Las visiones son contrarias, algunos parlamentarios aprueban suprimir la “legítima defensa privilegiada”, otros señalan que es un error. Ahora el Congreso debe analizar la propuesta de La Moneda y votar de nuevo el proyecto.
Tras un mes desde que el Congreso Nacional despachara la polémica “Ley de Usurpaciones”, el Gobierno finalmente ingresó el veto presidencial que elimina no sólo la “legítima defensa privilegiada”, sino que también incorporó, donde se incluye la supresión anterior, 14 modificaciones al proyecto: 10 de fondo y cuatro formales, según dijo la ministra de Interior, Carolina Tohá.
Y, como era de esperarse, la acción de La Moneda ha dado que hablar, principalmente, porque se suponía que el veto solo buscaría eliminar aquella norma transitoria que, a juicio de La Moneda, permitiría la autotutela de ciudadanos, habilitando la opción legal para desalojos incluso a mano armada.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, las reconfiguraciones de la ley son diversas y sustantivas.
A pesar de la incertidumbre de algunos congresistas sobre el accionar que tomaría el Gobierno respecto a la ley que endurece las sanciones para quienes efectúen ocupaciones ilegales, el veto no fue completo, sino que tomó las características de veto aditivo, sustitutivo y supresivo.
De tal forma, además vetar la “legítima defensa privilegiada”, el veto también modificó y propone, entre variados artículos, una forma escalonada de sanciones según la gravedad de las tomas; aún así, mantuvo en todas ellas la posibilidad de que los usurpadores arriesguen penas de cárcel.
Por ejemplo, una de las modificaciones que generó opiniones dividas entre fuerzas políticas dice relación con las penas o multas para quienes realicen tomas ilegales sin violencia, pero dañando las cosas (objetos dentro del terreno).
Habría presidio menor en su grado medio para quienes realicen daños que superen las 40 UTM (2 millones 538 mil pesos); presidio menor en su grado mínimo a medio, si el daño excede las 4 UTM ($253 mil pesos) y no supera las 40; y presidio menor en su grado mínimo, si el daño causado no supera las 4 UTM ni baja de 1 UTM ($63 mil pesos), según sea el caso.
Cabe destacar que en dichos escenarios donde “no hay violencia”, pero sí daño a las cosas, las penas pueden ir de las multas a los presidios anteriormente expuestos, decisión que quedaría a juicio del juez que tome las causas según dijo la ministra de Interior.
Otra modificación que llamó la atención e instantánea respuesta de los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), y del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), es la que refiere a donde no hay violencia, intimidación ni daño en las cosas, la “usurpación pacífica”, según la ministra Tohá.
En aquel caso el juez podría sancionar con multas de 6 a 10 UTM ($378 mil a $630 mil pesos) o presidio menor en su grado mínimo (61 a 301 días de cárcel). Para ambos presidentes de las cámaras legislativas, no hay usurpaciones pacíficas.
De todas formas, para aquellas ocupaciones ilegales que se realicen con violencia o intimidación de los propietarios, se mantiene el presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años).
Ante todo, el veto presidencial dispone igualmente que “la policía siempre estará facultada para detener al imputado que estuviere cometiendo alguno de los delitos de ocupación” descritos anteriormente.
Como se explicó, al no ser un veto presidencial completo, sino que, fraccionado en tres aristas, el proyecto de ley vuelve a su discusión en el seno del Congreso Nacional y, en primera instancia, al Senado, por ser este su Cámara de origen.
Al respecto, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) fue categórico al señalar que “el veto del Presidente Boric, anunciado a la Ley de Usurpaciones, es una nueva demostración del Presidente que demuestra que prefiere mantener las buenas relaciones con el Partido Comunista, el Frente Amplio y los grupos radicales y terroristas como la CAM”, añadiendo que “es una pésima señal que el Presidente y su Gobierno busquen eliminar la legítima defensa privilegiada de las víctimas”.
En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS) indicó que “la discrepancia que tenemos es en el uso privilegiado de la fuerza por parte de privados, eso exime, a nuestro entender, una facultad que establece el Estado de Derecho, por tanto, la Constitución (…) Se trata entonces que el uso de la fuerza sea racional y por parte de la institucionalidad pública”.
Lo anterior, son indicios de cómo se enfrascará la discusión en el Senado. En lo que respecta a la Cámara Baja, la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), se mostró a favor de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, enfatizando en lo positivo de generar la distinción entre usurpaciones violentas y no violentas.
A ello, fue enfática en hacer un llamado a “la derecha a que deje su sesgo y su discurso arcaico de lado. Nadie pretende ir a una toma por voluntad propia, las condiciones que allí se viven son impropias, y, por lo tanto, es una decisión extrema a la que se ven empujados miles de compatriotas”.
De tal forma, como se visualiza el panorama en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputadas y Diputados la discusión tendrá un tono similar.
La diputada Karen Medina (PDG), tras la presentación del veto, explicó que “como representante de la Macrozona Sur nunca estuve de acuerdo con el veto, (…) pero lamentablemente, es una facultad que tiene el Presidente y que hoy la ocupo a presión del Partido Comunista. Valoró tremendamente que no la haya vetado completa y que hayamos vuelto a ‘foja cero’, porque nuestra gente, la realidad de nuestro sur, hoy necesita tener reglas claras y tipificar esto (la usurpación) ya no como una falta, sino como un delito y eso lo mantiene la ley”.
De tal manera, ahora cabe esperar cómo se llevará acabo la discusión en ambas Cámaras y, en efecto, su votación.