”.
“Lo que ha pasado este año con el Caso Fundaciones obliga a tomar medidas de mayor control para evitar que la corrupción avance”, agregó.
En esa misma línea, la diputada comunista, María Candelaria Acevedo, sinceró que espera que, de aprobarse la creación de este nuevo servicio público, pueda elevar los estándares de probidad estatales.
“De partida, cualquier iniciativa que pueda mejorar el control del gasto público me parece positivo, y es algo que el comité del PC-Frvs-AH e independientes, apoyaremos en general. (…) Hemos tenido un año complejo con distintos casos en donde la probidad ha quedado muy entredicha, (…) entonces espero que este proyecto, como otros que son parte de la agenda de probidad que presentó el Gobierno del Presidente Boric, logren su cometido”, dijo Acevedo.
Apropósito de la Ley de Presupuestos 2024, presentada por el Ejecutivo y que dentro de los próximos días comenzará a ser discutida en el seno del Congreso Nacional, la diputada Marlene Pérez (Indep-UDI), indicó que “veo con esperanza la creación de este nuevo servicio, que busca abordar una de nuestras principales preocupaciones: el buen uso de los recursos públicos”.
“Con la asignación de mayores recursos, responsabilidades y personal, esperamos que este ente cumpla de manera efectiva con la ley y asegure la correcta implementación y ejecución de las políticas”, señaló Pérez.
Como bien se explicó, de aprobarse la creación del Saig -Boletín 16316-05-, este estaría liderado por un(a) auditor general de Gobierno, quien estaría encargado de la dirección, organización y administración del servicio, y sería elegido de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública.
En tanto, el Consejo Consultivo de Auditoría Interna, que tendría como función asesorar al director del Saig, de aprobarse la iniciativa, serán elegidos por el Presidente de la República en ejercicio, en base a una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Sobre el consejo expuesto, surge la duda de si al ser escogidos por el Jefe de Estado, esto podría significar, en el curso de su ejercicio, roces por posibles conflictos de interés.
Al respecto, la diputada, Joanna Pérez (Demócratas), indicó que “me parece bien que se proponga algo que vaya como política de Estado y no de un Gobierno de turno, por lo mismo, creo que hay revisar la forma del nombramiento”.
A lo anterior, incluyó que “es revisable cómo se estarían nombrando las autoridades. Puede nombrarse por el Congreso Nacional o una mixtura, porque, además, estas superan los cinco años, entonces, supera a un Gobierno”.
Además, la diputada de Demócratas agregó que, a su juicio, “cada servicio debe habilitar auditorías internas y fortalecer el control en cada una de las reparticiones públicas”, sin dejar entrever que la discusión de la iniciativa de La Moneda “involucra desarrollar una ley que puede demorar en el Congreso, porque no es una ley sencilla, (…) y nosotros necesitamos también hoy hacernos cargo de la urgencia en materia de auditoría, control y seguimiento”.
Según su fundamentación, el proyecto de ley busca la creación de este nuevo servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, y cuyo objetivo será colaborar para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos y elevar los estándares de fiscalización al uso de recursos públicos y la probidad en los órganos gubernamentales.
Actualmente, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, tiene dentro de sus funciones el asesorar, sugerir, recomendar y proponer diversos aspectos relacionados con la auditoría interna gubernamental, funciones que, para La Moneda, en virtud de todos los hechos están siendo investigados por corrupción, se quedan cortos en su practicidad.
En ese sentido, el Saig, además de reconocer lo que hasta ahora ha efectuado el Craigg, se le incorporarán nuevas facultades como, primero, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y auditoría que realizan los auditores institucionales.
Segundo, se le facultará para realizar auditorías directamente a requerimiento del o la Presidente de la República en tiempo de mandato -cabe destacar que este nuevo servicio busca consagrarse en el tiempo y no solo funcionar para la administración actual-.
Y, en tercer lugar, el Saig podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de la Administración del Estado y pedir toda la información, como también documentos necesarios, para el examen de las situaciones comprendidas dentro de sus competencias.